Concurso: competencia entre quienes aspiran a encargarse de ejecutar una obra o prestar un servicio bajo determinadas condiciones, a fin de elegir la propuesta que ofrezca mayores ventajas.

Competencia: oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener la misma cosa.

Licitar: participar en una subasta pública ofreciendo la ejecución de un servicio a cambio de la obtención de dinero u otros beneficios.

Hablamos mucho de la necesidad de que toda obra pública sea adjudicada mediante concursos también públicos. Y no sólo la obra, la construcción de edificios o infraestructura pública, que se asigna muchas veces mediante licitaciones —subastas públicas— no siempre transparentes o incluso, porque la ley así lo permite —en teoría excepcionalmente pero cada vez con mayor frecuencia— de manera directa y con mayor opacidad aun, sino también el proyecto. En el caso de la arquitectura, el concurso del proyecto permite que se puedan comparar varias propuestas, pero además abre la oportunidad a que arquitectos jóvenes o menos conocidos tengan acceso a desarrollar obra pública y, también, que se presenten soluciones inesperadas, permitiendo y motivando la invención y la innovación. Pero sobre todo, el concurso puede dar mayores garantías, tanto a los participantes como a los ciudadanos, de que en la asignación de obra pública no hay favoritismos, compadrazgos o complicidad.

Los concursos ayudan, pero no son la panacea a todos los males de la obra pública. Sin buena planeación, buena ejecución y supervisión de la obra y la total transparencia en el ejercicio del presupuesto, los concursos, por mejor organizados que estén, no bastan. De hecho, la calidad de un concurso dependerá en buena parte de la planeación que le anteceda, para determinar el programa y las condiciones de la obra a concursar, y de la posibilidad real de que, si ese es el objetivo, el proyecto elegido sea llevado a buen término. Por eso no es fácil siempre convencer a funcionarios de la pertinencia de los concursos para proyectos de obra pública, pues no están concebidos como tales en la legislación y no sólo alargan muchas veces el tiempo necesario para que una obra se ejecute sino que estorban —y ese es uno de sus objetivos principales— el uso de la asignación de obra pública como pago o intercambio de favores. Los concursos no son siempre útiles para construir el camino que sigue la carrera política de ciertos funcionarios y por eso tal vez no hayan encontrado eco en un sistema donde la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia son costumbre, como en México.

Con todo, ante obras que se inauguran sin terminar para cerrarse tras cortar el listón por meses o años o con fallas evidentes que jamás se reparan, con sobre costo que llega a duplicar o triplicar el presupuesto y con partidas millonarias que no responden a ninguna obra ejecutada, ante infraestructura no sólo inútil o mal hecha sino que muchas veces resulta perjudicial para comunidades enteras o el medio ambiente o, literalmente, que mata a quienes la utilizan, no se puede más que seguir insistiendo en la exigencia de concursos tanto para el proyecto como para la ejecución de la obra pública. Y habría de paso que intentar pensar los concursos y las licitaciones de una manera más amplia, no sólo como una competencia o una subasta, sino sumando otras acepciones de los términos. Pensar en el concurso como la concurrencia de muchos en el intento por construir algo y así, mejorar el entorno y solucionar algún problema o satisfacer alguna necesidad de la gente; el concurso de aquellos competentes, aquellos que son aptos o idóneos para hacer algo o intervenir en un asunto determinado, y hecho de manera lícita: justa y permitida, según justicia y razón.

Más allá de concebirse como una oportunidad o un escaparate para talentos conocidos o por conocer, que también lo son, los concursos para proyectos de obra pública deben concebirse como parte de un sistema más complejo y completo de gestión y rendición de cuentas, de participación abierta y transparente y entender que, así como en un régimen democrático el momento de la elección es un singular e importantísimo, tampoco son únicos y no bastan. Sin deliberación y debate, sin planificación y participación pública, sin buena gestión y claridad absoluta en la ejecución de las obras y, muy importante, sin que exista responsabilidad tanto política y social como, en caso necesario, legal en caso de que las cosas no resulten como planeadas, los concursos por sí mismos no arreglarán mucho.