Las noticias son alarmantes. Miles de usuarios del sistema camionero se han visto obligados a migrar a la adquisición y utilización de un coche particular. Las repercusiones de esta tendencia son gravísimas en términos de la movilidad metropolitana. Según los datos aparecidos estos días en El Informador, el parque vehicular privado ha aumentado en cincuenta mil autos en sólo un año por estas causas y en un millón de unidades en la pasada década.

Los resultados están a la vista. Mientras que el servicio de camiones resulta cada vez más ineficiente para sus usuarios la repercusión en términos económicos y de vialidad resulta aceleradamente más onerosa en diversos términos. En contaminación ambiental, en costo económico para quienes se ven orillados al uso del auto, en saturación de cada vez más numerosos corredores metropolitanos. Es decir: la ciudad sufre una clara regresión en estos terrenos.

A nadie escapa que los esfuerzos oficiales para lograr una movilidad racional y justa deben ser mucho más eficaces y atingentes. La línea 3 del Tren Ligero apunta en esa dirección. La diagonal que esta infraestructura constituirá a lo largo del tejido metropolitano podrá tener una repercusión decisiva sobre una muy extensa área urbana. Si la introducción de este servicio se acompaña de una reestructuración de la gran cantidad de líneas camioneras actuales se podrá obtener una columna vertebral para la renovación del servicio de transporte.

Lo anterior, unido a las implantaciones indispensables e integrales del servicio de prepago y del definitivo establecimiento del esquema de ruta-empresa que pueda sustituir de una vez por todas al tan nocivo recurso del hombre-camión. Resulta indispensable avanzar con celeridad en estas reformas si aspiramos a que Guadalajara tenga la oportunidad de revertir los crónicos rezagos en la movilidad pública.

Nos encontramos ante una verdadera emergencia ciudadana en términos de transporte público. Los recientes paros camioneros mostraron el precario estado de todo el sistema, y la capacidad de alterar, por estos medios, gravemente la vida urbana. La ciudadanía, sus necesidades cotidianas, no pueden ser rehenes de ningunos intereses.

Los costos que representan las décadas sufridas sin que exista una reestructuración a fondo del transporte público en la metrópoli son absolutamente exorbitantes. La noción de que la vivienda popular se resuelve con la dispersión urbana hacia terrenos más “baratos” solamente sirve para transferir a los usuarios cargas económicas y humanas cada vez más pesadas. Las lejanías entre los destinos necesarios para la gente, aunadas a las crecientes deficiencias en el transporte público, repercuten día a día en la calidad de vida de toda la población.

Resulta indispensable contar ya con un plan general de movilidad metropolitana que se pueda socializar ampliamente y, a partir de ello, lograr un amplio convencimiento popular, de instituciones públicas y académicas, de organismos intermedios, que logre impulsar definitivamente la implantación de un transporte público satisfactorio, racional y justo.