Carla Scoffié es abogada y maestra en derechos humanos y democratización, con experiencia en temáticas sobre derechos de los pueblos indígenas, población LGBT+, medioambiente, no discriminación y género. De manera particular, se ha enfocado en las problemáticas de vivienda y de ciudad. Por medio de una intensa actividad académica y en tribunas en diversos medios, se ha convertido en una de las líderes de opinión sobre el problema de la vivienda en México. El año pasado publicó País sin techo. Ciudades, historias y luchas sobre la vivienda (Grijalbo, 2023), un libro dirigido al público en general en el que discute esta crisis desde una perspectiva interdisciplinaria. En su esfuerzo por hacer de carácter público el derecho a la vivienda y sus particulares dinámicas jurídicas, este libro propone entender las necesidades locales para plantear soluciones a un problema a escala global.

—Tu libro tiene una fuerte fundamentación jurídica. ¿Cómo ha sido recibido por arquitectos y urbanistas?

—Me ha llamado la atención y me halagado mucho que gran parte de los lectores que está teniendo el libro son arquitectos y urbanistas. Las presentaciones del libro que he realizado, en universidades (excluyendo ferias del libro), podría decir que han sido, por decir un porcentaje, en un 98-99 por ciento de las veces en facultades de urbanismo, arquitectura y similares, y no en facultades de derecho. Creo que esto es justamente porque, tanto los arquitectos como los urbanistas, trabajan con el derecho y dependen de él para poder hacer lo que planean. Muchas veces el derecho es incluso un obstáculo, uno que no se comprende, porque el derecho está construido para que la gente que no es abogada no lo entienda. Y eso me parece un tema que hay que tratar, y hay que tratar de hacer esos puentes entre disciplinas, justamente porque también el derecho comparte con la medicina este carácter de ser muy oscura y, al mismo tiempo, de algo que nos afecta de manera directa. Cuando tienes una enfermedad, sabes que algo está mal, sabes que algo te está pasando, pero no entiendes por qué, no entiendes qué es lo que ocurre, pero el médico sí, y muchas veces no te lo externa. Pasa lo mismo con el derecho, con arquitectos y urbanistas: hay veces que las cosas no salen, no se pueden o son de una forma que no permite trabajar y queda la duda de cómo funciona: no se entiende por qué tal autoridad hace esto, no entiendo por qué la norma está planteada de esta forma. De alguna manera, en el libro yo buscaba generar, al menos, un pequeño espacio que puede iniciar ese diálogo entre disciplinas.

—Esto que dices, acerca de cómo el lenguaje del derecho está diseñado para que la gente de a pie no lo entienda, también se podría decir de la arquitectura. ¿Consideras que en esta disciplina sucede algo similar?

—De hecho, algo que me ha llamado la atención, y es una reflexión que he tenido en los últimos años, es que la arquitectura, el urbanismo y el derecho no están tan alejados como parece. Al final del día, la arquitectura, el urbanismo y el derecho definen qué es lo que se puede hacer en una sociedad, qué es lo que no se puede, cómo deben ser los espacios, cómo no pueden ser los espacios. Y en esa interacción, que tiene que ver con lo permitido y lo prohibido, llámese una forma de construcción, un trazado urbano, una ley de programa de desarrollo urbano (PDU), siempre se genera este efecto de oscuridad, de preguntarse por qué las cosas están cómo están. Y creo que también, en ese sentido, tanto arquitectos y urbanistas, como abogados, le debemos a la sociedad ese trabajo para, de verdad, transparentar por qué las cosas son como son. Incluso, de esa comunicación puede depender que la sociedad nos indique en dónde deberíamos cuestionarnos nuestra propia labor, y dónde replantearnos la forma en la que hacemos las cosas.

—¿Hay alguna manera de que este conocimiento del derecho se pueda divulgar? ¿Qué consideras necesario para que los ciudadanos puedan acceder a este tipo de discusiones?

—Hay muchos problemas históricos: el derecho se hace para que no sea entendido por parte de la gente, y esto no es únicamente una crítica al aire, sino que, incluso en muchos momentos históricos, hubo una decisión de hacer que el derecho operara de cierta forma para que, justamente, sólo una élite pudiera conocerlo. Por ejemplo, el tema del uso del latín como lengua de la profesión, que lo fue durante mucho tiempo. Creo que los abogados y abogadas debemos replantearnos nuestro papel y entender que el hecho de que conozcamos cómo funciona el sistema jurídico no nos da el derecho a tener el monopolio de decidir cómo van a ser las cosas, sino que nos mueve la responsabilidad de cómo transparentarlas y comunicarlas. A mí me parece que en muchas reflexiones sobre arquitectura y urbanismo hay toda una serie de reflexiones, discusiones y análisis que se hacen en esas disciplinas, que luego, al momento de ya hacer una ley, de ya hacer un reglamento, de hacer un tipo de norma relacionado con arquitectura y urbanismo, se ve transformado por parte de los abogados, quienes los modifican y acotan. Y, muchas veces, ni siquiera se transparenta el porqué, o cuáles serían las razones para hacer esas modificaciones. O bien, se hace sin buscar la forma de conciliar las necesidades de ambas disciplinas: conciliar cómo tendría que ser una norma y cómo interactúa con el resto del sistema jurídico; y, al mismo tiempo, cómo esa norma va a impactar en la forma de construir los espacios en los que se vive la ciudad. 

—¿Cuáles dirías que son las nociones básicas que un habitante de la ciudad debería aprender para mejorar su comprensión de las dinámicas de la vivienda desde un aspecto jurídico?

—Un punto que a mí me parece indispensable y que, de hecho, se aborda en el libro, sobre todo en la primera parte, es qué es el derecho a la vivienda. Y también qué es el derecho a la ciudad, que también se aborda posteriormente. Puede parecer algo obvio y demasiado básico. De hecho, hasta pareciera una discusión ociosa o meramente teórica. Pero la verdad es que no: sostengo que la forma en la cual entendemos la vivienda va a determinar cómo discutimos esa problemática y, por lo tanto, cuáles son las soluciones que planteamos, o cuáles son los caminos que alcanzamos a ver como soluciones. Creo que mucha de la discusión en México ha sido obstaculizada porque muchas veces hay confusión sobre lo que entendemos por vivienda: si es sólo la vivienda en propiedad; o si es la vivienda de arrendamiento; si la vivienda es la estructura arquitectónica o es algo más allá de ella; si abarca sólo la vivienda temporal o permanente, entre otras discusiones. Y lo mismo pasa con el tema del derecho a la ciudad, que ahora se menciona mucho, pero, al mismo tiempo, no nos detenemos a preguntar qué estamos entendiendo de verdad por derecho a la ciudad. Y no sólo en puntos que ya habremos escuchado, como la igualdad desde la perspectiva de género y medioambiente, sino qué implica en cuestión de exigencias al Estado, qué es lo que se esperaría que haga el Estado o el sector privado frente al derecho a la ciudad. Hacernos esas preguntas y replantearnos qué entendemos por vivienda, qué entendemos por ciudad, es, para mí, el punto de partida antes que cualquier otro tipo de discusión que podamos tener.

—En ese sentido, tu libro hace un gran trabajo para dar a conocer estos derechos. Como dices, cuando no se nombra un derecho, permanece invisible.

—Uno de los objetivos que tenía con el libro era aportar un texto que pudiera funcionar como detonador de la discusión. No porque antes no hubiera un debate sobre la vivienda: estas discusiones llevan más de un siglo, al menos desde una lógica contemporánea. Por eso propongo una perspectiva interdisciplinaria, que no sea sólo gremial, es decir, sólo de arquitectos encerrados en la facultad hablando de ello, como sucede cuando los abogados en una facultad hablan de normas. Es una discusión interdisciplinaria, transdisciplinaria y, sobre todo, con una vocación pública.

—¿Qué tanta responsabilidad tienen los arquitectos en la actual crisis de vivienda?

—Al ser un tema de este tamaño, nos involucra a todos y todas, pero es un hecho que también los arquitectos tienen un papel fundamental, porque, por un lado, tienes que conciliar factores que muchas veces están fuera de tus manos: como puede ser el precio de los materiales o el espacio, con los elementos que una vivienda debería seguir en términos de habitabilidad, en términos de espacio, etcétera. Eso también debería llevar a que las discusiones sobre arquitectura no sólo partan desde un terreno ya dado sobre el cual hay que construir, sino también a discutir las condiciones con las cuales los arquitectos pueden trabajar mejor. Hablar de arquitectura también es hablar, por ejemplo, de bancos de suelo, de cómo hacer para que haya realmente disponibilidad de espacio y que en las ciudades haya una priorización del suelo para que esas viviendas puedan diseñarse con las condiciones que requieren y haciendo, al mismo tiempo, un balance entre costos y necesidades humanas. Hay una responsabilidad, primero, de no entender la arquitectura sólo como el diseño de una casa, sino como el diseño de un espacio que está en interacción con todos los demás. Y, por lo tanto, hay que entender también que las discusiones de arquitectura son discusiones públicas sobre las condiciones que el Estado y la ciudad les dejan a los arquitectos para poder hacer su trabajo.

—A pesar de la lentitud de una disciplina como la arquitectura, también hay una exigencia de actualidad e innovación. Ahora se habla mucho de megaproyectos, inteligencia artificial, de Airbnb o las startups. ¿Estas innovaciones tecnológicas pueden ayudar a visibilizar o plantear soluciones al problema de la vivienda?

—Como se ha dicho en otras ocasiones, las tecnologías no son buenas ni malas, sino que dependen de para qué y cómo se utilicen. Yo considero que, en la actualidad, la planeación urbana puede apoyarse mucho de estas tecnologías, sobre todo con el tema de generación de datos, que es la información de cómo se comporta una ciudad. Eso tiene un impacto en cómo entendemos el diseño de las viviendas, los espacios que habitamos, tanto en espacios públicos como privados y, en ese sentido, hay que generar una discusión en la cual esas tecnologías puedan apoyar a, por ejemplo, realizar diagnósticos, conocer mejor la realidad y lo que está a nuestro alrededor. No obstante, tampoco hay que creer que van a ser la panacea y van reemplazar los trabajos que ya se hacen. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que puede ser muy benéfica para procesar datos y ayudarnos a revisar información, no es una tecnología que sea capaz de innovar; se olvida con frecuencia que una inteligencia artificial va a producir con base en información ya existente, no va a innovar y, conforme más se usa, la inteligencia artificial también está el riesgo de que se termine autovalidando a sí misma, de tal manera que genera soluciones muy homogéneas que no encajan en una realidad compleja, dinámica, como son las ciudades.

—Tu libro entiende el problema de la vivienda desde contextos locales. Los capítulos, precisamente, se dedican a ciudades en particular: Mérida, Campeche, Ciudad de México, San Luis Potosí, Nuevo León. ¿Consideras que, más que una solución unitaria, se deberían buscar respuestas locales para el problema de la vivienda?

—Totalmente. Yo parto de una visión muy descentralizada, muy desde lo local. Uno de los problemas de los estados en México es que están, de alguna manera, diseñados de arriba para abajo. De alguna manera, a pesar de que la Constitución plantea que los municipios son la base del desarrollo territorial, ocurre una construcción y una ejecución de las políticas públicas que va de arriba para abajo, cuando tendría que partir de discusiones locales. En ese sentido creo que, salvo algunas excepciones, es complicado plantear soluciones a nivel nacional, sobre todo en un país tan diverso como el nuestro. Ya no hablemos de geografía, de cultura o problemáticas sociales, sino de dinámicas urbanas y necesidades de vivienda. No es lo mismo la discusión que está teniendo un arquitecto en Tijuana a la de uno que está viviendo en Mérida o Oaxaca. Las condiciones en las cuales se trabaja, se piensa la ciudad, se atienden las necesidades y se plantean las discusiones urbanas en distintos lugares son diferentes. Yo creo que estas discusiones tienen que ser de abajo para arriba, tienen que partir de lo local, sin que eso vaya en detrimento de que podamos escuchar las experiencias de otros lugares que, de hecho, yo creo que eso es necesario: aprender cómo han sido las discusiones de otros países, para que, sobre eso, volvamos a ver lo local, volvamos a ver lo que nos rodea y sacar conclusiones, propuestas e iniciativas. Algo que a mí me ha apasionado mucho en los últimos años y que fue algo muy accidental, que se fue dando poco a poco, fue la posibilidad de conocer distintos contextos y procesos que se dan en varias ciudades del país, justamente porque me ha tocado acompañar casos judiciales que tienen que ver con vivienda y ciudad en varios estados. Pero, al final del día, toda esa información es para volver a tu ciudad, a tu barrio, y preguntarte qué de esto me sirve para entender y hacerme las preguntas correctas en mi entorno.

—Antes de que se publicara este libro, ya formabas parte de un movimiento para visibilizar y repolitizar el problema de la vivienda a lo largo del país. ¿Cómo ha sido tu experiencia política en manifestaciones, conversatorios?

—Tengo la fortuna de haber podido trabajar este tema, tanto desde la política como desde el activismo, la incidencia, la academia y la consultoría. Lo que sí creo, y lo que he aprendido de todo esto, es que esos tres mundos parecieran estar separados, pero realmente son necesarios para entenderse de manera mutua. Así como hay que participar en una marcha, también hay que participar en ciertos espacios liderados por autoridades o el sector privado, para entender cuáles son las discusiones, cómo se está entendiendo del otro lado, en cuáles podría haber otros aspectos por considerar y, por supuesto, también en la academia. La academia y la práctica —sea política, de trabajo o consultoría— se retroalimentan, no es que la teoría sea algo en el éter que no tiene efectos prácticos.

—¿Cuál consideras que es el principal obstáculo que ha evitado la consolidación de un movimiento contra la injusticia inmobiliaria y de vivienda en nuestro país?

—Yo creo que sí hay un movimiento, hay una insistencia. De hecho, algo que me ha llamado la atención es que incluso es más común, cada vez, que medios de comunicación o políticos hablen de vivienda y ciudad. No es que antes no se hablara de esto, pero sí me parece que en los últimos años ha habido un aumento en las referencias y las discusiones cada vez se hacen más públicas. Temas como la gentrificación en distintas ciudades o el tema de los nómadas digitales o Airbnb son coyunturas que han hecho que la gente hable más del tema, se familiarice más con hablar de vivienda y ciudad. Me parece que sí está sucediendo esa conversación, de alguna manera. Pero, lo que pasa también es que, por lo general, cuando pensamos en movimientos políticos en México, pensamos en movimientos articulados a nivel nacional. ¿Por qué? Porque así lo hemos visto con otras movilizaciones como el movimiento feminista, LGBT y por ciertos derechos laborales. En este caso, lo que ocurre es que, como la vivienda y lo inmobiliario son dinámicas muy urbanas, esto hace que dichas discusiones no tomen el mismo camino, el mismo rumbo, el mismo lenguaje. Y no creo que sea posible, y ni siquiera diría que necesario o deseable, pensar que tenga que ser algo homogéneo y coordinado a nivel nacional. Cuando vemos, por ejemplo, las discusiones que se están dando en Ciudad de México, estas giran mucho en torno a los nómadas digitales y Airbnb; pero si vemos las discusiones que se están dando en Guadalajara, allá están hablando más sobre los precios de las rentas en el centro de su ciudad; cuando hablamos de Tijuana, vemos que lo más preocupante es la dolarización, tanto de la construcción como de la renta; y, cuando hablamos de la vivienda y la ciudad en Monterrey, las discusiones pasan a estar muy relacionadas con el medioambiente y los servicios, el derecho a la vivienda y el acceso al agua. Sí, existe una discusión a nivel nacional, pero por ser dinámicas muy cercanas, muy locales, las discusiones y procesos políticos van a ser locales en ese aspecto. Creo que también hacen falta más espacios en los que se pueda discutir eso e, insisto, creo que la clave está en cómo hacemos que estas discusiones no sean sólo gremiales, sino que realmente sean públicas.