1961, Israel. Adolf Eichmann es juzgado por genocidio contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque conocida y probada, la defensa de su participación en los actos de los que se le acusaba fue polémica. Según Eichmann, él no era culpable ni responsable último de sus actos, pues sólo se había limitado a seguir órdenes de sus superiores. Se definía así como un sujeto carente de voluntad. Este hecho sirvió a Hannah Arendt como punto de partida para describir lo que llamó la banalidad del mal. Según ella, Eichmann no era ni un retorcido ni un loco, sino que lo terrible de la historia era que su papel fue el de un simple burócrata que cumplía órdenes sin reflexionar sobre sus consecuencias.

Y es que cuando la política se convierte en mera burocracia todo se simplifica. Como una máquina engrasada, el que participa es incapaz de ver hacia dónde llevan sus decisiones. Se trata de una visión parcial de los problemas, sin perspectiva global. Esto puede agravarse en una época en la que se exigen resultados visibles cada tres, cuatro o seis años —según los tiempos políticos—. El “hay que hacer algo” se convierte en un proceso sin imaginación, un mero trámite de carácter administrativo. Una situación que da miedo cuando, llegado el caso, se habla de la vida de las personas. Salvando las distancias ideológicas, económicas, temporales y sociales, el concepto de Arendt resuena en muchas decisiones –políticas o no– actuales. Desde un llamamiento a los arquitectos a diseñar el muro propuesto por Donald Trump, a las soluciones de vivienda.

En medio muchas veces el arquitecto parece no estar dispuesto a cuestionarse nada de lo que produce. Su función es diseñar, nada más. Hasta Peter Zumthor —Pritzker 2009— tiene su propio aforismo que da por sentada la incapacidad que tenemos como profesionales: “un arquitecto tiene que construir lo que se le ordenó y pagó (…) tan sólo una opción para posicionarse —añade— decidir si lo harás o no”. El dilema es que, si no es él, será otro el que se someta a los deseos de un cliente con el que no esté de acuerdo. Así, el arquitecto es, por lo general, un técnico al servicio de un poder mayor y su autoridad para decidir es nula, pese a que sus diseños den cobertura formal a ideologías o políticas.

Entonces pueden advertirse las derivas de la vivienda social que ha sufrido un país como México. No repuesto del fracaso del programa 2 millones de viviendas —que dio vía libre a constructoras para expandirse por la periferia urbana con proyectos que aparecen hoy abandonados—, el drama continúa con la publicación de las nuevas “viviendas sociales” de Tepic. Ni tan sociales ni tan viviendas, las construcciones son un conjunto de cuartos, apenas cuatro paredes, una puerta, una ventana y un techo. Todo en 16m2, con una urbanización homogénea tan mala que sería capaz de destruir los sueños de cualquier habitante.

Ante la polémica, la defensa: ”fue un error de planeación, existe un error en llamarla casa”, decía en El País Gerardo Aguirre, responsable regional del programa Vivienda Digna en Nayarit. En el mismo artículo se apuntaba que sus futuros usuarios están “agradecidos por contar con un espacio donde resguardarse” mientras la alcaldía de la ciudad defiende que “eso” es “mejor que nada”.

¿Mejor que nada? No. Quizás nada es mejor. Estas “viviendas” no sólo son malas, también precarizan las condiciones de vida de sus habitantes. Ahí está la banalidad del mal: convertir toda la complejidad de la dignidad y el habitar en una cantidad de metros cuadrados —por cierto, insuficientes—, en defender que eso es lo máximo que el Estado puede aspirar a entregar. No queda claro si detrás del diseño hay un arquitecto o no. De no haberlo, la situación es grave, pero si lo había, sería aun peor, pues pondría de manifiesto que existe un conjunto de profesionales incapaz de responder de forma imaginativa al encargo.

El problema de la vivienda social no puede estar más presente. Al tiempo que se debate cuánto ha de medir la “unidad básica de vivienda” y dónde debe implementarse para favorecer la política urbana, desde el Gobierno se han promovido diversos proyectos y diseños realizados por varios arquitectos —algunos muy reconocidos— que permiten poner sobre la mesa temas, cuestiones y soluciones posibles. Programas como Vivienda Unifamiliar Regional, Mejorando la Unidad o Un cuarto más son escenarios valiosos en la medida que abren la discusión a temas que parecían olvidados, pero las respuestas ofrecidas por los profesionales de la arquitectura corren el riesgo de no conseguir nada si se quedan como soluciones a corto plazo. La vivienda social presenta muchas ramificaciones que necesitan cambios a producirse en lo social, lo económico, lo educativo y lo político. Mientras el arquitecto siga empecinado en soluciones compositivas, aunque éstas presenten un diseño óptimo e, incluso, más que digno, aspirar al cambio sólo desde la arquitectura es, cuanto menos, inocente o ingenuo.

Todo esto sucede en un momento en el que los reflectores mediáticos apuntan a Alejandro Aravena, ese arquitecto ELEMENTAL que puso la vivienda social construida por el Estado como tema de discusión en alguno de los espacios más elitistas de la arquitectura contemporánea: el Pritzker y la Bienal de Venecia. Su valor fue ponerlo en primera plana. Su riesgo que los premios y demás validaciones, más que hacer banal el tema, acaben por definir una fórmula incuestionable donde el arquitecto aspira a solucionar todo con su diseño que olvide, una vez más, que el problema no es sólo una cuestión de añadir cuartos, medias casas o casas más o menos pequeñas.