Porque sí, como dicen los niños. En verdad la más razonable de las razones”.

Eugenio Trías

En el aforismo de Trías hay un doble juego: de palabras y filosófico. Los dos, finalmente, se conectan. De palabras, porque el que sea la más razonable no significa sólo aquella que con más razón cuenta sino, sobre todo, la que más se presta a ser desmenuzada mediante métodos racionales. Filosófico, en su referencia al niño de Zaratustra y su afirmación de la vida: el sagrado decir sí. Pero el porque sí no vale para todo y en cualquier momento. Ni en la política ni, menos, en lo político se vale el porque sí. Ahí hay que ser claros, argumentar y, en principio, convencer.

Recientemente el Fondo de Cultura Económica publicó en español un libro con varios ensayos de Norberto Bobbio, Democracia y secreto. En el primero de los ensayos, El poder invisible, Bobbio dice que “la democracia es idealmente el gobierno de un poder visible, es decir, el gobierno cuyos actos se realizan ante el público y bajo la supervisión de la opinión pública.” Contra ese principio se ejerce un poder invisible. Desde afuera pero también desde dentro del gobierno, cuando se toman decisiones que benefician a particulares de manera ilícita y se mantiene la opacidad en el ejercicio del poder —lo que es, según Bobbio, una negación de la democracia.

En otro de los ensayos Bobbio dice que un gobierno público es aquél en el que “los actos de poder son ejercidos directamente frente al pueblo o que son comunicados de diferentes maneras a sus destinatarios naturales.” Bobbio cita a Kant y afirma la injusticia de aquellas acciones que para lograrse deben de mantenerse en secreto. También cita a Francesco Guicciardini, historiador y político del siglo XV: “es increíble cuánto le beneficia a aquel que administra el que las cosas permanezcan en secreto.”

¿A qué viene todo esto? El 24 de enero pregunté en tuiter al delegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Romo, cómo se asignan los proyectos arquitectónicos en su delegación y si había concursos para ello. La respuesta fue un simple “sí”,pero no el razonable sí del niño, sino un sí mudo, autista, impenetrable. No parecía haber intención de explicar más. Ante mi insistencia y la de otros más, Romo respondió, un día después: “cuando gustes vayan a verme y comentan inquietudes! Saludos y buen día”.

Insistimos: ¿por qué no responder públicamente una pregunta hecha en público sobre la manera de decidir quién realiza los diseños arquitectónicos de proyectos públicos en su delegación? “Hay distintas formas de acuerdo a la ley de Adquisiciones!” —respondió. De acuerdo, precisamos: ¿cuál se eligió para cada proyecto? “¿Qué obra?” —preguntó Romo. Le mencionamos varias: Masaryk, Parque Winston Churchill, Calzada México Tacuba, Corredor Barragán, el edificio delegacional, el Cine Cosmos, el Mercado Peña Manterola, Plaza De Gaulle. Silencio. Pese a la insistencia Romo ya no respondió nada. ¿Silencio o secreto? “Es increíble cuánto le beneficia a aquel que administra el que las cosas permanezcan en secreto.”

Por supuesto Romo no es el único que tiene esa mala costumbre de no contarlo todo o contarlo a medias. Es una práctica común en este país y su perjuicio menor es el que cualquier funcionario pueda contratar al arquitecto que se le déx la gana simplemente por eso, porque se le da la gana —lo que en general no es bueno dado el mal gusto que caracteriza a tales funcionarios. Pero los peores males son la falta de planeación y la corrupción que hace de las obras públicas un hoyo sin fondo para el erario y una olla de oro para funcionarios y contratistas cómplices.

Romo pudo —debió, más bien— haber respondido diciendo: para el proyecto de tal obra, seleccionamos a tal arquitecto porque un grupo de consultores, entre los que están fulano, mengano y perengano, lo sugirieron, y lo contratamos mediante una adquisición directa pues la arquitectura es una obra de arte —fue el argumento de Consuelo Saizar el sexenio pasado y ya sabemos con qué resultados tan malos nos dejó: obras mal planeadas, mal construidas, inacabadas. También pudo haber dicho: hicimos una licitación, se publicó en tal fecha, nadie participó o todos fueron descalificados y se declaró desierta. Entonces seleccionamos a tal por cual por esto y lo otro. O pudo haber explicado quiénes participaron en la licitación y por qué la ganó tal o cual arquitecto —incluyendo cuánto cobrará por honorarios. Nada de eso hizo. Silencio. Secreto. Claro, nos queda el recurso a solicitar la información a los organismos encargados de vigilar la transparencia y hacerla pública, pero mi duda sigue siendo la misma: ¿por qué no quiere hacer pública, con toda claridad, esa información sobre hechos que debieran ser públicos?

Imaginemos un caso de pura ficción. Un funcionario le pide un proyecto a un arquitecto para una obra que ni siquiera sabemos si es necesaria. El arquitecto se ilusiona —sabemos con cuánta facilidad somos seducidos por el poder… de hacer algo. El arquitecto realiza el proyecto pero le preocupa la manera como lo vayan a contratar. Sabe que la ley exige una licitación en la que participen al menos tres y en la que se seleccionará a quien cobre los honorarios más bajos. ¿Cómo saber si ganará? Fácil: invitará a la licitación a un par de amigos que cobrarán más que él —previo aviso, claro. Y ganará. ¿Se podría hacer pública esta historia? ¿O, siguiendo a Kant, debemos considerarla, al deber permanecer en secreto, injusta? —o, más simplemente, fraudulenta.

Lo peor es que, si las cosas sucedieran como en la pequeña ficción que he descrito, no sólo nos hallaríamos ante procedimientos injustos y fraudulentos, sino que no podríamos saber si realmente se llevan a cabo las mejores ideas y, además, para los arquitectos jóvenes o desconocidos que no tuvieran la fortuna de poder entablar relaciones cercanas con algún funcionario sería increíblemente difícil llegar a proyectar obra pública en el país. Y, ya que Bobbio dice que “el secreto es siempre un instrumento de poder”, si pasara como en mi cuento, si no hubiera concursos públicos y abiertos, jurados y asesores reconocidos e imparciales ni la voluntad de los gobernantes de explicar con claridad los procedimientos y las reglas para tomar decisiones y elegir, estaríamos ante un ejemplo de métodos injustos que sirven a una oligarquía a mantener a toda costa sus privilegios más allá de la calidad de sus ideas.

Seguramente eso no es así. Deben haber razones y argumentos suficientemente claros que pueden hacerse públicos para explicar, paso por paso y documentadamente, cómo se eligió a un arquitecto para hacer el proyecto de una obra pública. Si Víctor Romo no ha respondido aun la pregunta de tuiter —podría ser diciendo: sigan esta liga, en tal sitio subimos toda la información que piden—, tal vez se deba a que estaba ocupado rindiendo su primer informe de gobierno y preparando la campaña publicitaria para el mismo: tú pagas, tú mandas. Probablemente en estos días se nos informará, puntualmente, cómo se tomaron tales decisiones. Si no, ni modo: seguiremos insistiendo.