El día de ayer se presentó en Av. México 200 el Manual para la reconstrucción con dignidad, iniciativa difundida por Ruta Cívica y CIUDADanía 19S. El documento, a decir de Laura Freyermuth, miembro de CIUDADanía 19S, busca abordar algunas ausencias operativas de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México, legislada durante el mandato de Miguel Ángel Mancera. Aquí, algunos de los fundamentos del manual:

• Denunciar los procesos de reconstrucción oficiales que fomentan el despojo del patrimonio como son demoler para no reconstruir, u ofrecerles a los damnificados un crédito (es decir, una deuda) en lugar de recuperar los inmuebles que, incluso, muchos ya habían adquirido.
• Trabajar a la ciudad como un todo: las autoridades han respondido a la reconstrucción discriminando a las periferias y atendiendo solamente los puntos más céntricos. La reconstrucción de la ciudad debe incluir todos los estratos socioeconómicos.
• Proponer un desarrollo urbano que gestione el riesgo. Recientemente, se ha adquirido consciencia de que la capital de México está construida sobre un lago y sobre múltiples fallas geológicas, y es desde esa circunstancia que se tiene que planear la restauración y el crecimiento de la ciudad.
• Discutir la reubicación. Hay zonas de la ciudad que, en un principio, no tendrían que haber estado en donde estuvieron, por lo que no se puede volver a reconstruir sobre un lugar, de todas maneras, dejaría en riesgo a los ciudadanos.
• Ofrecer consejos para la organización vecinal. Desde un discurso no-prescriptivo, el Manual para la reconstrucción con dignidad orienta en cómo se pueden organizar grupos de WhatsApp y las juntas barriales, e igualmente pone a la disposición del lector un glosario de términos jurídicos y técnicos que el ciudadano tiene que conocer para, así, exigir cuentas a las instancias correspondientes. Entre esos términos, se encuentra la definición de lo que es un DRO, término con el que los damnificados se han familiarizado de manera autodidacta.
• Autocuidado: la reconstrucción no puede referirse únicamente a la propiedad inmobiliaria. Existe un tejido social que se ha enfrentado a la ruina económica y al desarraigo, y que ha buscado lugares de enunciación desde el 19 de septiembre de 2017.

El último punto merece su propio comentario. En las semanas posteriores al sismo, se publicaron algunas opiniones en redes sociales y en medios de divulgación nacional (opiniones articuladas, sobre todo, por la esfera liberal) pidiendo que no se politizara algo tan impredecible como la naturaleza. Ciertamente, las autoridades mexicanas no pudieron haber orquestado el movimiento de las placas tectónicas; ni siquiera los funcionarios esperaban que el mismo día que un terremoto azotara en 1985 una ciudad menos densa y menos equipada para recibir sismos, se volviera a experimentar una situación similar. Pero la ciudad del 85 y la de 2017 ha sido construida a través de proyectos que responden a necesidades y a intereses, y en nuestro 19 de septiembre se hizo evidente, a través de las ruinas, el proyecto de ciudad mancerista. Al margen de la psicosis colectiva que llegó a apropiarse de los canales informativos y de la experiencia en las calles, hay evidencia de que muchos de los edificios de construcción reciente que resultaron dañados pudieron haber evitado su propio desastre. La especulación inmobiliaria generó desalojos o muertes: desprotegió a quienes ocuparon esas oficinas y esas casas. Es verdad que el hasta entonces Jefe de Gobierno fue consciente de su propia imagen ante México y ante el mundo, los medios de distintos países miraron lo que estaba ocurriendo durante esos días. También es algo factual que las autoridades nacionales van a gestionar, antes que nada, los encabezados de prensa: se vio en los inicios de la guerra contra el narcotráfico, y se vio ahora. Miguel Ángel Mancera, rápidamente, autorizó una ley y abrió el concurso para la proyección de un memorial; ambos dispositivos, a pesar de la crítica ciudadana, continúan operando con las mismas lógicas con las que aparecieron. En lo que respecta a la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México, sigue ofreciendo como única alternativa un préstamo a los damnificados para rentar (que consta de 2,000 pesos mensuales, una cantidad que resulta irrisoria ante el panorama que ofrece el libre mercado inmobiliario), o bien, la tramitación de un crédito a largo plazo para que las personas puedan reconstruir un patrimonio con una plusvalía menor que la que pudieron obtener con sus propios esfuerzos. Resumiendo, la pérdida del patrimonio se transformó en una deuda para los damnificados, y en la burocratización de su circunstancia. El crédito no se tramita con la rapidez que ellos requieren y, mientras tanto, sus viviendas o lugares de trabajo buscan ser derrumbados para que las autoridades demuestren su propia eficiencia.

Por el lado del memorial, resultaría importante seguir discutiendo cómo es que los arquitectos han contribuido a construir la ciudad contemporánea. ¿La arquitectura no es, acaso, una forma de discurso? No podríamos definir moralmente lo que emite ese discurso, lo único que podemos constatar es que existe. Detrás de la especulación inmobiliaria hay un ejercicio arquitectónico y económico que ha provocado desigualdades urbanas, lo mismo que en la monumentalización que legitima más a la jefatura que a los damnificados. El Parque Memorial 19S no subsana las heridas sociales, no hace justicia. Hace presente, más bien, que las víctimas por el sismo, en algún momento, representaron una oportunidad electoral, o bien, el mero rendimiento de cuentas institucionales y la atención a destajo que eso conllevó. Sin estudios geológicos o de mecánica de suelos se han entregado dictámenes que autorizan que los ciudadanos se vuelvan a poner en riesgo. Ocurre también que propiedades no pueden volver a ser ocupadas y que permanecen en la incertidumbre a 11 meses de lo ocurrido. El 13 de agosto, el sitio de noticias MVS reportaba que en Iztapalapa 100 escuelas no podían recibir a los alumnos para su regreso a clases.

Alrededor de los edificios dañados rondan ciertos espectros que no son únicamente los de la naturaleza. Le pese a quien le pese, las consecuencias del sismo han sido políticas, tanto que han generado organizaciones civiles como CIUDADanía 19S. ¿Y la organización civil no es un síntoma de las condiciones actuales que tenemos en el gobierno? Se han difundido casos de padres de familia que han buscado por sus propios medios a peritos forenses para que puedan identificar a los cuerpos de sus hijos desaparecidos. También el trabajo de la oficina de Forensic Architecture, presidida por el arquiecto Eyal Weizman, negó “la verdad histórica” de Murillo Karam que cerró el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. El trabajo que Forensic Architecture entregó a organizaciones independientes de Derechos Humanos en México arrojó nuevas preguntas en torno a un caso que pretendió dejarse en el olvido histórico. El Manual para la reconstrucción con dignidad es una de las aristas de un momento que se ha transformado en protesta, en el reclamo por la devolución de un patrimonio que no contribuya a mantener las prácticas inmobiliarias actuales. Es verdad que no solamente se tiene que restaurar la propiedad inmobiliaria, también la confianza que podemos llegar a tener en las instituciones. Hay que seguir diciendo, junto a Alejandro Hernández Gálvez, que la mejor prevención para el sismo es un buen gobierno. Hay que seguir demandándolo.