En su libro El desvanecimiento de lo popular. Gentrificación en el Centro Histórico de la Ciudad de México (El Colegio de México, 2021), el antropólogo Vicente Moctezuma Mendoza identifica qué actores iniciaron la llamada “renovación” del primer cuadro de la capital. A decir del autor, dicho proceso inició en 2001 con la fundación del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México y, hasta ahora, se ha mantenido con cierta constancia gracias a la alianza entre el Estado y el capital privado. Moctezuma Mendoza describe los lineamientos que fundamentan este rescate de la siguiente manera: “Dicho proyecto busca la preservación y conservación de los valores patrimoniales del espacio; el fortalecimiento de actividades turísticas y recreativas; el impulso de usos comerciales y residenciales del entorno; y el fomento de la inversión privada”. Y aquí surgen los cuestionamientos, ya que todos los engranes que se pusieron en marcha para la iniciativa hablan continuamente del abandono en el que se encuentra la zona. Pero, ¿nadie vivía antes ahí? ¿No existían economías que le imprimían un movimiento intenso a las calles del Centro Histórico? ¿Por qué el patrimonio y las actividades culturales son indicadores de que una ciudad es rescatada, mientras que se establecen relaciones asimétricas con residentes y comerciantes de ciertos estratos socioeconómicos, a quienes les resulta más que difícil permanecer en el mismo sitio?

El objetivo de la propuesta del autor es describir una serie de tensiones que construyen la ciudad; las cuales, generalmente, están dadas entre lo público y lo privado. Las tensiones entre lo público y lo privado van más allá de una dicotomía en la construcción discursiva y material de una colectividad, ya que describen políticas, legislaciones, acuerdos y normativas que inciden de manera contundente en los espacios, como lo señala el filósofo Jacques Ranciére en El tiempo de la igualdad. En este libro, Ranciére plantea que en el fondo, en el ámbito de la política todo se decide a partir de cuestiones relacionadas con la distribución del espacio. ¿Qué son esos lugares?, ¿cómo funcionan?, ¿por qué están ahí?, ¿cómo funcionan?, ¿por qué están ahí?, ¿quién puede ocuparlos?, ¿quién hace qué? Por tanto, en este sentido, la acción política siempre se articula, para mí, en lo social, en el sentido de una distribución litigosa de los lugares y de los papeles que desempeñan.

Los significados que se activan sobre los sitios que habitamos son gestionados, usualmente, por quienes detentan el poder. Ante este panorama, ¿qué significa la vivienda para quienes asignan funciones a los espacios? ¿Cómo se inserta en un flujo de economías que no necesariamente tienen que ver con el sitio donde se vive, sobre todo cuando se emprenden rescates para que sean otros quienes se apropien de la ciudad y comiencen a gestionarla a costa de quienes ya se encontraban ahí?

“Los trabajadores remotos tienen mucho que aportar a la Ciudad de México y por esto esta alianza es tan importante”, dijo Diana Alarcón, coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México. “Con Airbnb, mejoraremos las opciones que la ciudad ofrece. Esta es una oportunidad para demostrar que la ciudad se adapta e innova frente a los escenarios adversos como la pandemia”. Estas declaraciones se dieron en la celebración de un acuerdo colaborativo entre Airbnb y la UNESCO, “a fin de impulsar a la Ciudad de México como un centro turístico digital, atractivo para las personas extranjeras que buscan permanecer conectadas mientras laboran vía remota”, según reporta el sitio de noticias Newsweek. A pesar de que hay consenso en que las residencias de corta estancia, a fin de cuentas, aumentan el costo de alquiler y de servicios en general para quienes no están de paso en las ciudades o quienes migran por necesidades laborales y  a pesar de que existen diversos indicadores de que el incremento de edificios destinados al turismo se encuentra directamente relacionado con las expulsiones de ciudadanos que hayan mantenido sus sitios de residencia por tiempos prolongados, la actual gestión —que se presenta a sí misma como cultivadora y defensora de derechos—, decidió privilegiar una de las prácticas más destructivas para las colectividades urbanas.

Sin embargo, considero que, además de las explicaciones, sumamente útiles, que puedan tener los análisis cuantitativos respecto al fenómeno y cómo impactará en la Ciudad de México, conviene elaborar algunos apuntes sobre aquellos que están legitimados “para hablar de lo que es ese lugar, de lo que ahí se hace”, como menciona Ranciére. Asimismo, vale la pena puntualizar algunos aspectos contextuales sobre el sitio donde se implementó esta política que, más que una postura gubernamental que señale nuevas vías en la construcción de la ciudad, en realidad se trata de la culminación de aquello que quedó definido cuando se habló de “rescatar” al centro. 

¿Qué implicaciones tiene asignarle valores como “innovación” y “aporte” al arribo de un sector calificado de “nómada”, y quiénes redistribuyen políticamente los espacios que ocupan? Podemos empezar señalando una distinción entre migrantes: entre aquellos que supuestamente impactan de manera positiva en la economía de la ciudad y quienes son forzados a trasladarse a los centros urbanos por condiciones adversas, diferenciación que también puede leerse en un contexto nacional. Si México, como menciona Francisco Serratos, es uno de los lugares “más peligrosos del mundo para migrantes”, particularmente centroamericanos, la Ciudad de México se presenta como un oasis dispuesto a recibir a migrantes del norte y con poder adquisitivo. Estos aspectos no pueden equipararse en el nivel de sus violencias. Sin embargo, podemos identificar las asimetrías entre quiénes pueden ingresar al país y a las ciudades. Asimismo, ¿para quiénes se adapta la ciudad después de la pandemia? Como indica Jesús Carrillo en el artículo “El mercado laboral: una recuperación incompleta y desigual”, se apunta hacia una recuperación de la crisis económica, aunque ésta será lenta ya que todavía “hay terreno que cubrir para que a situación de las personas trabajadoras alcance a la que tenían antes de la pandemia”. A este panorama, se tiene que contemplar quiénes tuvieron que dejar sus viviendas ante el incremento de contagios y de desempleo, sin tener posibilidades a corto plazo de volver a lo que antes era sus residencias y sus sitios de trabajo. Esta circunstancia es muy distinta para quienes tienen el privilegio de trabajar desde una computadora a cualquier lugar del mundo, viviendo en zonas bien equipadas y servidas de cualquier ciudad. No son ciudadanos, ni migrantes, ni turistas (ya que pueden vivir hasta por más de un año en el centro urbano de su elección) y, por ende, no pueden resentir los efectos económicos y políticos del país al que llegan. 

Ahora bien, ¿por qué se dan los desplazamientos? Hablar de esta consecuencia implica situarla: no todos los habitantes urbanos ven modificados los sitios donde desarrollan su vida. Como demuestra Moctezuma Mendoza, los estratos populares son, específicamente, quienes tienen que abandonar la ciudad que también les pertenece. Quienes hablan de rescate ante el abandono o de estimular la economía ante su falta de actividad, no contemplan a la población que no responde a la forma en la que el poder asigna significados a los espacios. En las dinámicas urbanas, lo público y lo privado se interrelacionan de tal manera que los lugares que son entregados a la inversión privada significan que la calle y la vivienda tenga una accesibilidad diferenciada. El ejemplo que pone Moctezuma Mendoza es el del comercio: “Las actividades comerciales no se contienen en los espacios acondicionados en los edificios, se desarrollan también ‘afuera’, extendiéndose por banquetas y calles, por plazas y andadores”. Contener el comercio bajo las cuatro paredes de un establecimiento formal implica que el ambulantaje desaparezca de las zonas medulares del Centro Histórico. Asimismo, modificar las actividades callejeras también pone en crisis formas de la vivienda que no se ajustan a aquellos modelos de “rescate” o “innovación”. No siempre los conjuntos habitacionales representan inversiones, y no siempre quienes los habitan son inversores potenciales. El tránsito de una residencia que posibilita que los estratos populares puedan vivir en las zonas centrales de la ciudad hacia su transformación en un bien capital tiene consecuencias claras: la gente es desplazada. 

Rosalba González Loyde, en su texto “Primera llamada: Airbnb frente a la vivienda de alquiler” mencionaba que “AirBnb por sí mismo no es el problema, sino el sistema y modelo que arropa su llegada sin entender y atender las problemáticas existentes y futuras de los lugares donde se inserta”. Ciertamente, existe un entramado de actores, legislaciones y normativas que le dan un nuevo orden espacial a las dinámicas urbanas. Sin embargo, me gustaría añadir un cuestionamiento: ¿el sistema no reconoce qué es lo que está legislando? Desde 2001 dieron inicio una serie de acciones que, paulatinamente, han ido implementando políticas que culminan en alianzas entre un gobierno y una firma tan problemática como lo es Airbnb. A esto, hay que añadir que para gestionar los espacios es necesaria una diversidad de instituciones y de prácticas que, en el caso del Centro Histórico, han incluido fideicomisos, editoriales (como lo fue la revista Km Cero), desarrolladores y arquitectos. Moctezuma Mendoza recoge las palabras de un arquitecto quien, en un seminario organizado por la UNAM, hablaba del deterioro del Centro Histórico. Entre las problemáticas que señaló, fue que la Ley de las Rentas Congeladas, la cual “se hizo en el momento pensando en defender a la población de menos recursos —pero luego que nadie se atreve a ponerle un cascabel al gato— [hizo que] “las fincas se fueran debilitando, porque el propietario no les metía un peso”. En este “proceso de degradación, [la renta] se fue volviendo una cantidad insignificante que no daba para mantenerlas y entonces se fueron abandonando y deteriorando”. Moctezuma Mendoza contrasta estas ideas con el hecho de que aquel abandono es empíricamente falso, ya que “el Centro de la Ciudad de México se conformó como un espacio habitacional popular” para una población que fue “constantemente expulsada por la reconversión de las propiedades a actividades más rentables”. Como lo es Airbnb. Sabemos cuánta responsabilidad recae en la actual gestión, y debemos saber en qué grado seguirán implicadas las otras partes que conforman el sistema de aquellos que tienen el poder para decidir la distribución del espacio.