Este es un fragmento del texto publicado en el número 108 de Arquine: Suelos.

Varias de las principales ciudades de México han agotado su capital natural a raíz de su expansión sobre suelo de conservación, tierras agrícolas o áreas naturales como barrancas, cerros o humedales. Numerosas razones contribuyen, en conjunto, a este deterioro social, económico y ambiental que, en su expansión, lleva a un mismo destino a las comunidades que son absorbidas por ella, perpetuando una lógica de desarrollo desigual en los centros urbanos, y pobreza urbana en las periferias: una suerte de socialización de los costos y privatización de los beneficios económicos de las ciudades.

En el caso de la cuenca del Valle de México, la pérdida simultánea de la capacidad de regulación de agua pluvial, con la apertura de la cuenca hacia el norte, y la invasión de territorios lacustres, dieron forma y cimiento a una de las condiciones más perversas de manejo hídrico para una metrópoli de estas dimensiones. Los ríos y lagos pasaron a ser drenajes, las planicies lacustres y aluviales se convirtieron en zonas urbanas en el Estado de México de la talla de Chimalhuacán, Ecatepec o Ciudad Nezahualcóyotl; se siguen rellenando con cascajo y basura los lagos de Chalco para dar pie a nuevas colonias irregulares dentro de santuarios de agua; las barrancas de Tacubaya o Naucalpan conducen aguas negras.

Ese fue el caso en la historia reciente del urbanismo metropolitano en la cuenca, históricamente rodeada de humedales hacia el sur y oriente, y montañas al poniente, se rigió por los primeros proyectos urbanos inmobiliarios de principios del siglo xx ,cerca del centro, iniciando así la ampliación de su traza hacia las tierras firmes de poniente. En el caso de los pueblos del sur de la ciudad, el movimiento se dio hacia los pedregales, mientras las antiguas haciendas y pueblos lacustres originarios se mantenían en una condición rural hacia el sur-oriente de la cuenca.

En las últimas dos décadas el suelo agrícola y las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México y el Estado de México han sufrido un cambio acelerado, muchas veces irregular, en el uso de suelo. Como respuesta a intereses de generación de vivienda que se han pervertido para beneficio de dos actores principales: los asentamientos irregulares y unifamiliares que se expanden gradualmente, y el de los desarrolladores inmobiliarios que apuestan por lo barato y genérico y requieren de grandes extensiones de territorio de muy bajo costo, casi siempre de uso agrícola y lejos de los centros urbanos. Este deterioro ambiental ha generado una pérdida en la recarga de los acuíferos por la urbanización, una sobreexplotación por la multiplicidad de pozos profundos, y la descarga de la mayor parte de las aguas residuales con poco o nulo tratamiento a los dos grandes efluentes de las ciudades: los ríos Lerma y Tula.

La pérdida del control del desarrollo urbano por parte del gobierno y la sociedad civil organizada es, sin duda, uno de los errores que más nos va a costar corregir, pero siempre hay un camino: la restauración ecológica es posible, siempre y cuando existan la voluntad y las condiciones económicas que lo permitan. Prueba de ello es la reciente designación de Texcoco y Tláhuac-Xico como áreas naturales protegidas, las cuales sientan un precedente importante para la conservación y regeneración de esos ecosistemas lacustres.