La informalidad en el imaginario colectivo está en asentamientos irregulares existentes en las periferias de las ciudades latinoamericanas, en el comercio ese que se mira endeble, en viviendas precarias y pobreza. Es claro que varias de esas formas son comprendidas, dentro del sistema institucional como mecanismos informales de producción de vivienda y de comercio. Pero no es la única, es probable que tampoco sea la mayoritaria.

No es esa informalidad de que quiero hablar, en realidad cuando hablamos de mecanismos informales, por ejemplo para la creación de vivienda, las clases altas también trabajan en esos límites al hacer, por ejemplo, invasiones de terrenos en zonas declaradas como áreas verdes o construir pisos o viviendas fuera de la norma vigente. Sucede que en el imaginario colectivo y parece que también para el imaginario institucional esta formas de informalidad no son tan relevantes para tomarlas en cuenta o para trabajar sobre ellas. 

Pero tampoco es la informalidad de las clases altas sobre la que voy a tratar, sino las de las clases medias. Hay diversos estudios en América Latina que dan cuenta de que las clases medias, por ser eso, son las más desprotegidas de políticas públicas y de formas de autogestión para salir frente a catástrofes, por ejemplo sismos. Porque mientras la clase alta resuelve por autofinanciamiento o por presión política sus crisis, la clase baja espera la respuesta del Estado que tiende a dirigir ahí sus recursos y si esto no funciona, trabajan a través de la autogestión. En este contexto la clase media queda invisbilizada en la crisis y, si a eso se suma que es una clase media habitando en la informalidad, la vulnerabilidad aumenta.

Se cumple un año del sismo del 19 de septiembre y 33 del sismo que cambió de forma rotunda la geografía de la Ciudad de México. Dentro de los márgenes de la fragilidad con que se habita la ciudad se encuentran aquellos que son menos nombrados y que esa falta de presencia los invisibiliza ante el riesgo: los arrendatarios. 

¿Hay acaso un levantamiento de los arrendatarios desplazados del sismo? ¿Hay información sobre los inmuebles dañados que fueron puestos en renta semanas después del sismo? Siguiendo la línea de lo que ha trabajado en México en las últimas décadas -y la verdad es que en varios países de América Latina- los recursos fueron dirigidos a los propietarios (incluso sin saber si estos habitaban o no el inmueble afectado), esto aplicó también en los asentamientos en Xochimilco, quienes eran suceptibles de recibir apoyo de la reconstrucción es sólo quienes podían comprobar su calidad de propietarios, los arrendatarios quedaron a la deriva y, paradójicamente, tuvieron que autofinanciar su expulsión.

Los mecanismos de arredamiento existentes en la Ciudad de México no ofrecen seguridad jurídica clara en casos de catástrofe, los contratos de renta -cuando existen- tratan de eximir de tantas obligaciones como sea posible al arrendador, lo que deja al arrendatario frágil en casos como el del sismo de hace un año.

Dado que no hay un registro consolidado de los inmuebles dañados y de su calidad luego de los sismos de septiembre de 2017, así como la gran movilidad que hay en la vivienda en la zona central de la ciudad (la misma que sufrió grandes daños) no hay certeza para los arrendatarios sobre la calidad del inmueble que quieren habitar. Así podemos encontrar desde arrendadores que decidieron bajar o congelar el precio de la renta para justificar no hacer adecuaciones al inmueble, hasta los que guardan silencio sobre la calidad estructural del edificio que ofertan. Simplemente pongamos de ejemplo, por simbólico, el edificio que rentaba la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI) que resultó con daños tales que la institución tuvo que desalojar y que, sin embargo, a penas unas semanas después el espacio estaba ofertado para su renta. 

La clase media no consolidada, que algunos estudios llaman vulnerable, es aquella que escaló en la pirámide socioeconómica a través de mecanismos también endebles con ingresos inestables y un sistema crediticio laxo. Por lo que se trata de un sector social que ante eventos no previstos, especialmente para sus carteras y ante esquemas que no les permiten acceder a beneficios de apoyo estatal ante crisis, se ve más afectado que otro y puede (de hecho ha sucedido) obligarlos a bajar de escalón socioeconómicamente.

Ante lo anterior se requiere visibilizar en las políticas públicas y programas de reconstrucción a este sector, ofrecer certeza jurídica en las formas de habitación y crear mecanismos que eviten que esta clase media, resbaladiza en la pirámide socioeconómica, baje nuevamente.