La Madre Tierra nos recordó una vez más a los mexicanos que nuestro país se considera una zona de alto riesgo sísmico por ubicarse en una región conocida como el Cinturón de Fuego, y que en el territorio interactúan cinco placas tectónicas que generan importante actividad sísmica. Concretamente, la Ciudad de México se encuentra dentro en la zona sísmica B, que corresponde a zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente, se trata de zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. Sin embargo, particularmente, la Ciudad de México se trata como región sísmica micro zonificada por tener distintas condiciones de suelo, desde lago hasta roca, lo que ocasiona diferentes amplificaciones de las ondas sísmicas. 

La mañana del 23 de la ciudad de México volvió a ser sacudida por un sismo. Con una magnitud Mw7.5 proveniente de las Costas de Oaxaca, México, a casi 420 km de la ciudad, fue alertado con suficiente tiempo por el  Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) e inevitablemente se recordaron aquellos dos importantes terremotos que dañaron fuertemente a la Ciudad de México, el 19 de septiembre 1985 —de magnitud 8.1 y ocurrido a casi 300 km de la ciudad— y, el mismo día 32 años más tarde, con unas horas de diferencia, el sismo de 2017 —magnitud 7.1, a casi 100 km. Éstos dos terremotos demostraron que algunas de las edificaciones más vulnerables fueron los edificios de vivienda colectiva. En la Ciudad de México habita alrededor del 7% de la población total de la República Mexicana, casi 9 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 30% reside en una vivienda multifamiliar. Aunado a eso, los edificios de vivienda colectiva en la Ciudad de México aumentan su vulnerabilidad si se considera la falta de cultura de prevención ante desastres naturales, el  escaso mantenimiento de los edificios existentes, la modificación a los edificios de vivienda sin adecuada supervisión y permisos, la poca socialización de la información a los habitantes de la ciudad sobre este fenómeno, la nula actuación de protocolos sísmicos, el no cumplimiento estricto del reglamento de construcciones y su vigencia y el uso de suelo en zonas no aptas para vivienda.

Pese a lo anterior, al terminar el movimiento de suelo del pasado 23 de junio se observó que no se produjeron daños importantes en la Ciudad de México a pesar de haber tenido una mayor magnitud con respecto al sismo de 2017. Muchos podrían preguntarse por qué su vivienda resistió un sismo de mayor magnitud y si resistiría de igual manera otro de diferente magnitud. 

Tras el sismo del 19 de septiembre de 1985, el Instituto de Ingeniería de la UNAM publicó el estudio titulado: “Evaluación de los efectos de los sismos de septiembre de 1985 en los edificios de la CDMX”, realizado por el experto en ingeniería estructural y diseño sísmico de las estructuras Roberto Meli Piralla. Incluía un levantamiento de los edificios de la Ciudad de México, con las estadísticas de los daños derivados del sismo y sus causas. Después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, bajo la tutoría del doctor en ingeniería Miguel Ángel Jaimes Téllez, durante la estancia de investigación que realicé en el IIUNAM en el periodo comprendido de agosto de 2018 a marzo de 2020, se extrajo de esa publicación una muestra de edificios de vivienda multifamiliar que reportaron después del sismo de 1985 daños menores (este nivel de daño incluye fisuras en la estructura, muros o tabiques y daños locales no significativos en columnas y vigas, es decir, la estructura está clasificada como segura para sus habitantes y alrededores), con la finalidad de conocer cómo se comportaron ante el gran sismo de 2017. La finalidad de esta comparación fue analizar las dudas que se generan y difunden entre la población después de eventos de gran magnitud, como los de 1985, 2017 y éste del 2020, el cual, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, ha sido uno de los sismos más grandes a nivel internacional dentro del contexto de la actual pandemia. 

Los resultados del estudio mencionado muestran que alrededor del 11% de 300 viviendas multifamiliares analizadas presentaron daños altos y muy altos (estos estados de daño refieren a la resolución del daño vía rehabilitación y reconstrucción respectivamente, ya que la estructura presenta alto riesgo de colapso para los ocupantes y sus colindancias) después de haber estado expuestas a las intensidades sísmicas del 19 de septiembre de 2017. De estos edificios, más de la mitad se encuentran destinados a demolerse. Se revisaron esas viviendas para estudiar qué presentaban en común y se encuentraron varias condiciones. Una de ellas: las diferentes irregularidades arquitectónico-estructurales, consideradas así por pertenecer inicialmente a la concepción del proyecto arquitectónico y su relación con la ingeniería estructural. Estas pueden ser: irregularidad en planta y alzado, columna corta, planta baja débil, localización en esquina y golpeteo. 

Con estos datos, se comprobó que la premisa que muchos habitantes de la ciudad que consideran que si su edificio ya soportó un sismo de cierta magnitud podrá soportar otros, es falsa. La mayoría de los edificios de vivienda dañados durante el evento de 2017 se construyeron antes de 1985, lo que podría implicar que tales viviendas sufrieron daños acumulados por sismos pasados y pueden presentar también asentamientos diferenciales u otros problemas (como falta de mantenimiento, modificaciones no supervisadas, asentamiento regional, agrietamiento del suelo, entre otros), lo que deriva en un aumento de su vulnerabilidad sísmica.

Para entender de forma global el diferente impacto de los tres sismos (1985, 2017 y 2020) en la Ciudad de México, es importante mencionar que la intensidad sísmica es diferente a la magnitud del sismo, y no necesariamente un sismo de mayor magnitud representa una gran intensidad sísmica para la ciudad y un sismo con menor magnitud podría presentar mayor intensidad, lo cual puede derivar en daños más severos. Esto varía debido a las diferentes condiciones tanto del sismo (la ubicación, tipo de falla, magnitud, profundidad) como de la zona donde se evalúa la intensidad (los contenidos de frecuencia y aceleraciones que presenta el suelo, es decir el movimiento que presenta el terreno de acuerdo con el tipo de suelo donde se propaga la onda sísmica) así como la distancia al epicentro. Un sismo presenta múltiples intensidades en diferentes zonas, mientras la magnitud es la estimación designada por el SSN. Por ejemplo, para el evento del 23 de junio se calculó una magnitud de Mw7.5, pero las intensidades registradas en la Ciudad de México fueron menores por los factores ya mencionados, a diferencia del terremoto del 19 de septiembre de 2017, el cual presentó una magnitud de Mw.7.1 pero con aceleraciones del suelo más violentas (intensidad) y por lo tanto repercusión de daño más severo. Por eso los daños son diferentes para todos los sismos y no existe certeza de la forma en la que el próximo golpeará a la ciudad y qué edificios dañará. Desde luego habrá que evaluar qué tan vulnerable puede llegar a ser la vivienda colectiva (objeto de esta reflexión) de acuerdo con los parámetros expuestos. Finalmente, hay que mencionar que el tipo de sismo que se presentó el pasado 23 de junio, de acuerdo con las estadísticas del IIUNAM, es muy recurrente en la ciudad. Hasta ahora se tiene registro de que se ha presentado uno aproximadamente cada 3 años.

Después de estos eventos se exige analizar cuáles son los desaciertos que ha presentado la arquitectura mexicana dentro del contexto de la vivienda multifamiliar, para ofrecer soluciones estructuralmente más seguras para sus habitantes. Además, comprender que el que la Ciudad de México se localice en una zona de alto riesgo sísmico no debe significar que sea vulnerable: la sociedad civil debe estar preparada para enfrentar ese riesgo. Se debe diseñar arquitectónicamente una ciudad resiliente, esto es, que tenga la capacidad de ocupar los edificios, así como de recuperar su funcionalidad en el menor tiempo posible, especialmente cuando estos edificios representan un patrimonio para muchas personas. La responsabilidad debe ser compartida: constructores, propietarios y gobierno, conociendo el contexto en que se construyen esas viviendas, tienen que responder de manera correcta al tipo de suelo que presenta la Ciudad de México. También se requiere un mantenimiento y supervisión constantes de los edificios, aunque no hayan presentado daños mayores, ya que la estructura ha sido sometida a un trabajo ante las fuerzas sísmicas y el daño se va acumulando, imperceptible muchas veces a simple vista. Habrá que observar aquellos edificios de vivienda que se construyeron antes de 1985, ya que ya han liberado una gran cantidad de energía sismo tras sismo, lo que podría derivar en daños delicados más adelante, entendiendo que son más vulnerables porque fueron construidos con otras normativas, en las que aún no se observaban restricciones en cuanto a la configuración geométrica. 

Se debe aprender que el riesgo sísmico es totalmente diferente a la vulnerabilidad sísmica, la cual depende de muchos otros factores, donde la arquitectura puede tomar una postura responsable para salvaguardar las vidas de quienes habitan los edificios, por encima de formas y tendencias. Así como la vivienda se ha modificado a través del entendimiento de algunos procesos sociales, tales como la transformación de las familias contemporáneas o el uso en mayor medida del automóvil, debe cambiar también sus principios a partir del análisis y el conocimiento de este fenómeno natural que sin duda continuará ocurriendo en la Ciudad de México. La ciencia no sabe aun cuándo ni dónde, pero sí que ocurrirá y, entonces, ¿qué pasará con las viviendas que después del último sismo sufrieron daños menores ante otro que presente intensidades mayores? ¿Qué porcentaje de esos edificios sufrirá, con el próximo evento, daños severos o estará destinada a ser demolida?