por Alejandro Hernández | @otrootroblog + Fernanda Canales | @fernandacanale + Eduardo Cadaval | @ecadavaln

En México se deberán construir en los próximos 12 años cerca de 18 millones de viviendas, además de escuelas, hospitales, carreteras y toda la infraestructura de soporte. ¿Quiénes planearán y construirán estas obras? ¿Qué beneficios tendría hacerlo bien? ¿Cuáles las repercusiones de hacerlo mal? El potencial de la obra pública como detonador de urbanidad ha transformado ciudades y sociedades. Sitios como Medellín y Bogotá cambiaron tanto su fisonomía como su historia al vincular arquitectura -como bibliotecas de barrio, escuelas y guarderías- con infraestructura de transporte colectivo y espacio público. Entender la continuidad entre la casa, la banqueta, la calle y el parque transformó la vida de miles de personas.

Durante los últimos 50 años las ciudades de México han crecido sin planeación. Tampoco existe una democratización ni transparencia en la asignación de los proyectos públicos. El acceso a proyectos a través de concursos abiertos no es un problema de arquitectura, sino de cultura democrática, de igualdad de oportunidades laborales y de lucha contra la corrupción. Un concurso favorece el surgimiento de nuevas ideas y ofrece múltiples soluciones a un mismo problema. Más que concursos monumentales, quizá los que necesitamos son aquellos de nivel básico, desde el centro deportivo de un pequeño pueblo a la clínica regional o la nueva guardería. En uno de los países con más escuelas de arquitectura en el mundo -más de 100- y con uno de los mayores índices de construcciones informales y de falta de credibilidad institucional, los concursos también pueden ayudar a mejorar la calidad de la educación al abrir oportunidades para que tanto alumnos como profesores se enfrenten a problemas concretos donde la arquitectura podría volverse algo más útil.

En los años cincuenta, para la creación de Ciudad Universitaria, hubo un concurso interno y más de 100 arquitectos participaron en el proyecto. En los años noventa, para el Centro Nacional de las Artes, el concurso fue por invitación y sólo participaron ocho grupos. La construcción de nuestras ciudades, de nuestras casas, escuelas, hospitales y calles no puede seguir dependiendo de las decisiones del gobernante o administrador en turno. Se requiere de una ley que obligue a que haya concursos de proyectos para cualquier tipo de obra pública, algunos abiertos y otros por invitación, algunos locales, otros regionales, unos nacionales e incluso, los menos, internacionales. Con una normatividad clara tanto para convocar los concursos como para seleccionar al jurado.

¿Vamos a confiar en que las instituciones funcionen sin una participación enérgica y colectiva? ¿Seguiremos esperando a que los legisladores vislumbren la necesidad de dicha ley o, movilizándonos, seremos capaces de proponerla? Se requieren poco más de un millón 300 mil firmas para que una iniciativa ciudadana llegue al poder legislativo, ¿cuántos estudiantes de arquitectura y arquitectos somos en el país? ¿Cuántos queremos un juego con reglas claras en el que todos podamos participar? ¿Cuántos ciudadanos querrán sumarse y saber a quién pueden exigir mejores servicios? Los ciudadanos son los que pagan las obras que muy pocos eligen y reparten. Es su dinero el que se gasta pero no sus espacios los que se construyen. Es tiempo de buscar otras formas de hacer arquitectura.