En 2017 publicaba uno de mis primeros textos en este mismo espacio sobre Airbnb en Ciudad de México, cuando aún parecía un fenómeno incipiente, pero con un sostenido crecimiento en ciertas zonas de la capital, lo cual se entrelazaría con otros fenómenos: la inversión pública de mejoramiento urbano en zonas específicas de la ciudad, el crecimiento de la red de Metrobús, la consolidación del sistema de bici pública, la red de ciclovías y, claro, una pandemia de por medio con el fortalecimiento del trabajo remoto, un mercado de trabajo irregular e informal incluso para las clases medias jóvenes y normas permisivas para la producción de vivienda sin una regulación eficiente del suelo.

Todo esto para poner sobre la mesa lo que es evidente, pero no para todas es claro: el fenómeno es complejo. Es complejo porque Airbnb, como actor, no es más que un potenciador de las dinámicas existentes del fenómeno de financiarización de la vivienda ya bien consolidado en nuestra ciudad y otras del planeta. Es decir, Airbnb es otro síntoma de un problema mayor.

Entonces, ya que llegaron a esta línea donde no dije nada nuevo, ni nada que no hayan visto ya en redes sociales, declaraciones en medios, etc., en medio de este caos voy a aprovechar este espacio de coyuntura para hablar del alquiler en la Ciudad de México.

Desde el 2000, ya con el sistema democrático recién estrenadito en la ciudad, la vivienda en alquiler ha ido en aumento, con un despunte importante en los últimos diez años, en medio de políticas de propietarización a través de créditos otorgados principalmente fuera de la ciudad, pero también con la promoción de creación de vivienda en lo que se denomina ciudad central para, en teoría, aumentar la producción de vivienda asequible en las áreas que ya contaban con equipamiento e infraestructura para albergar mayor población. Lo paradójico de esto último es que la vivienda se hizo cada vez más inasequible, especialmente en estas áreas, y el alquiler comenzó a ser la única opción para quienes querían habitar la centralidad.

De acuerdo con datos del Censo de 2020 del INEGI, la cuarta parte de las viviendas de esta ciudad son habitadas en renta y este dato puede estar subrepresentado porque la respuesta “Prestada” aparece como variable distinta, pero que se trata de una afirmación que muchas veces refiere a otras formas de arrendamiento, algo de lo que el Dr. Coulomb ya nos daba pistas.

El alquiler se localiza predominantemente en las áreas centrales donde Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo concentran más del 30% del alquiler de toda la capital, dato que va en aumento, junto con el propio costo del metro cuadrado de vivienda. No es casualidad que la fluctuación del costo de vivienda sea más cambiante en las zonas de alquiler, porque al tener mayor movilidad de residentes y flexibilidad para adaptarse a las condiciones del mercado (especialmente por la desregulación= los ajustes de costo tenderán a la alta. En el caso de la Ciudad de México, el Código Civil, el único instrumento regulatorio, establece que el aumento anual del alquiler no podrá ser mayor al 10% de la renta mensual. Sin embargo, si el contrato termina, el arrendador podrá ajustar el costo sin ninguna restricción, más que la del mercado mismo, a los nuevos inquilinos.

Airbnb entra en esta red de acciones y omisiones del gobierno, así como de la promoción, por parte de organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, de dos cosas importantes: la promoción de la industria creativa (economía naranja) y el arropamiento de las plataformas del sharing economy, de la que también he hablado aquí, que, aunque en el discurso parezcan etéreos porque se alimentan del auge tecnológico y de la producción digital y nubizada, tienen un importante anclaje territorial que no podemos ni debemos obviar: los lugares y las personas que los acogen.

Es así que, aunque nos hablen de las bondades de la economía colaborativa y de la economía naranja, también es importante reconocer el impacto que estos modelos pueden tener y de hecho tienen en los lugares. Por ejemplo, está San Francisco como nodo de industria creativa, pero con un crecimiento importante de personas con trabajo, pero sin casa por el alto costo del alquiler o Barcelona con los conflictos de habitabilidad entre el turismo y los habitantes.

En la CDMX la concentración de la vivienda en alquiler está en las alcaldías centrales de la ciudad donde, no por casualidad, también se concentra la oferta de renta de plataformas de corta estancia (no sólo Airbnb). No podemos ser ingenuas al pensar que no hay correlación entre uno y otro fenómeno, pues es claro que la vivienda en renta tradicional compite, y en condiciones muy desiguales, con la renta de corta estancia que a ojos de arrendadores es más segura y rentable.

Elaboración propia con información de Cuestionario ampliado, INEGI 2020 e Inside Airbnb, septiembre de 2022.

Pero entonces, ¿frenar la propuesta de alianza de Airbnb resolverá los problemas de vivienda, en especial los del alquiler en la Ciudad de México? Por supuesto que no, pero el reclamo no deja de ser legítimo y necesario, y abre el espacio que se ha estado buscando y que sistemáticamente han querido ignorar las autoridades, para comenzar a armar una agenda sobre la regulación del alquiler que necesita la ciudad. Esta es la primera llamada.

Algunos puntos importantes sobre la alianza Airbnb – CDMX:

• Airbnb por sí mismo no es EL problema, sino el sistema y modelo que arropa su llegada sin entender y atender las problemáticas existentes y futuras de los lugares donde se inserta (vivienda, habitabilidad, acceso a infraestructura y equipamiento, etc.).
• Las personas inquilinas son y serán las más afectadas, pero no las únicas, si no se adoptan medidas que regulen las condiciones en las que este sistema (y otros similares) funcionan.
• Es necesario entender a detalle la propuesta para poder establecer medidas justas: la renta de corta estancia tiene varios propósitos desde el turismo hasta arropar al nomadismo digital, pero estos dos no tienen el mismo impacto en el territorio.
• El gobierno de la ciudad tiene la facultad, a través del Instituto de Planeación, de monitorear y gestionar la producción de información para evaluar los impactos y los beneficios de programas y políticas públicas, por lo que es posible dar seguimiento a su propuesta a través de los mecanismos de transparencia que se establecen en la Constitución de la ciudad.
• La producción de “vivienda” para el servicio de corta estancia impacta también en el diseño arquitectónico de los espacios que están supeditados a formas de uso no necesariamente cotidianas y es algo que también valdría la pena poner sobre la mesa.
• El acuerdo expuesto planea abrir otros espacios con potencial turístico fuera de las zonas que aquí he mencionado; en este sentido, es importante que la población residente tenga conocimiento y toma de decisión sobre esto y que se puedan establecer medidas de evaluación, seguimiento y control adecuadas para evitar procesos de expulsión.