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Paisajes públicos, paisajes privados

Paisajes públicos, paisajes privados

6 junio, 2022
por Christian Mendoza | Instagram: christianmendozaclumsy

En febrero de 2018, Luis Zambrano, en un texto para la revista Nexos, puntualizaba: “Las ciudades son dinámicas. Se expanden, cambian la infraestructura, se reciclan y en ocasiones se contraen”. En principio, el crecimiento de la Ciudad de México debía responder a un incremento poblacional: conforme la cantidad de habitantes crece, las opciones de vivienda debían ser más diversas. Sin embargo, apuntaba Zambrano, las políticas públicas usaban como argumento el crecimiento poblacional para incentivar “a las constructoras a minimizar costos y a maximizar beneficios”. Esto también fue estimulado por la política de densificación, la cual, hasta hoy, es más que aceptada sin reparar en cómo los intereses inmobiliarios influyen en su implementación. Al respecto, el autor añade: “Las construcciones han elevado su altura para albergar más departamentos (llegando a crear muy altas densidades poblacionales en muy pocos metros cuadrados) y han elevado los precios de las viviendas”. En concreto, Zambrano describía estas prácticas inmobiliarias recientes para denunciar a la desarrolladora Be Grand, quien había adquirido terrenos en las cercanías de Ciudad Universitaria para levantar tres torres de viviendas cuyos costos unitarios rebasaban “los 70 mil pesos por metro cuadrado”, señalando que “si consideramos la encuesta de ingresos y gastos del INEGI, el más pequeño de estos departamentos sólo podría ser comprado por menos del 5% de la población de la ciudad”.

Además de comentar que aquellos edificios ocasionarían problemas con el suministro de agua (añadido a cómo volvía más cruentas las diferencias entre las clases sociales que pueden acceder a una casa en las zonas más céntricas de la ciudad y las que no), Zambrano también comentaba que “otro de los problemas que generan este tipo de construcciones sin una planeación urbana adecuada es la destrucción del paisaje, uno considerado Patrimonio Mundial”. Los conjuntos de Be Grand afectarían “irreversiblemente el paisaje icónico del campus central de la UNAM, el cual lo hizo merecedor de ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Los cambios en la visual del campus, donde dominan la Biblioteca Central con el mural de Juan O’Gorman, la torre de Rectoría y el Estado Olímpico, serían producto de un edificio que tiene la peculiaridad de repetirse en decenas de edificios iguales en la ciudad. ¿Puede un paisaje ser declarado como patrimonio y, por ende, conservarse de los comportamientos que el mismo Zambrano concedió que son propios de la ciudad? ¿Qué implicaba que una desarrolladora de viviendas privadas modificara la visual de una universidad pública? ¿Y cómo esta institución académica respondió para defender algo tan ambiguo como un paisaje?

Fue en el mismo 2018 cuando la Universidad Autónoma de México presentó una demanda legal en contra de Be Grand para evitar que se continuaran las obras de los departamentos de lujo. Cuatro años después, a decir de Karina Suárez en una nota publicada este 26 de mayo en El País, los magistrados “han dado la razón a la universidad” después de “un extenso litigio en tribunales”. Como en su momento lo planteó Luis Zambrano, el fallo a favor de la universidad tuvo en cuenta una línea de horizonte declarada patrimonio. Según reporta Suárez, para Javier Laynez Potiseck, ministro que presentó la sentencia, el proyecto de la desarrolladora “se ubica en una zona de amortiguamiento o zona protegida, derivado de la inscripción del Campus de Ciudad Universitaria en la lista del Patrimonio Mundial, lo cual exige que se limiten a dos niveles las construcciones que sean autorizadas en esa zona, a fin de conservar y proteger el referido conjunto arquitectónico, lo cual tiene sustento en evidentes razones de interés público”. Un conjunto habitacional interviniendo el paisaje de una de las universidades públicas más importantes del país (y de una de las obras arquitectónicas más relevantes de la modernidad) se considera ciudadana y legalmente un atropello a lo público, porque, en este caso, las fronteras entre lo privado y lo colectivo están físicamente demostradas. Sobre el territorio de una institución que promete una educación democrática, se asomaría la sombra de un conjunto residencial al que casi nadie puede acceder. 

Pero podemos plantear algunos matices. En la batalla de la universidad contra Be Grand, es celebrable que los intereses inmobiliarios no hayan vencido, pero, ¿podemos decir que en el patrimonio se construyen los intereses públicos? La UNESCO define al patrimonio “como el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras”. A partir de una convención celebrada en 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, “la UNESCO establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un ‘valor universal excepcional’ y pertenecen al patrimonio común de la humanidad”. Las ciudades se expanden y cambian de infraestructuras que deberían ser comunes. Si Zambrano planteaba que el crecimiento poblacional debía generar una oferta de vivienda asequible, lo mismo puede decirse de los medios de transporte, sobre todo en una ciudad que concentra casi todas las fuentes de empleo. Lo común no es sólo aquello con lo que nos maravillamos, y es donde lo público tiene diversas acepciones: los servicios que puede proveer un centro urbano, como son las opciones para trasladarse, son también lugares de encuentro y negociación. Si en las tensiones que surgieron entre una desarrolladora y una universidad pudimos definir tangiblemente qué es lo privado y qué es lo público (y aprobar que se haya privilegiado lo segundo sobre lo primero), ¿por qué estas perspectivas no pueden implementarse sobre intervenciones que sí son públicas, aun cuando afecten el paisaje? ¿Aceptamos que las ciudades cambian sus dinámicas constantemente, o nuestras preocupaciones se centran en la defensa de un patrimonio que, al parecer, contempla al mismo cielo?

Hasta 1988, Luis Barragán vivió en la hoy famosa casa ubicada en la Calle General Francisco Ramírez de la Ampliación Garza García, una colonia menos elegante que aquel lugar de recogimiento que le daría tanta importancia arquitectónica. Una de las características formales de esta obra maestra es que se aísla de su entorno, apropiándose incluso de un exterior que bien podría pertenecer a la ciudad, como sucede con casi todas las casas de la capital. Como paisajista, Barragán logró difuminar el interior y el exterior, y logró integrar los jardines y las luces del día a los efectos plásticos que son plenamente  decisiones proyectuales, los cuales se encuentran colocados en los ventanales, los colores de las paredes y algunas obras pictóricas instaladas estratégicamente. El resultado es lo que llevó a que la crítica Esther McCoy declarara que estar en aquella casa era regocijarse ante la perfección misma. Visitar la casa de Barragán es experimentar un aislamiento que muchas veces se llega a juzgar estético: tal separación del contexto hace que su casa se vuelva un sitio de encuentro con las emociones que sólo la buena arquitectura puede activar. Pero primero fue una vivienda privada antes que la UNESCO la declarara Patrimonio Mundial en 2004, la primera residencia privada en ser reconocida así por tratarse de un triunfo formal del movimiento moderno. 

En una carta enviada por la Fundación de Arquitectura Tapatía Casa Luis Barragán a Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se solicita que se suspenda la instalación de la Línea 3 del Cablebús, una vía de transporte público. “La razón de ello”, dice la carta, “es la afectación en el campo visual desde la casa: según el trazo del proyecto, tanto el Cablebús como las columnas que lo sustentan, se verán desde el jardín, la terraza y las habitaciones”. Esta infraestructura que sumaría opciones de transporte a los habitantes de la ciudad pondría en peligro la declaratoria. Según reporta El Universal, “se estima que este transporte tenga su ruta sobre Avenida Constituyentes, a poco más de 27 metro de la construcción diseñada por el Premio Priztker, rebasando los 22 metros de la zona de amortiguamiento establecidos por la UNESCO”. El diario también informa que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios se reuniría con su comisión técnica “para la revisión del proyecto de la Línea 3 del Cablebús y su posible impacto en los atributos de autenticidad e integridad de la Casa Luis Barragán”. Con esto, las ganancias de una inmobiliaria y una obra pública (que responde a los intereses públicos) quedan equiparadas: tanto lo uno como lo otro causa el mismo nivel de daño sobre el patrimonio. 

El campus de la Universidad Nacional Autónoma de México fue pensado como una gran plaza pública, y así ha funcionado no sólo por su accesibilidad. Como espacio colectivo y común, la UNAM opera como un sitio de negociaciones que, incluso, llegan a tener una gran relevancia política: la huelga de 1999, por ejemplo. La naturaleza de este proyecto es semejante a  lo que se vive en cualquier vivienda privada de la ciudad, donde también se tiene que negociar con un exterior común: afuera de nuestras ventanas, vemos los cables, los edificios de las cercanías, incluso nos encontramos con el sonido de los aviones. Resulta irónico que un paisaje que es familiar a todos los habitantes mine la autenticidad de lo que fue una residencia que no se encuentra muy alejada de una de las avenidas con mayor tránsito de la ciudad. Aún cuando no se ha resuelto si la ruta del Cablebús será trazada de nuevo, conviene pensar lo siguiente: pedir que la ciudad deje de crecer para no alterar el paisaje es, de alguna manera, privatizar al paisaje mismo.

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