por Ernesto Betancourt Arriaga | @eba61

La Estela de Luz, la Cineteca Nacional, La Biblioteca Vasconcelos, la Línea 12 del metro o la sede del Senado de la República no solo tienen en común entre sí su ubicación en la Ciudad de México y su realización reciente, tienen también en común que todas ellas son obras públicas contratadas y ejecutadas con fondos del Estado sean locales o federales, y todas en mayor o menor medida y más allá de su calado arquitectónico tienen problemas de calidad, de transparencia financiera, o de ambas ¿Será el recientemente anunciado nuevo aeropuerto de la ZMCM a cargo de Norman Foster el próximo en la lista?

Entre los arquitectos es frecuente y relativamente normal atacar los proyectos del prójimo, un proyecto ajeno será siempre vandalizable y no hay mejor sobremesa entre los arquitectos que destrozar los proyectos de otros, pero más allá del usual canibalismo del gremio ¿es la falta de calidad constructiva o la escoria de la corrupción realmente culpa de los arquitectos?, ¿no serán los discretos gestores gubernamentales que las promovieron, o los casi siempre despistados políticos que las ordenan los verdaderos responsables? Según de donde venga la valoración el culpable cambia, si viene de los arquitectos no favorecidos con el resultado o el encargo la culpa será de la firma ganadora -se increpa falta de oficio, incapacidad o complicidades turbias. Si la crítica es de los opositores al gobierno la culpa la tendrán los políticos en turno que se atrevieron a usar los sagrados fondos públicos en obras suntuarias o “elefantes blancos” como les gusta llamar a la falta de escala y programa arquitectónico. Y los resentidos que viven fuera del presupuesto culparan a los funcionarios y gestores que como los arquitectos perdedores siempre suponen que ellos lo harían mejor. Si bien es cierto que la falta de oficio, la desmesura o incluso prácticas ilegales producen obras inútiles y banales, casi siempre arquitectos, gestores e incluso los atolondrados políticos resultan ser más víctimas que culpables, y entonces ¿donde recae la culpa?

Creo que como en las novelas de Sherlock Holmes el culpable hay que buscarlo en otro lado, quien creo debiéramos proscribir, encarcelar, fusilar y sepultar -la verdadera culpable tiene nombre y apellido, y se llama: “Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma“, es esa anquilosada y disfuncional Ley la que produce los desfiguros y descalabros de los que hablamos atrás, expliquémonos; desde la Constitución del 17 se consigna la necesidad de contar con “subastas públicas” para la contratación de obras de índole municipal, estatal o federal, y desde entonces en la realidad era más un formalismo que un hecho y que claro no inhibió el surgimiento de grupos asociados al poder político que contrataban todas las obras públicas. (ver: NAVA Negrete Alfonso, Derecho de las Obras Públicas en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1992.) No nos detendremos demasiado en relatar la evolución que a partir de entonces fueron tomando las diversas leyes para regular y reglamentar la contratación de obras públicas, normas y reglas -más bien lacónicas y escuetas, y que daban un margen muy amplio en la forma o montos de contratación y que en la práctica eran letra muerta. Es hasta que las obras públicas se convierten en un activo político y por supuesto económico que se piensa en modificar la Ley de Obras Públicas, los crecientes montos de las edificaciones representaban una forma de poder político, económico, social y por supuesto personal.

Los sismos del 85 en la Ciudad de México no solo derrumbaron cientos de edificios sino la confianza en la calidad de muchas de esas edificaciones gubernamentales cimentadas en el suelo fangoso de la metrópoli y de la corrupción. Es entonces que a partir del 86 comienzan sucesivas reformas de la Ley del 65 hasta el engendro que hoy nos rige desde el 2007 -con sucesivas transformaciones, una peor que la otra.

Es claro que el espíritu de la Ley debe ser la transparencia y equidad en la asignación de los contratos, pero suponer que imponer candados y más candados estrictamente burocráticos a una ley cuyas llaves las manejan “cerrajeros” dentro del aparato gubernamental es ingenuo lo menos y perverso lo más –y entre los muchos porqués enlistamos algunos: al no existir una Ley de proyectos públicos son considerados un servicio relacionado con la obra por lo que su contratación es siempre un galimatías que hace que los proyectos estén incompletos cuando no francamente deficientes, los arquitectos tienen que hacer proyectos ejecutivos al vapor, muchas veces sin recibir honorarios y con muy pocas garantías, se solicitan estados financieros y absurdas auditorias que excluyen de inmediato a despachos pequeños o jóvenes provocando asociaciones perversas entre arquitectos y constructoras. La innecesaria cantidad de papeleo, auditores, “candados” no evitan la corrupción, solo la encarece y obstaculiza la eficiencia y el ejercicio optimo del presupuesto. Las licitaciones de obra son muy frecuentemente pantomimas pactadas de antemano entre constructoras y funcionarios, sea por corrupción abierta o porque es la única forma de cumplir con una tramitologia inexplicable, infinita y amañada, todos los actores lo saben pero es una práctica cotidiana y es más la norma que las empresas concursantes están asociadas con políticos o funcionarios que la excepción.

Por supuesto a las empresas ganadoras se les solicitan “dadivas” de muy diversos tipos, desde contribuciones encubiertas a campañas políticas hasta aportaciones personales para engrosar el patrimonio de funcionarios y políticos de muy diverso monto y rango. Igualmente las constructoras frecuentemente cambian las especificaciones a su conveniencia sin la menor ética sobre la calidad y durabilidad del producto, la rentabilidad máxima es el único objetivo y amparados en la “similitud” entre un producto de marca y su clon “similar” como marca la Ley se alteran y modifican especificaciones y alcances. Las licitaciones, son hoy un proceso viciado de origen y que por lo demás está dirigido a abaratar las obras cuando no a producir ganancia ilícitas, es absurdo calificar la realización de futuros equipamientos e infraestructuras patrimoniales que deberían durar mucho tiempo por la baratura de las mismas, el costo debería ser fijo, los contratantes en la medida que tienen un proyecto y un presupuesto saben el costo real, pesos más, pesos menos, pero la diferencia económica de una propuesta contra otra es la llave de la corrupción.

Tratándose de una obra de autor es peor, mercadear una obra de Foster o de algún autor reconocido equivaldría a concursar entre distintas orquestas para dar con aquella que sea capaz de interpretar una obra de Mozart por ejemplo, al menor costo posible, el resultado sería una orquesta con menos músicos, tocando con instrumentos poco confiables o defectuosos o con músicos de menor talento o preparación -la comparación puede sonar ridícula, pero cualquiera que haya visto como se construyen las obras públicas en este país sabe de lo que estoy hablando.

Otro tema para el cual ya no tendré espacio es el del mantenimiento, cuya inexistencia una vez terminadas las obras las condena al abandono y la decrepitud lo que está también asociado a las carteras políticas y a la deficiencia de la legislación hecha por decenios por la ineptitud de nuestros representantes.

Cuesta trabajo creer que Sir Norman Foster se preste a una patraña o a modificaciones absurdas o sustanciales en la lógica de un proyecto como el aeropuerto, sin embargo hemos visto ya muchos casos donde acaban descartando a despachos “top” y el trabajo acaba en manos de firmas maquiladoras que distorsionan y abaratan un buen proyecto. La presencia de FR-EE desgraciadamente no es garantía, si difícilmente pudo controlar la calidad de una obra privada y casera como el Museo Soumaya o la Plaza Mariana, llegar a controlar una obra pública de las dimensiones del aeropuerto con nula experiencia puede convertirse en su némesis. Así pues, creo que en el estado actual de la legislación sobre obras, la licitación pública es el camino más corto al fracaso, ya tenemos demasiados fracasos acumulados como para no darnos cuenta donde está el problema, hay que buscar nuevos mecanismos para que la asignación de obras sea funcional y limpia, el renovado Colegio de Arquitectos podría servir de ariete para impulsar cambios a las leyes que permitan concursos de tecnología, procedimientos, programas, concursos con empresas internacionales basados en normas y patrones globales, hasta el simple sorteo entre empresas dentro de un padrón actualizado sería mejor, u otro pero nunca por el abaratamiento del costo real.

Sì, sería esplendido imaginar un aeropuerto diseñado por Norman Foster: cómodo, bello, sostenible, funcional, esta es la gran oportunidad de Fernando Romero para demostrarnos a todos su capacidad y calidad, sin embargo creo que hoy en día, sin cambios radicales a la Ley, en las condiciones reales del país, bajo nuestra absurda legislación, administrada por quienes regulan y ejercen la normatividad, y el océano de corrupción en el que nadamos la probabilidad indica que sí se licita como hasta ahora se ha hecho, el licitante que resulte ganador leerá en las bases hechas bajo esta Ley: “suministro y colocación de Foster o similar”.