Miquel Adrià: ¿Qué papel juega (o puede jugar) la arquitectura en la transformación social, desde la vivienda, como un derecho de los ciudadanos?

Alejandro Aravena: Parto de la experiencia que estamos viviendo hoy en Chile, que, aunque específica, creo que tiene rasgos universales. Estamos reescribiendo la constitución. Una de las razones es que hubo un desfase entre lo legal y lo legítimo. El 80% estuvo a favor de cambiar la constitución. La constitución representaba un sistema de reglas de convivencia que ya no era legítimo y nos vemos enfrentados a acordar las reglas del juego de la vida en común. En este sentido, el título de la bienal de Hashim Sarkis es muy pertinente para muchas sociedades en las que nos preguntamos cómo vamos a vivir juntos, entre gente distinta, etnias distintas, pobres y ricos, izquierdas y de derechas, donde hay un conjunto de fricciones y de debates, que en la ciudad se experimentan de maneras muy concretas. 

Con este “estallido”, como se le ha llamado en Chile, se hizo necesario partir de nuevo con los acuerdos fundamentales y colectivos para, eventualmente, reflejarlos en la Constitución. Entre otras cosas, estamos cuestionando por qué tenemos gente viviendo en condiciones inaceptables de inequidad. Esa inequidad se manifiesta especialmente en la ciudad y en la vivienda y, cuando es sostenida por demasiado tiempo, termina generando una reacción. Hasta octubre de 2019, el presidente afirmaba que, si se observaban los indicadores económicos, Chile era un oasis en la región; sin embargo, el caldo de cultivo de rabia y de resentimiento era grande. 

En el ámbito de la vivienda hablamos de la triple brecha: en primer lugar, una brecha entre la cantidad de vivienda social que se construye y la que se necesita. Sabemos que se requieren unas 90,000 viviendas y sólo se construyen 60,000. Esto en parte explica el aumento de asentamientos informales y campamentos exacerbado por la pandemia. Cuando entras en la espiral de la informalidad tenemos un problema social serio.. 

La segunda brecha tiene que ver con el tamaño de las viviendas. Toda la evidencia muestra que una familia de clase media vive razonablemente bien en una vivienda de 80 o 90 m². Con los recursos disponibles en Chile se pueden construir viviendas entre 40 y 50 m². Cuando no puedes entregar ese tamaño estás obligando a las familias a vivir en condiciones de hacinamiento, que hace que salgan a la calle enrabiados por haber vivido en condiciones de vida inaceptables. La evidencia muestra que cuando entregas viviendas de 40 m², las familias duplican ese tamaño, porque no pueden vivir en menos espacio. Si no tienes un diseño para este tamaño, todo se acumula en forma de presión y fricción, algo que, de hecho, ocurrirá. 

La tercera brecha es la del tiempo. En un caso como el de Chile, el Ministerio tiene una lista y define el tiempo de espera para obtener una vivienda, que puede llegar a ser de 10 años. Una de las condiciones que se evalúa es que no hayas participado en la toma ilegal de un terreno. Viviendo en condiciones de hacinamiento, la tentación por ocupar un terreno es demasiado alta y la espera demasiado larga. 

Si mejoras la cantidad de viviendas al año y llegas a 90,000, dado que los recursos son finitos, no hay otra posibilidad que reducir aún más el tamaño. Por lo tanto, hay que poder resolver la triple brecha simultáneamente. La estrategia que hemos aplicado ante la escasez y el déficit es la de la incrementalidad. En primer lugar, porque eso va a ocurrir de todos modos: si las viviendas son de un tamaño insuficiente, las propias familias las van a ampliar, pero si esa realidad no se quiere ver y no se incorpora al diseño inicial, el proceso va a ser técnicamente complejo, caro, lento e inseguro. Por lo tanto, cuando decimos que los 40 m² es mejor verlos como la mitad de una casa buena que como una casa chica, no es que entreguemos la mitad de una casa, sino que partimos de las restricciones de las políticas públicas y diseñamos para que queden alineadas con la realidad. Para que el diseño sea pertinente, hay que entender la lógica del problema, ver, escuchar y medir lo que va a ocurrir: si no sintonizo con esas fuerzas, la realidad va a pasar por encima. Muchas veces la sociedad espera del arquitecto que su aporte sea como una cosa de buen gusto o de ponerle un poco de rouge al gorila, como decía Richard Rogers. Si el diseño no se enfrenta de esta otra manera, se generan condiciones de habitabilidad tan complejas que la sociedad reacciona y dice “no más, se acabó”. En nuestro caso, en Chile fue tan brutal, que nos vimos obligados a partir de cero y reescribir la constitución. Desde la arquitectura tenemos una herramienta sintética en el núcleo de nuestra profesión: organizar las piezas en juego para llegar a una propuesta, no a un diagnóstico. Es una herramienta que puede contestar más de una pregunta a la vez, no sectorialmente, involucrando aspectos económicos, políticos, sociales, ambientales y estéticos. Cuanto más compleja sea la pregunta, mayor la necesidad de síntesis. Si no aportamos esa herramienta sintética, nos hacemos cómplices de esas sociedades que, por no reaccionar a tiempo, se convierten en bombas de tiempo. 

MA: La solución ya la teníamos, con la caja de herramientas ensayada desde ELEMENTAL. La vacuna funciona. El tema quizá sea exponenciar la solución. ¿Hacia dónde más puede ir la solución? ¿Hay otros modelos tipológicos?

AA: Las soluciones son las mismas de siempre, pero nunca son iguales. Nosotros aplicábamos lo incremental para resolver la escasez sin que ello significara una mala calidad. Simplemente diferíamos en el tiempo para alcanzar esa calidad. En ese sentido, la incrementalidad fue una herramienta posible. No la inventamos nosotros, ya que desde los sesenta era una solución en el PREVI de Lima, por ejemplo. O sin ir más lejos, la realidad misma: todas nuestras periferias son incrementales. La contribución no es el qué sino el cómo. Uno podría decir que entrega un lote con un pie de casa y luego lo incremental pudiera ser que construyen alrededor, pero eso produce deterioro, conflictos entre vecinos, no hay estructuras antisísmicas, etc. Y el resultado es tan malo como lo informal que ya estaba. La idea es que la incrementalidad en el tiempo signifique una mejora y no un deterioro de la condición inicial. Y eso requiere diseños muy concretos y específicos. Dicho eso, en Chile se pensaba que la informalidad era un problema de décadas atrás. Pero esto se ha gatillado de nuevo. Estamos ensayando una Unidad de Servicios Básicos, concentrando los elementos mínimos de baño, cocina y muro medianero en dos pisos, que debería medir 14 m², que no es la casa sino la infraestructura de la casa. Radicalizamos todavía más la propuesta entregando aquello que no puede hacer una familia por su cuenta, que es la definición de una política pública. Al mismo tiempo de hacer todavía más elemental el diseño, estamos trabajando en la prefabricación de esa infraestructura, desde una planta robotizada que ayude a ganar tiempo fuera del terreno para llegar a ensamblar y no a construir.  

La otra línea que estamos trabajando, diametralmente opuesta, es tratar de participar en la discusión constitucional. Acaba de salir el libro ¿Cómo vamos a vivir juntos? como parte de una colección que contribuye a ese debate. Se resume en 11 lecciones de diseño participativo para responder a la pregunta que proponía Sarkis. La convención constituyente tiene como tarea reescribir las reglas de juego sobre cómo vivir juntos que, de alguna manera, quedaron invalidadas. Esto no es demasiado distinto al trabajo de un arquitecto cuando piensa cómo va a vivir una familia en una casa, o un grupo de familias en un edificio, en un barrio, una ciudad o un territorio.  Apareció el reto de incorporar una frase en la Constitución sobre el derecho a la vivienda o el derecho a la ciudad. La dificultad es que no puede ser demasiado específico —eso, más que un derecho, sería una ley —, ni demasiado genérico porque se arriesga quedarse en el plano de una declaración de intenciones inofensiva; todavía peor, podría crearse la expectativa y luego no poder satisfacerla. ¿Cómo frasear entonces el derecho a la vivienda en la Constitución? Yo no sabía qué responder, pero ofrecí preguntarle a alguien que, eventualmente, podía saber: Stephen Breyer, expresidente del jurado de los premios Pritzker y juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo llamé y me dijo: “No te puedo ayudar. Y la razón es que la Constitución de los Estados Unidos está basada en derechos negativos, y lo que tú me preguntas son derechos positivos. La gran diferencia entre ambos es que los primeros no tienen costo y los positivos sí. La Constitución de Estados Unidos busca evitar la interferencia del Estado o del gobierno en la libertad de expresión, de religión, de emprendimiento o de portar armas, y esa omisión no tiene costo. Los derechos positivos, en cambio, al tener costos y depender de recursos siempre escasos, implican preguntarse, por ejemplo, ¿quién es elegible para este derecho?, ¿en qué condiciones?, ¿qué dejo de pagar para pagar este derecho?”

Breyer me contactó entonces con Dieter Grimm, juez del Tribunal Constitucional de Alemania porque, me dijo, las constituciones europeas tienen una mayor tradición de derechos positivos. Grimm me respondió, entonces, que yo estaba preguntando por lo que se denomina como derechos sociales de segunda generación. De hecho, ya están los derechos medioambientales que son de tercera generación. Los derechos sociales, en cualquier caso, difieren de las libertades clásicas justamente porque tienen costos asociados y necesitan unas leyes para ser asignados. La dificultad está en que, dado que los recursos disponibles para garantizar los derechos son siempre limitados, si no se puede satisfacer un derecho, se corre el riesgo de llegar a deslegitimizar la Constitución misma. Y la necesidad de legitimidad era la razón misma por la que estamos reescribiendo la constitución en Chile. Aun así, decía Grimm, hay constituciones modernas que han garantizado derechos sociales. La de Sudáfrica del año 96, por ejemplo. En el artículo 26 dice que todo ciudadano tiene derecho al acceso a una vivienda adecuada. Pero como los que la escribieron se dieron cuenta que existía el riesgo de no cumplir un derecho, agregaron una segunda frase: el Estado se compromete a tomar todas las acciones necesarias para, con los recursos disponibles, garantizar el acceso a la vivienda descrito en el artículo anterior. De ese modo, desplazaron el foco del objetivo vinculante del derecho a la vivienda a que el ciudadano tenga derecho a exigir que el Estado tome las acciones necesarias para garantizar ese derecho. “Esto no es retórica”, decía Grimm, ya que un tribunal constitucional puede demandar al Estado para que tome estas acciones, pero no necesariamente significa que dote de viviendas a todos los ciudadanos. De hecho, esta es la aproximación que ha seguido Alemania con respecto a un medioambiente limpio. Con el cambio climático se ha articulado de este modo y el Estado tiene la obligación de tomar las medidas a su alcance. Es decir, se trata de un derecho de tercera generación.

MA: ¿Pudiste incorporar la frase clave?

AA:  No es una discusión técnica sino pública, popular. Y está en proceso. 

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