Hace unas semanas sucedió algo que pasó casi por completo desapercibido. Algunos medios recogieron la información de la exclusiva pero con los días se fue desvaneciendo. Lo cierto es que la detención del ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez, vinculado con lo que medios y opinión pública denominan cártel inmobiliario, es probablemente la punta de lanza de otros delitos inmobiliarios en la capital mexicana y que ni la monumentalidad que produce nos permite visualizarla claramente. 

Retrocedamos un poco. Hace un par de semanas se anunció la vinculación de Luis Vizcaino, exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez, como parte de un proceso de investigación donde es imputado por el delito de enriquecimiento ilícito y extorsión durante su etapa como funcionario público en la alcaldía Benito Juárez.

El video de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México[1] (FGJ-CDMX) presentó información sobre la detención del funcionario donde se detalló las razones de la orden de aprehensión entre las que resaltan la realización de desalojos violentos, compras de inmuebles a costos muy por debajo del precio de mercado y cobro por permisos de construcción en el margen de la norma. Este último es donde nos vamos a detener un poco. 

Algunas de las dinámicas de operación del denominado cártel inmobiliario es el cambio de norma para permitir un mayor número de niveles construidos o modificar el uso de suelo por uno más rentable (habitacional a mixto, por ejemplo) lo que permite más metros cuadrados construidos y usos más rentables y por tanto mayores ganancias en el mercado inmobiliario.

En la detención de Vizcaíno se declaró que son investigados múltiples inmuebles que aparentemente fueron entregados al funcionario como contraprestación por otorgar permisos de construcción irregulares (Zamarrón, 2022). Es decir, el pago por violar normas de construcción fueron departamentos que, en algunos de los casos, son hoy viviendas en alquiler. 

Pero, ¿cómo esto afecta a la ciudad?

Si la vivienda en renta y venta en áreas centrales es ya en sí misma costosa por sus condiciones de equipamiento, vías de acceso y localización, así como por la falta de un sistema gestión de las plusvalías que genera la propia ciudad; la corrupción, bajo este sistema, lo que logra es ahondar más este problema, porque no es la ciudad, ni el propio mercado institucionalizado, quienes capturan el valor generado del suelo bien ubicado a través de la vivienda, sino que la redistribución del valor es incluso menor lo que incentiva su encarecimiento. 

Pero no sólo eso, también la discrecionalidad del cambio del potencial de edificabilidad (más metros cuadrados construidos) impacta directamente en la capacidad que tiene el suelo que, aunque pareciera que el límite de edificación en altura es el cielo, sabemos que las condiciones de su capacidad están dadas por la infraestructura y equipamiento existente en la ciudad. Sistemas de corrupción como el del cártel inmobiliario provocan más habitantes, más autos, más consumo de servicios sin que este aumento esté sustentado en la capacidad que tiene la ciudad para abastecer y mantener tales requerimientos y que en el mediano y largo plazo, pueden verse seriamente afectados. 

A lo anterior se suma la, ya de por sí disminuida, credibilidad a los gobiernos de que es posible densificar de manera armoniosa y equilibrada para aprovechar mejor las condiciones de las centralidades urbanas. Es decir, estas condiciones son un excelente caldo de cultivo para el nymbismo, que en escenarios donde se requiere la aprobación de la opinión pública para programas de construcción de vivienda, por ejemplo, las y los vecinos estarán predispuestos a la negativa por la experiencia de la corrupción.

Al impacto a nivel general en la ciudad, a la credibilidad, se agrega el impacto directo a las viviendas resultado del sistema de corrupción y es que como la vivienda en alquiler permite cierta -llamémosle- flexibilidad, se convierte en moneda de cambio para mantener ingresos de un bien que ha sido movilizado por la corrupción, pues si se requiere una modificación basta con sacar a los inquilinos y establecer otro mecanismo para que ese bien continue con su objetivo (aumentar su valor), incluso si este está vacío.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, expresó en una entrevista que resultado de las investigaciones algunos de los inmubles (que hoy están habitados en alquiler) podrían ser recuperados para la ciudad, aunque no manifestó el destino de estas construcciones (Lara, 2022), ¿podrían colocarse como viviendas en renta asequible? 

El cártel inmobiliario, desde una visión crítica, no recae en un partido político o grupo específico, sino en un modelo que hace permisible negociar con la plusvalía que genera la ciudad y que esta última no es capaz de recuperar y redistribuir de manera equilibrada para ser aprovechada por todas las personas habitantes de la ciudad. Bajo este modelo quien pierde es la ciudad.  

Notas:

1. El video que había subido la Fiscalía de la Ciudad de México fue retirado del canal oficial de Youtube de la institución pública. 

Trabajos citados

Lara, U. (4 de agosto de 2022). Se investigan las empresas fachada que usó el “Cártel Inmobiliario”: Vocero Fiscalía capitalina. (A. Páez, Entrevistador)

Zamarrón, I. (3 de agosto de 2022). uis Vizcaíno, ligado al cártel inmobiliario de Benito Juárez, es socio de una constructora. Obtenido de Forbes: https://www.forbes.com.mx/luis-vizcaino-ligado-al-cartel-inmobiliario-de-benito-juarez-es-socio-de-una-constructora/