La fuerza diagonal fue utilizada por Hannah Arendt para describir los dos polos antagónicos que en vez de tener un punto de llegada en el que chocan, tienen un fin común desde su origen. Lo dicho por Arendt en Entre pasado y futuro: ocho ejercicios sobre la reflexión política, de alguna forma coincide con uno de los fundamentos sociales de Urban Think-Tank al sostener que si el siglo XIX había dado a luz a la ciudad horizontal, y el siglo XX a la ciudad vertical, entonces el siglo XXI sería para la ciudad diagonal, “la que cruza divisiones sociales”.

La evolución de este idealismo pragmático también es descrita por Vishaan Chakrabarti en A Country of Cities, donde el socio de SHoP Architects invita a aprovechar la infraestructura como oportunidad de cambio: “Don’t just survive, thrive. Tomorrow: an integrated, mixed use, mixed income neighborhood”. En pleno debate por segundos pisos peatonales y centros comerciales vehiculares, suena pertinente la idea de ciudad diagonal que crece y se desarrolla en común. Diagonales a nivel de banqueta no como su definición enciclopédica lineal que cruza y corta en dos. La idea de un atajo hacia la equidad, como también lo cuenta Alejandro Aravena sobre sus medias viviendas incrementales.

Pero entonces, ¿cuál es la diagonal del Corredor Cultural Chapultepec como integrador de colonias, vecinos y área en deterioro? No recuerdo un proyecto que haya despertado tanta polémica urbano-arquitectónica (ni con el reciente aeropuerto o el detenido Monterrey VI). En este blog más de diez notas y otra cantidad similar de columnistas y líderes de opinión en medios de comunicación (El dilema sobre avenida Chapultepec y El parque flotante de Mancera). Mucho se ha debatido sobre el proyecto y la transformación-concesión del espacio público en la ciudad, pero lo que me interesa aportar es sobre lo que debieran ser las “Asociaciones público-privadas” (APPs) no sólo por este caso sino por los otros diez pasos-peatonales-elevados anunciados por el Jefe de Gobierno.

Según las disposiciones preliminares de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (reformada el año pasado): “Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta ley son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermedios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País”. La misma ley indica que los proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento.

Sin más, las APPs son modalidades o esquemas de inversión a largo plazo que incorporan técnicas, distribución de riesgos, objetivos y recursos entre particulares y el gobierno (BID, 2010). A diferencia de la definición del BID, en nuestra ley se habla del beneficio social, rubro puesto como “Rentabilidad social del proyecto” en los nueve puntos del desarrollo de una APP. En licitaciones de proyectos de infraestructura se solicitan rigurosos documentos de Manifestaciones de Impacto Ambiental y recientemente de Evaluación de Impacto Social.

Esta forma de APPs es muy ambigua en sus condiciones de “beneficio social” o “mejorar la calidad de vida de las personas”, de igual forma que los objetivos y análisis de terceros hablan de la idea de calle completa con una mezcla entre Las Ramblas y el High Line. Podríamos pensar que es un proyecto de optimistas para muy optimistas o de voraces desarrolladores para hambrientos políticos. Con reciente brío y este primer proyecto, la ley de APPs estaría por tergiversar su modalidad de co-inversión urbana por la conveniente situación entre partes con capital para invertir.

En Ciudades radicales, Justin McGuirk, escribe sobre casos latinoamericanos donde el cambio social y la creación de una ciudad más equitativa no reside en la construcción de buenos edificios o de creativos políticos-arquitectos sino que más bien de la imaginación cívica, de actos creativos de ciudadanía:

“Medellín ha sido pionera en una forma de sociedad público-privada en la que la motivación del sector privado no era, por una vez, el lucro. Si se habla con cualquiera de los implicados en el proceso de renovación urbana desde la década de 2000, subrayarán el papel de la comunidad de empresarios en apoyar el movimiento cívico cuyo propósito era devolverle una pizca de cordura a la ciudad. La lección de Medellín no está en el poder de las bibliotecas y las plazas, sino en la red de agentes políticos, civiles y empresariales que dieron lugar a ellas. La arquitectura no fue sino la expresión de esa red, y esa fue la fuente de su capital social”.

Son modos expandidos de la práctica donde la gestión de la ciudad va más allá de la simulación del consenso o el proyecto participativo, donde no son actos de campaña ni foros demagógicos. La misma idea en diagonal, la pizca de cordura de la ciudad, no es la simple concesión de un pedazo de ciudad, va más por la definición de un proyecto de ciudad y un fin común (La ciudad de las ocurrencias). Las formas de ocupar, invertir, transformar y mejorar nuestra ciudad no debieran surgir por generación o asociación espontánea. La óptima diagonal de una APP sutura los tres factores: sociales, públicos y privados. En este caso se tienen dos puntos y el más importante está en suspensivos. En su libro, McGuirk escribe que había más arquitectos activistas en el siglo XX, quienes fueron/son idealistas de cambio y bien común; y en cambio en el siglo XXI, prevalece “forma sin utopía”. A esta ciudad le falta visión pero sobre todo cordura y capital social (Chapultepec posible).