La vivienda es un asunto político. Contrario a lo que algunas voces han tratado de sostener, no se reduce a aspectos meramente técnicos sobre arquitectura e ingeniería. Hablar de la vivienda nos obliga a situar este tema en un contexto social, geográfico, histórico, económico y demográfico, así como determinar prioridades y valores respecto a las relaciones de poder entre los distintos actores que intervienen en ella. Es decir: la vivienda es, de manera irremediable, un asunto político. Lo que vemos, lo que tenemos, lo disponible, es producto de una serie de decisiones adoptadas por ciertos sectores con el poder para tomarlas. Pensemos, por ejemplo, en un plan de desarrollo urbano. Como toda norma jurídica, implica hacer un diagnóstico y definir a dónde tendríamos que ir. Con esto no quiero decir que no haya parámetros, técnicas y métodos más o menos consensuados que guían la actividad de los urbanistas y arquitectos. Pero la política, sin duda alguna, es un factor de peso.

Eso quiere decir que la vivienda también es un campo de discusión sobre lo que nuestra realidad es, lo que debería ser y lo que podría llegar a ser de elegir un camino o el otro. En algún momento dado, se adoptan ciertos modelos que con el paso del tiempo se convierten en paradigmas. Pero, en determinadas coyunturas, esos paradigmas son cuestionados no sólo por el sector especializado que constantemente habla entre sí, sino por la población en general. Es ahí cuando ocurre la posibilidad de replantear lo que todo este tiempo parecía obvio.

El pasado 4 de julio se celebró en el Centro Cultural Los Pinos el foro “Vivienda justa y prosperidad compartida”, organizado por El País, el Espacio Cultural Infonavit y la consultora Urban Front, fundada por David Harvey, quien además fue uno de los participantes. Fuimos cerca de 25 ponentes de México, Ecuador, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y España que, a lo largo de la jornada, compartimos distintos puntos de vista sobre lo que la vivienda en México es hoy en día y lo que podría ser. Algunos proveníamos del activismo y la academia; otros, de organizaciones de base, el sector privado o instituciones de gobierno. Como suele ocurrir en estos espacios, una cosa es lo que dije y otra cosa es lo que quisiera comentar hoy, después de escuchar tantas intervenciones valiosas, más allá de los puntos de coincidencia y diferimiento que evidentemente podría haber.

Un tema indispensable en los últimos meses —y que, por supuesto, fue retomado en el foro— es el de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero de 2024. En términos generales, se propone darle al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) la facultad de ofrecer vivienda de arrendamiento público (inmuebles propiedad de dicha institución) para las personas trabajadoras que, por el momento, no estén en posibilidades de adquirir una vivienda en propiedad. Pasados diez años bajo este esquema, la persona podría optar por comprarle al Infonavit la vivienda, descontando parte del monto total de lo que ya haya pagado en las mensualidades anteriores.

Por sencilla que parezca, esta iniciativa ha producido mucha polémica. Obviando aquella que proviene de noticias falsas y bulos de redes sociales, existen algunas que me parecen de interés. Por un lado, está aquella que sostiene que el Infonavit no debería ofrecer vivienda de arrendamiento porque su función es garantizar que los trabajadores puedan comprar una vivienda. Si bien esta postura es entendible, también es un hecho que hoy en día muchos trabajadores no pueden adquirir una vivienda en compra, ya sea porque no tienen los puntos Infonavit suficientes, o porque los precios cada vez son más inaccesibles. La realidad es que hay gente afiliada al Infonavit cuya única opción es rentar una vivienda.

Justamente fue David Madden, durante su intervención en el foro, quien expuso la importancia de la política de vivienda de arrendamiento y la necesidad de cuestionar la idea de que una persona tiene que adquirir una vivienda en propiedad para vivir con seguridad en sus proyectos de vida. Además, señaló el papel de la vivienda de arrendamiento pública en contraposición con la vivienda de arrendamiento en el mercado privado. Aunque por supuesto no hizo mención a la iniciativa de reforma al Infonavit, para muchas personas presentes fue difícil no pensar en cómo sus planteamientos resuenan en esta discusión —más allá de las claras diferencias de contexto entre los países europeos, donde tuvieron lugar las experiencias que presentó a manera de ejemplo, y un país latinoamericano como México.

Por otro lado, está la crítica que sostiene que una política de arrendamiento por parte del Infonavit no debería tener la opción de comprar propiedades, ya que esto implicaría que la vivienda de arrendamiento producida por el Estado pasaría al sector privada con el transcurso del tiempo. Esta crítica me parece de sumo interés y debería ocupar un lugar central a la hora de discutir esta iniciativa de reforma. A partir de ella, comparto algunas reflexiones que van más allá del Infonavit.

En el imaginario popular, el Infonavit es el instituto de vivienda en México. Sin embargo, esto es un error. Si bien es una autoridad encargada de garantizar el derecho a la vivienda, en realidad es una institución financiera pública creada para apoyar a los trabajadores en su propósito de adquirir una vivienda en propiedad. Y no a cualquier trabajador, sino a aquel que se encuentra en la economía formal. Además, parte de su financiamiento proviene de aportaciones de las personas trabajadoras. Esto le da al Infonavit una condición muy sui generis que limita demasiado sus alcances, además de que tiene un diseño que, de origen, no es el idóneo para cubrir todas las omisiones y ausencias pendientes en política de vivienda.

¿Podría reformarse el Infonavit para que sea capaz de abarcar más funciones? Sí, pero creo que actuar así sería empezar por el camino equivocado. Recordemos que en México contamos con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), encargada de proveer precisamente el derecho a la vivienda con un enfoque más abierto, aunque con una atención sumamente limitada por parte del gobierno y la población. Además, cada estado del país cuenta con su propio instituto de vivienda. Por si esto fuera poco, los trabajadores del estado —federales y locales—, las fuerzas armadas y algunas universidades autónomas tienen sus propios sistemas de financiamiento de vivienda. Ni hablar de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) cuenta con muchas facultades y obligaciones en materia de vivienda. Y ahí la dejamos, para no hablar de cómo los ayuntamientos, alcaldías e institutos municipales de planeación tienen también su propia injerencia en el tema. En resumen: tenemos toda una fauna de instituciones que ejecutan el Plan Nacional de Vivienda, muchas veces sin coordinación; y, otras, mediante coordinaciones esporádicas y contingentes.

Si la apuesta es reformar estructuralmente el Infonavit, mi respuesta es que hay que ir más allá. Creo que habría que considerar la posibilidad de unir Infonavit, Conavi y FOVISSSTE (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) en un verdadero Instituto Nacional de Vivienda que permita acciones mucho más coordinadas, e incluso proyectos que atiendan a los distintos perfiles que cada institución atiende por separado en la actualidad. En caso de que esto sea demasiado pedir a la voluntad política y a los tiempos legislativos, creo que, cuando menos, se debería fortalecer la Conavi para que dirija una política de vivienda de arrendamiento capaz de atender a gente no afiliada a Infonavit o FOVISSSTE, sin opción a compra, garantizando un stock permanente de vivienda de arrendamiento público, tal como existe en otros países, incluso en casos latinoamericanos.

Comparto estas reflexiones aquí no para poner un punto final a esta discusión, sino para proponer un diálogo más amplio sobre este tema. En problemáticas tan complejas nada de lo que propongamos será por sí mismo una panacea. Pero el conjunto de distintas propuestas que se articulen y complementen a partir de esas propuestas pueden ser la llave para lograr cambios sustanciales. Siempre y cuando no desestimemos la posibilidad de cuestionarnos que lo existente no es inamovible y que siempre puede ser cuestionado, incluso en sus raíces.