La forma en la que entendemos y practicamos la arquitectura está cambiando debido a la creciente inclusión de las personas usuarias en el proyecto. Esta tendencia global deriva, por un lado, tanto de una reivindicación ciudadana como fomentada — todavía tímidamente— por algunos gobiernos locales. Paralelamente, se está produciendo una creciente politización de prácticas arquitectónicas que se comprometen con comunidades locales y movimientos de base, respondiendo a las necesidades del día a día y a los problemas cotidianos de la ciudad.

A menudo organizadas en colectivos, estas prácticas defienden el derecho a la ciudad y la justicia espacial, la conciencia medioambiental y las reivindicaciones feministas. En lugar de esperar un encargo público o privado, estas arquitectas analizan y responden activamente a las necesidades existentes. Criticando el desarrollo urbano incontrolado de las últimas décadas y el distanciamiento de las arquitectas de las necesidades cotidianas de las metrópolis, estos colectivos abordan la ciudad como una tabula plena tanto física como socialmente.

Tomando prestados conceptos de Lefebvre (2013 [1974]), las arquitectas de comunidades se ocupan tanto de la “ciudad” —el entorno físico— como de lo “urbano” —la forma social intangible que la habita. La necesidad de operar en la dimensión social de la ciudad, y no sólo en su morfología, desplaza el enfoque de la arquitectura hacia la dimensión colectiva, heterogénea y contradictoria de la ciudad.

Este proceso está dando lugar a nuevos roles profesionales, herramientas y estrategias de proyecto, y a nuevas formas de toma colectiva de decisiones. La arquitectura colaborativa emerge como la práctica de incluir a distintos agentes, especialmente a vecinas y usuarias, como sujeto colectivo aunque heterogéneo, en una o varias fases del proyecto de arquitectura.

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