Son las 6:30 de la mañana, el sol supera la altura promedio de los árboles, pero aún es naranja y débil; el frescor de la noche comienza a perderse, pero el calor sofocante propio de la Riviera aún está ausente. Es verano. Atravesando una malla metálica aparentemente continua por más de unos 600 metros salen de entre la selva cientos de trabajadores que viven, dicen, del otro lado —¿desde dónde será que se mira?. Algunos de estos accesos son dobles mallas separadas unos 60 centímetros, y pasan entre ellas como pasillos, otros han abierto con pinzas un hueco que no supera el metro de altura, y salen agachados hasta incorporarse a la fila de personas que, con paso rápido, caminan o van en bicicleta por las calles inmediatas a la malla. Se dirigen a las más de una docena de obras en construcción que hay en el conjunto denominado Aldea Zamá, en Tulum, Quintana Roo. Cómo ellos, también los hay en terrenos más cercanos al centro urbano, y próximos a la costa. Todos les conocen como los invasores. 

Durante más de dos décadas, los terrenos, originalmente propiedad de ejidatarios, han pasado de ser densas manchas de selva con poca densidad poblacional, a grandes lotificaciones con calles curvadas de concreto armado que, poco a poco, se llenan de edificios de cuatro a ocho niveles, la mayoría con alberca, y destinados a personas de evidente alto nivel adquisitivo. 

Donde la voracidad inmobiliaria aún no cimienta, viven personas que, bajo la postura gubernamental, lo hacen de forma ilegal en terrenos de propiedad privada. Sus casas son tan simples como similares: cimentaciones de piedra blanquecina, porosa y fuerte, propias de la región; estructuras de madera, muros de bahareque con enjarrado al interior, y techos a dos o cuatro aguas cubiertos de lámina tinta mate o palma seca tejida, y aunque hay calles de terracería delimitando ejes, la posición de las casas no deja de ser más bien aleatoria; respetando los arboles de mayor dimensión, o adaptadas poco a poco para la diversidad de negocios. A pesar de su aparente precariedad, las denominadas “invasiones” tienen mucha más vida urbana que los proyectos más exclusivos a la redonda: cuentan con tiendas, talleres mecánicos, de carpintería, de herrería, y palapas techadas que funcionan como espacios públicos donde los niños juegan. A lo largo del día, bicicletas o motos adaptadas ofrecen venta de pan, dulces, tacos de canasta, bebidas embotelladas y pozol de coco o cacao, bebida típica del sur de México a base de maíz. 

Se sabe de incontables ocasiones en que han sido desalojados o se ha intentado hacerlo; a través de acuerdos pactados o de violencia ejercida por grupos de choque contratados o por la misma policía. Las notas periodísticas y el decir de los habitantes locales nos entregan muchas versiones: para unos, se trata de grupos de personas desplazadas por la miseria a lo largo y ancho de todo el sur del país que, por años, han encontrado oportunidad de trabajo en esta zona, estableciéndose en amplios terrenos cercanos a las áreas de mayor crecimiento. Para otros, se trata de una jugada más de los denominados acaparadores de tierras: empresas con gran capital que manipulan un cumulo de personas que viven en precariedad, pagando sus construcciones temporales en el terreno invadido, exigiendo su derecho a la vivienda y esperando su regularización para la posterior adquisición a bajo costo de todos los terrenos involucrados. Esto explicaría, según algunos, la estandarización sospechosa de la vivienda y su rápida colocación en grandes grupos.

La problemática se extiende al negarse a distinguir entre quien lleva prácticamente dos décadas viviendo en dichos espacios y quienes han llegado repentinamente y en grandes grupos a las mismas zonas.

Sea cual fuere la verdad, son grupos sociales altamente estigmatizados y violentados: se argumenta que el narcotráfico se produce en dichas zonas; que son, desde títulos de los videos que se pueden encontrar en internet: “una terrible plaga”; que deben ser “desalojados, expulsados, privados de su derecho a la vivienda”. Se dice también que merece Tulum “orden, desarrollo y buena inversión”. Mientras tanto, hay una verdad que escapa de toda postura falsa de progreso y de especulaciones morales poco fundamentadas: se trata de una incontable cantidad de gente que ha sido arrastrada a trabajar en la construcción y mantenimiento de aquello que —paradójica y sistemáticamente— más tarde los obliga a ser expulsados. Mientras trabajan chapeando (la forma como llaman a limpiar terrenos), levantando muros, colando losas, cargando vigas, tejiendo la palma seca sobre las estructuras de madera, tendiendo camas de hotel, lavando su ropa sucia, asistiendo como niñeras o como enfermeras. Son personas sin oportunidad de establecerse,  incapaces de pensarse y sentirse como parte de un tejido urbano y social, de tener alguna certeza, de pensar un futuro. 

A quien ha tenido dinero para tomar zonas enteras originalmente dispuestas como áreas protegidas o propiedad de ejidatarios se le denomina sin mayor problematización: “desarrollos inmobiliarios”, mientras que la misma acción realizada por los desfavorecidos económicamente no son sino indeseadas “invasiones”. Se trata, como incontables casos, de la denominada aporofobia: miedo y rechazo a la pobreza. El lenguaje nunca es inocente y nos plantea el cuidado de la jerga popular; los discursos aseveran que los “invasores” representan una degradación del medio ambiente, debido a la tala indiscriminada de árboles, el mal uso del agua y de la nula existencia de infraestructura sanitaria, además de la inseguridad que se suscita por la llegada masiva de gente desconocida sin lazos entre sí ni interés por el bien común. Lo cierto es que, en el lado repleto de inversiones extranjeras, los desarrolladores no cuentan con una visión distinta de cómo debe construirse en el lugar. La densidad poblacional es aún mayor, hasta escandalosa, así como la deforestación y el nulo o precario diseño de correcta infraestructura pública que le dé sustento. La inseguridad por gente fluctuante es sufrida por igual. En realidad, sin demasiado esfuerzo, es posible demostrar quién hace más daño al equilibrio ecológico, social y al desarrollo ordenado del lugar; quién, con la especulación de tierras y el incontrolable desarrollo inmobiliario, genera mayores desigualdades, inseguridades y desorden. 

Luis, nombre ficticio de un hombre con familia que vive en dichas zonas, me cuenta, entre muchas cosas que, aunque nunca le ha tocado en persona ser amenazado, la forma en que se siente más presionado a marcharse es encareciéndolo todo y limitando el tipo de vivienda que pueden —con mucho esfuerzo— solo rentar: “Aquí solo te quieren rentar lugares pequeños, cuartos con todo apretado por $3,000 pesos mensuales y solo permiten dos personas. ¿Y si tengo hijos, dónde quedan? Pagar dos cuartos nos resulta imposible, por eso vivimos aquí (…) Por nuestro trabajo, tenemos que comer fuera, y es muy caro. Así es como nos obligan a buscar en otro sitio una mejor vida.”

Tampoco se aboga aquí por la reasignación de un lenguaje político “correcto”. No cabe más el concepto de asentamientos irregulares, puesto que los desarrollos están por igual fuera de toda ley y derecho. Además, las personas no se asientan tan solo en un lugar, no son objetos que simplemente caen y ocupan al espacio: en el espacio no nos asentamos, habitamos. No hay forma de entender la vida y el habitar como algo irregular.  

Mientras tanto, la lucha de grandes empresas por conseguir los terrenos y construir en ellos ha generado violencia en los barrios establecidos, desplazamientos forzados o inducidos por el encarecimiento de servicios básicos, desapariciones forzadas y hasta asesinatos de aquellos que han buscado defenderse por la vía legal. Son, en este sentido, los más peligrosos y poco juzgados invasores. 

¿Quién invade a quién? Desde dentro de los silenciados, ¿cuál es la verdadera plaga?