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¿De quién es el aire?
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Narcópolis
31 enero, 2024
por Ernesto Betancourt
Better design will not save us from ourselves.
Wade Graham (1)
Hace poco se viralizó en las redes un video en el que un grupo de mujeres indígenas de la comunidad wixárika (o huichol), en Jalisco, solicitaban la ayuda al líder de un cartel para controlar la violencia que mantiene asolados a los habitantes de esa región. Numerosos reportes en Chiapas, Estado de México y Tabasco señalan que locatarios de mercados públicos han tenido que cerrar por las amenazas recibidas si no llegan a cubrir las cuotas solicitadas para ejercer el comercio. Una balacera en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México (CDMX), que tuvo un saldo de dos muertos y varios heridos, pone en evidencia la extorsión a la que están sujetos los vendedores callejeros de la zona. Podría seguir enumerando hechos similares en diversas ciudades o regiones, pero sería reiterativo y redundante. El más reciente informe de la World Population Review (2) ubica a 7 ciudades mexicanas entre las primeras 10 más peligrosas del mundo: “pueblos mágicos”, que han pasado a ser trágicos.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, antes de la pandemia se registraban cerca de 900 mil extorsiones a pequeñas y medianas empresas en todo el país (3). Tras la pandemia de covid-19 es probable que esa cantidad se haya duplicado, pero las cifras son difíciles de rastrear, y se calcula que 92% de las extorsiones permanecen sin denuncia (4).
Actualmente, en no menos de 25% del territorio nacional, la delincuencia controla o participa en temas relacionados con la seguridad comunitaria, abasto de gasolina, comercio con materiales de construcción; también determinan el precio de productos como el aguacate, limón, pollo, jitomate o la dotación de servicios públicos como transporte, agua, permisos de construcción, vivienda e incluso el derecho a la movilidad y el uso de vías de transporte. Según el NorthCom del Departamento de Estado de Estados Unidos, este control podría alcanzar hasta 35% del territorio.
En 1942, en una publicación de la Universidad de Harvard, Josep Lluís Sert se preguntaba “¿Can Our Cities Survive?” (5). Hoy podríamos reformular la pregunta de otra manera: ¿quién subsistirá, usará, usufructuará y diseñará nuestras ciudades?, ¿y quién gobierna nuestras ciudades?
“Nuestras ciudades” están viendo el surgimiento de un nuevo modelo en el que el Estado y el mercado —las dos piernas que mueven la urbe — están siendo secuestrados y suplantados por el crimen organizado, y establecen relaciones de intercambio “tributario” como las que se dan entre un proveedor de bienes y servicios y un “contribuyente” —si bien forzado por la violencia—, para pagar a un nuevo recaudador por el ejercicio de sus derechos. Todo esto no es más que la usurpación de un “autoridad” por otra, cuya función sigue siendo la de dotar de esos servicios y monopolizar legítima o ilegítimamente el uso de la violencia, según el viejo precepto de Max Weber.
En muchas ciudades el Estado ha quedado desdibujado y usurpado por grupos delictivos, que controlan importantes mercados, no sólo el informal sino el formal. En fechas recientes, en Acapulco y Taxco, en el Estado de Guerrero, se ha tenido que detener el servicio de transporte público como protesta por el cobro de extorsión a los choferes.
Gobiernos, cámaras, organizaciones y gremios diversos apelan a la moral y al diseño para tratar de remediar el conflicto como si fuese un acto deliberado de voluntad moral o de corrección estética. Creamos programas y políticas públicas que consumen los escasos recursos del Estado para elaborar normas y proyectos, que nada cambian en realidad. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, como en muchos otros, se han hecho infinidad de reglamentos y proyectos de “embellecimiento”, que muy poco o nada hacen para extirpar la trata de personas, el narcomenudeo, la extorsión o el cobro de piso. En cambio, la sobrerregulación mantiene a cientos de inmuebles fuera del mercado inmobiliario, abandonados, sumidos en la decadencia como hospedaje y refugio de criminales. En tanto, muchos arquitectos, urbanistas e instituciones de gobierno se dedican a diseñar y construir pabellones cuyo destino final es el like de Instagram; o a crear planes y programas estériles mientras la ciudad alrededor se desgrana y corroe.
¿Por qué los planes y programas urbanísticos, las campañas publicitarias o la corrección arquitectónica, a pesar de las posibles buenas intenciones que puedan contener, no alcanzan para recuperar a las ciudades de la violencia y el rapto del crimen?
La respuesta no está en el diseño ni la normatividad, menos en la policía. Seguimos viendo a la ciudad como una gran escultura moldeable mediante ordenamientos y arquitecturas, y no como lo que es: un gran mercado de suelo y trabajo con un árbitro: el Estado.
Las propuestas urbanísticas suelen plantearse en términos normativos o espaciales. Se sigue imaginando a las ciudades como un tablero de dibujo cuya viabilidad reside en un trazo adecuado, edificios, calles y plazas bien localizados, diseñados correctamente, flujos medidos, ordenados y normas convenientes que intentan resolver los conflictos derivados del interés público y el interés privado. Es la visión utópica-estatista tradicional que adjudica al establishment técnico-político todas las decisiones urbanas, y deja al mercado como una externalidad más bien perniciosa que es necesario mantener a raya.
Sin embargo, en la ciudad moderna es el mercado el que asigna y distribuye la posesión de recursos y mercancías, con un Estado que debería determinar la utilización de sus ganancias orientadas al bien común. Son esas dos instituciones las que de verdad modelan la urbe moderna. Quien tenga el control de esas entidades controlará la ciudad. La visión idílica del urbanismo utópico puede ser más romántica o políticamente correcta, pero es una ficción. Las ciudades se parecen más a un tablero de Monopoly que a un mandala. No es fortuito que hayan sido los pasajes comerciales lo que Walter Benjamin identificó como el germen de la ciudad moderna.
Los mercados son los que “producen” la ciudad, con o sin el Estado, velando por los derechos ciudadanos para redistribuir fiscalmente sus excedentes. Se esperaría un equilibrio entre ambas para interactuar con la ciudadanía, fomentar la pluralidad democrática, la alternancia representativa de los distintos intereses y promover la sostenibilidad, aunque no siempre suceda así.
Un Estado metropolitano sin un mercado en pleno desarrollo es incapaz de hacer frente a las demandas ciudadanas de servicios, equipamientos, espacio público y, por supuesto, su seguridad. No puede haber ciudades ricas sin Estados ricos. Y su opuesto es igual de certero, una ciudad pobre es igual a un Estado pobre. La economía y la ley van antes que la arquitectura y el urbanismo, y garantizan su viabilidad.
Las grandes ciudades, que hoy admiramos por su calidad de vida y su positiva especialidad pública, fueron mucho antes crisoles de capital y comercio: desde Venecia, Ámsterdam o Hamburgo, hasta Chicago, Nueva York o Seúl, siempre ha sido necesario empatar riqueza y gobernanza.
La ciudad de Medellín, en Colombia, se presenta con frecuencia como un caso de éxito contra el rapto criminal, suele presumirse su caso como un triunfo del urbanismo —y ciertamente lo es—, sin embargo, pocos se preguntan quién pagó esas nítidas plazas, los parques o las famosas bibliotecas. La estrategia urbanística de rescate del espacio público no hubiese sido posible sin el apoyo fiscal de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la agencia de gestión que operó los proyectos y las obras de rescate, beneficiaria directa de los dividendos millonarios de la industria hidroeléctrica exportadora de energía a Puerto Rico y República Dominicana, y que aportó anualmente más de 400 millones de dólares a las EPM, sin mencionar la orientación productiva de la renta inmobiliaria y la eficiente recaudación fiscal. (12).
“Se puede decir que un gran aprendizaje para todos es que una ciudad debe fortalecer la inversión social no solamente por justicia y equidad, sino también como estrategia para fomentar desarrollo económico y competitividad…” (13)
El plan Medellín sólo pudo ser promovido por un Estado fiscalmente sano, en superávit y con suficiente legitimidad de representación democrática. Sí, hubo proyectos buenos y una sana gestión urbana, pero estos sólo fueron posibles gracias a la derrama económica de un mercado fortalecido y encausado para generar altos ingresos fiscales.
Acapulco, recién sacudido por el huracán Otis, podría convertirse en un laboratorio para rescatar una ciudad mediante la reinvención de un mercado exitoso para generar una sinergia productiva entre empleo, utilidades, equipamientos, infraestructuras y recaudación; o podría convertirse en la primera “narcópolis” integral capturada por la mafia y sus allegados establecidos como nuevos gestores metropolitanos. Hoy ya controlan amplios sectores de los mercados y el Estado.
Los carteles funcionan —sugiere Claudio Lomnitz (14)— como organizaciones gremiales dentro de un sistema “feudal”, que se asocian jerárquicamente a cambio de protección y “empleo”, crean pactos de lealtad y sumisión para operar y delimitar su territorio, buscan ejercer autoridad y el usufructo de la renta geográfica de usos y servicios, en complicidad o a pesar de un Estado debilitado o inexistente. Así, la violencia se erige como el código de apropiación y jurisdicción territorial.
El Laboratorio de Análisis y Comercio, Economía y Negocios (LACEN) calcula hasta en 2 puntos porcentuales la inflación causada por el “cobro de piso” (6); y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Inegi (7) estima que el costo de la delincuencia en unidades económicas se ubica al año en $120 millones, es decir 0.67% del producto interno bruto (PIB) (8). Y eso sólo por hablar del “impuesto” criminal a empresas formales, sin contar al comercio informal que podría ser equivalente. Comparémoslo con los $16,934 millones recaudados por el Gobierno de la Ciudad de México por concepto de Impuesto Predial en 2022 y podremos vislumbrar el tamaño y escala del precio del crimen, así como la dimensión del mercado en la economía metropolitana (9). Estudios del BID consignan que los costos totales del delito en América Latina pueden llegar a costar en promedio, alrededor de 3% del PIB (10).
La dificultad de la gran mayoría de la población para integrarse a los mercados formales de trabajo alienta la informalidad, que al mismo tiempo suple la oferta precaria de servicios como transporte, abasto, bienes de consumo y seguridad. La informalidad es el primer punto de infiltración del crimen organizado a campos más amplios de influencia, ahí comienza su expansión metropolitana, con la creación de alianzas con muchos colectivos de comerciantes callejeros muy difíciles de fracturar al tiempo que su fragilidad, aunada a la ausencia del Estado, es el caldo de cultivo de la delincuencia institucionalizada.
En México al menos la mitad del empleo es informal, y prácticamente todo el comercio informal se encuentra tocado por la delincuencia sea en forma de extorsión, cobro de derecho de piso, o blanqueo de dinero (11).
Estos grupos pueden comenzar a crear formas distintas de desarrollo urbano —inciertas aún—, pero basadas en la fuerza motriz primigenia de la ciudad moderna: la utilidad del suelo. En ello, son más modernos estos nuevos gestores que los tradicionales, son más conscientes de que la localización tiene un precio proporcional al uso, el potencial y la intensidad. Ya incluso poseen tarifas por metro cuadrado según su ubicación y lo exigen por encima de la autoridad establecida: derecho de piso, que podría llamarse “derecho de suelo”, una forma de catastro fiscal para tasar un impuesto alterno.
“En el retrato implacablemente sombrío de Buñuel en la vida en la Ciudad de México en 1950”, nos recuerda McGuirk (15), “el crimen se presenta como una consecuencia inevitable de la pobreza”, pobreza producto de mercados alternos, formas de gobernanza paralelas, nuevos pactos y una nueva asociación metropolitana.
“Quienes se dedican a estos impuestos se han convertido en toda una administración paralela donde la recaudación fluye que ya quisieran las Haciendas públicas.” (16)
No es con más policía, ni sembrando cuarteles militares como lograremos expulsar al narcotráfico o, al menos, mantenerlo al margen de la economía productiva de nuestras ciudades. Tampoco se logrará con cosméticos placebos arquitectónicos, acupunturas triviales o planes abstractos de usos, ocupación y densidades, sino creando un mercado más potente y vigoroso que el que controlan las mafias locales. Necesitamos reemplazar un mercado por otro e implantar el mecanismo jurídico que le permita funcionar, que regule sus excesos, reparta sus excedentes y lo proteja de sí mismo, de eso que llamamos Estado, reacción urgente ante criminales que pretenden hacer lo mismo para sus intereses. Cualquier otra fórmula será insuficiente o, de plano, un derroche innecesario de energía y dinero. Las ciudades son un crisol de riqueza, sus reactivos son el suelo y el fisco. Sobra decir que los beneficios deben ser compartidos entré lo público y lo privado.
La arquitectura y el urbanismo son los instrumentos de ese proceso redituable y redistributivo: son su efecto, no su causa. Un Estado consolidado y apoyado en un mercado potente puede hacer surgir lo que Louis Kahn esperaba de las ciudades, un lugar donde los niños y las niñas puedan elegir su futuro, y no en el que se vean obligados a optar entre empuñar un arma o migrar hacia mercados que sí den cabida a sus ideales, garantizados por un Estado legítimo.
¿O será posible que estemos en el punto en el que tal vez ya no haya retorno y las ciudades sencillamente estén cambiando de dueño? Creo que serán los mercados los que hablen pronto en un sentido o en el otro:
“Nuestra violencia es un síntoma de Estado, que aún no sabe o no quiere nombrarse a sí mismo.”
Claudio Lomnitz (17)
Notas
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