Durante la Revolución mexicana el movimiento migratorio del campo a la ciudad provocó un alza en la necesidad de vivienda y esta, a su vez, detonó que el alquiler, mucho más común entonces que en la actualidad, comenzara a aumentar de costo debido a la alta demanda, esto detonó la molestia entre algunos grupos de inquilinos y comenzó uno de los movimientos de vivienda más importantes del país en el siglo XX.

Los primeros meses de 1922 un grupo de prostitutas en La Huaca, Veracruz comenzó una revuelta en contra de los propietarios de los espacios que habitaban por el cobro abusivo del alquiler y las condiciones infrahumanas de la vivienda, quemaron colchones y cerraron calles, esto comenzó a visibilizar aún más el problema habitacional.

Semanas más tarde, de la mano de anarquistas y miembros del Partido Comunista Mexicano, se conformó el Sindicato Revolucionario de Inquilinos.[1] Tan solo unas semanas bastaron para que la movilización escalara y más de la mitad de la población de Veracruz[2] se encontrara en huelga de pago de alquiler, las vecindades mismas hacían eco con pancartas y banderas rojas colgadas de las ventanas: “Estoy en huelga no pago renta”. 

Muy pronto se sumaron más ciudades a la huelga y la revuelta se convirtió en un levantamiento nacional. Este escalamiento del movimiento inquilinario comenzó a revelar no sólo los problemas de vivienda en arrendamiento en la época, sino que empezó a visibilizar la desigualdad de la urbanización en el país, por lo que este movimiento fue pionero también de las movilizaciones urbanas:

La ubicación de los servicios [urbanos] favoreció y reforzó la norma de segregación clasista. Los sistemas de transporte en la zona central estaban diseñados para mejorar el acceso a los establecimientos comerciales y elegantes y nuevas avenidas conducían a zonas residenciales de la clase alta. Los servicios básicos tales como el agua, calles asfaltadas y cloacas tardaron en llegar a los barrios pobres, a pesar de la gran necesidad. [3]

De acuerdo con Saucedo[4] la huelga de rentas en el puerto de Veracruz duró 38 meses y en el entonces Distrito Federal 20, pero las revueltas siguieron activas y el movimiento continuó ganando simpatizantes en el país, especialmente de los sectores populares. Los propietarios comenzaron a sentir presión por lo que comenzó también su organización como contrarrespuesta. Por ejemplo, en Guadalajara la Unión de Propietarios fue apoyada por la prensa que difundió noticias en contra de los inquilinos huelguistas acusándolos de “ataques a la propiedad privada”.[5]

Mientras tanto en Veracruz Herón Proal, líder del Sindicato de Inquilinos, con el apoyo del gobierno estatal de Veracruz decretó en 1923 una ley inquilinaria que, sin embargo, contenía limitaciones pues abarcaba “únicamente a las casas habitación con rentas inferiores a 100 pesos mensuales y situadas en la parte central de la ciudad”,[6] misma ley que años más tarde sería modificada por el presidente Elías Calles gracias a la presión de la Unión de Propietarios.

En 1942, con la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, el presidente Ávila Camacho decretó para la Ciudad de México la prohibición del aumento de los arrendamientos de las casas habitación y locales destinados a comercio e industrias de alimentación.[7] Esta medida funcionó como un mecanismo para aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que era predominantemente arrendataria en aquella época, sin tener que recurrir a aumentos de salarios que implicaban participación del sector privado.

Si bien la población trabajadora se vio inicialmente beneficiada por este mecanismo, comenzó un rápido deterioro en la calidad de las viviendas ya que los propietarios, en respuesta al congelamiento de rentas, se abstuvieron de llevar a cabo mantenimientos de los inmuebles. Para la zona central de la Ciudad de México esto provocó un deterioro de la vivienda y la infraestructura de la zona y que se extendería varias décadas.

Años más tarde, con el auge del movimiento de 1968 y como antecedente del movimiento de inquilinos de los años veinte, nace el Movimiento Urbano Popular (MUP) con una fuerte importancia en los movimientos urbanos en el país con especial atención en la Ciudad de México, con el que surgen otras organizaciones de luchas urbanas (Frente Popular Independiente, Bloque Urbano de Colonias Populares y diversas agrupaciones de colonos). En este contexto, en 1981 se organiza la primera reunión Inquilinaria del Valle de México donde se conforma la Coordinadora Inquilinaria que jugaría, de la mano del MUP, un papel importante durante el rescate y también en el proceso de reconstrucción después del sismo de 1985.[8] Este terremoto provocó una activa participación de los movimientos urbanos lo que detonó en una política de reconstrucción para otorgar vivienda en propiedad a los afectados a través de un mecanismo de expropiación lo que convirtió a muchas familias inquilinas en propietarias.

Exactamente 32 años después del terremoto del 85, otro similar azotó la región central del país. La respuesta ciudadana confirmó algunas cosas sobre la capacidad de respuesta social mexicana, la autoorganización en la ciudadanía y el apoyo a nivel local e incluso a mayor escala, seguían presentes. Sin embargo, pese a la organización, y en contraposición a lo que aconteció en 1985, hubo un gremio que quedó prácticamente invisibilizado en este proceso: precisamente los inquilinos. Aun cuando buena parte de las zonas dañadas en la Ciudad de México está habitada por inquilinos (los porcentajes más altos del país de vivienda en renta se encuentran en las alcaldías centrales de la ciudad), las autoridades comenzaron a diseñar estrategias de reconstrucción pensando predominantemente en propietarios, los inquilinos rara vez fueron sujetos en los discursos políticos o en los medios de comunicación. ¿Qué sucedió con los inquilinos afectados en el sismo? ¿Por qué no fueron tomados en cuenta? ¿Por qué no lucharon activamente, como otros gremios, para hacer exigir derechos en la reconstrucción? 

Quizá la respuesta esté en el arraigo del mexicano sobre la figura de la propiedad, de tal forma que quienes arriendan no se sintieron capaces de defender algo que “no es suyo” y simplemente decidieron mudarse, aún con la pérdida y la inversión que implica en un momento de crisis. Si bien aún existen organizaciones vecinales que defienden derechos de arrendatarios en la ciudad, su fuerza de acción política no es la misma que décadas atrás. 

Pese a lo anterior y un siglo después de las revueltas en Veracruz por el cobro excesivo del alquiler, vemos problemas similares y el incipiente resurgimiento de movimientos que defienden el derecho a la vivienda desde el arrendamiento. La renta vuelve a la agenda pública y política de lo urbano y el derecho a la ciudad. El contexto actual de confinamiento por la pandemia lo revive justamente por lo frágil que es la vivienda para algunos. [9]

Notas: