Hace nueve meses, el martes 19 de septiembre, la alarma sísmica sonó a las 11 de la mañana. Era un simulacro que servía para recordar los 32 años del terremoto del 85. Unos días antes, el 7 de septiembre, casi a media noche la alarma había sonado de nuevo. Era un terremoto real, de una magnitud de 8.2, mayor que el de 1985, de 8.1. Sin importar los graves daños en Chiapas y Oaxaca, entre otros Estados de la República, en la Ciudad de México hubo cierto regocijo: 32 años después del terremoto del 85 uno de magnitud mayor no había causado prácticamente ningún daño. La mañana del 19 de septiembre del 2017, Miguel Ángel Mancera, entonces Jefe de Gobierno de la ciudad, encabezaba una ceremonia recordando el terremoto del 85. Habló de “rediseñar y replantear una Ciudad de México cada vez más consistente en la protección de su población”. Subrayó que se seguían “fortaleciendo las normas” que le permitían a la ciudad “enfrentar y salir airosa de muchas de las pruebas que se le presentan.” A poco más de dos horas del simulacro, a las 13:14, un terremoto golpeó a la ciudad prácticamente sin avisar. Aunque la magnitud fue menor al del 8 de septiembre y al del 85, 7.1, la cercanía del epicentro, a 120 kilómetros de la ciudad, hizo que las ondas sísmicas llegaran al mismo tiempo que el aviso de la alerta sísmica. El terremoto se sintió con fuerza y, aunque 32 años pueden hacer que la memoria olvide, muchos aseguraron que el movimiento fue más violento que en el del 85. Los daños fueron, sin duda, mucho menores. Según cifras oficiales, en el 85 se derrumbaron 412 construcciones y más de 5700 resultaron dañadas. No hubo nunca una cifra oficial de víctimas mortales y los números van de 3 mil que se reportaron los días que siguieron al terremoto a 40 mil. En el 2017 los edificios que colapsaron tras el terremoto fueron alrededor de 40 y algo más de 3 mil resultaron con daños de distinta magnitud. Según cifras oficiales, el número de muertos fue de 369 en el país, de los cuales 228 en la Ciudad de México.

Lo que, al menos en la percepción general, no fue muy diferente entre ambos sismos fue la lenta y torpe respuesta de los gobiernos de la Ciudad de México y Federal. Como en el 85, fueron ciudadanos los primeros en salir a las calles a evaluar daños y ofrecer ayuda. Se abrieron centros de acopio y de organización logística, como Verificado 19S, que lograron recopilar información y dirigir la ayuda de una manera mucho más eficiente y rápida que distintas instancias del gobierno. Con el paso de las semanas y los meses la cosa no ha mejorado. En la Ciudad de México los planes para la reconstrucción fueron propuestos con lentitud y no sin rechazo de muchos afectados. En febrero el encargado de la Comisión para la Reconstrucción y varios de sus miembros renunciaron acusando el uso “faccioso” de los ocho mil millones de pesos destinados a la reconstrucción. No sólo se trataba de una comisión con recursos secuestrados sino sin programa. Hace poco el comisionado sustituto, Édgar Tangüí, declaró: “Cuando recibimos este programa en esta nueva etapa de la Comisión, pues la verdad es que no es un programa como tal, son un listado de acciones que se tiene que seguir, pero no es un programa como tal, porque no tiene indicadores, no tiene tiempos de cuándo tiene que empezar, cuando tiene que terminar, no tiene una forma de seguimiento a los planes”.

Confiando más en el gesto simbólico que en las acciones eficaces, al dejar su cargo como Jefe de Gobierno de la ciudad para postularse como candidato plurinominal al Senado —por el estado de Chiapas—, Mancera anunció el concurso para el diseño de un Memorial que tendría un costo de 14 millones, a los que habría que sumar 46 millones por la expropiación del predio en la avenida Álvaro Obregón donde se pensaba construir y donde más personas murieron en la capital durante el sismo. Pese a la oposición de víctimas y afectados, con un programa mal planteado se convocó a un concurso peor planeado al que se inscribieron solamente 34 participantes. Tras posponer el anuncio del ganador, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el proyecto seleccionado por el jurado, con poca consciencia de la importancia del Memorial, las condiciones del sitio y, sobre todo, del rechazo de muchos de los afectados. Finalmente, el suplente del Jefe de Gobierno anuncio la cancelación del proyecto y de la expropiación del terreno, en los mismos días en que damnificados del Multifamiliar Tlalpan bloqueaban la avenida del mismo nombre protestando porque, a 8 meses del terremoto, 500 familias seguían viviendo en campamentos en la calle, sin respuesta clara del gobierno.

En el resto del país la respuesta a las necesidades de los afectados por los terremotos del 7 y el 19 de septiembre no ha sido mejor. El Gobierno Federal tampoco tiene un programa claro definido y la ayuda no ha llegado aun a todos los afectados. Los esfuerzos de organizaciones civiles, aunque encomiables, no dejan de estar limitados y a veces no pueden rebasar una escala meramente simbólica. A nueve meses de los terremotos, el caso del Memorial resulta emblemático de una estrategia repetida muchas veces y en diversas ocasiones por gobiernos del país, sea en casos de catástrofes, supuestos “accidentes” o con la violencia y el crimen que asuelan el territorio nacional: usar monumentos como una manera de cerrar o sellar simbólicamente cualquier hecho o problema, y cancelar cualquier duda o cuestionamiento y, así, apostar por el olvido.