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19 de febrero. Hoy se cumplen cinco meses del terremoto del 19 de septiembre y para recordárnoslo volvió a temblar a los 56 minutos con 57 segundos del día. En un país donde nos hemos hecho expertos repitiendo datos del sismológico, todos supimos pronto que tuvo una magnitud de 6 grados, a 32 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional y que fue una de tantas réplicas, aunque de mayor fuerza, del terremoto del viernes 16 de febrero, que fue de 7.2, con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa, una décima de grado mayor que el del 19 de septiembre del 2017, aunque también ya sabemos que, si bien una décima más implica mucha mayor fuerza liberada para un sismo, combinando magnitud, distancia al epicentro y profundidad de la falla, los efectos de un terremoto de menor magnitud pueden resultar catastróficos. En poco más de cinco meses, pues, contando el del 7 de septiembre, cuya magnitud fue de 8.2 grados, una décima por encima del de 1985, hemos tenido tres sismos de más de 7 grados y miles de réplicas, algunas imperceptibles, otras como la de hoy en la madrugada.

Las respuestas a estos terremotos han sido diversas. Por un lado, los más jóvenes tuvieron una sensación parecida, supongo, a la de quienes vivimos el del 85 y pensábamos, antes del terremoto, que la resistencia de nuestra ciudad y nuestra capacidad de respuesta se había templado con el conocimiento que da vivir en zona sísmica. Y no. Es cierto que esta vez, la mayoría de los edificios construidos después del 85 no resultaron gravemente dañados por los terremotos, pero se hizo evidente que hay muchas construcciones, anteriores a ese año, que jamás fueron adecuadas a las nuevas normas y otras tantas, posteriores, que simplemente las ignoraron. También fue claro que los efectos de los terremotos hacen patente la terrible desigualdad económica en nuestras ciudades y en el país entero. Y nos dimos cuenta, como en el 85, que pese a la respuesta solidaria inmediata de miles de ciudadanos, nuestros gobiernos siguen sin estar plenamente preparados para atender catástrofes de estas dimensiones. Vimos incluso a instancias de gobierno replicar los mensajes en redes sociales de improvisados grupos civiles que pedían materiales y ayuda, en vez de atender a la solicitud. Ambulancias y vehículos de emergencia recorren a los pocos minutos las calles de las ciudades y helicópteros sobrevuelan las zonas afectadas, pero no queda claro qué protocolos se siguen. El desplome del helicóptero en el que viajaban el Secretario de Gobernación y el Gobernador de Oaxaca, para evaluar los daños del sismo del pasado viernes y que mató a catorce personas tras un terremoto que no había dejado víctimas mortales, es una trágica demostración de la falta de protocolos claros.

Peor aun. Si la respuesta inmediata no es satisfactoria, a mediano y largo plazo parece que muchos gobiernos actúan frente a la catástrofe del mismo modo que ante las revelaciones de gravísimos actos de corrupción: apuestan por el olvido. El Gobierno Federal anunció que otorgaría apoyos a los afectados que llegarían incluso a los 120 mil pesos por familia —que es mucho dinero, se dijo. La reconstrucción en estados como Oaxaca, Chiapas o Morelos va lento pero no parece que a razón de una estudiada planeación sino, al contrario, por su ausencia. En la Ciudad de México, el plan de reconstrucción tuvo varios tropiezos y fue criticado por verse más como un programa financiero y de desarrollo inmobiliario que como una respuesta a las necesidades de los afectados y una anticipación a posibles catástrofes futuras. El 12 de enero, a casi cuatro meses del terremoto, el gobierno de la Ciudad de México presentó el programa de reconstrucción que beneficiaría, según dijo Ricardo Becerra, encargado de la comisión, a más de 110 mil damnificados. Mauricio Merino, miembro de la Comisión de Reconstrucción, dijo que los más de 8,700 millones de pesos destinados a la reconstrucción no debían desviarse al proceso electoral. Pero el 16 de febrero, mismo día del terremoto, la Comisión de Reconstrucción sufrió una sacudida mayor: Ricardo Becerra y Mauricio Merino renunciaron, por el uso faccioso de los recursos, dijo el primero, y la falta de garantías para transparentar el destino de los mismos, dijo Merino. Al día siguiente renunció también Katia D’Artigues, por la misma razón: que la Asamblea Legislativa otorgó a tres diputados la atribución de autorizar, supervisar y proponer el uso de recursos para la reconstrucción. El fin de semana también se hicieron públicas supuestas decisiones de esos tres diputados, Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo. En ese presupuesto para la “reconstrucción” se asignan 300 millones de pesos para entregar computadoras portátiles a jóvenes de Coyoacán; 67 millones para comprar chamarras a los habitantes, también, de Coyoacán; 35 millones para pintar la señalización en calles de, sí, claro, Coyoacán y 85 millones para renovar y sustituir la nomenclatura de calles en la delegación Coyoacán, ¿cuál otra? Este presupuesto, entre terremotos y réplicas, debiera ser un escándalo costoso, en tiempos electorales, no para el erario y la ciudadanía sino para quienes se atrevieron a pergeñarlo.

En un texto titulado Las lecciones de Japón, publicado en Letras Libres a mediados de noviembre, Monserrat Loyde describió las estudiadas medidas de prevención y respuesta ante un probable terremoto catastrófico que golpee a una ciudad del tamaño de Tokio. Y en una entrevista que le hizo Miquel Adrià a los pocos días del terremoto del 19 de septiembre, Alejandro Aravena explicó que en Chile se diseña para que no tiemble, lo que no quiere decir que la tierra deje de sacudirse, sino que los terremotos no causen daños que produzcan decenas, cientos o miles de muertos, heridos y damnificados. Aquí, mientras, la reconstrucción orquestada por instancias de gobierno parece derivar entre la lentitud, la incompetencia y la corrupción y las acciones filantrópicas civiles, no sin caer en cierto heroico romanticismo, aunque encomiables, resultan claramente insuficientes. La tierra mientras se vuelve a mover para recordarnos que antes de servir para elegir el color de la siguiente temporada, el diseño ayuda a pensar estrategias y planes que deberán atender a quienes lo necesitan y proteger vidas ante el siguiente gran sismo que, sabemos, vendrá.