Desde hace algún tiempo llevo insistiendo, casi obsesivamente, en la necesidad de que en México  los proyectos para obra pública sean concursados y que los concursos que se planteen sean claros, transparentes. Por supuesto no soy el único en hacerlo. Varios amigos con la misma preocupación nos hemos reunido, discutido y publicado algunas opiniones en un blog al que llamamos proyecto público.

Otros más, desde distintos medios se han sumado a lo que en principio parece no ser tema de debate: la gran mayoría está de acuerdo en que la mejor manera de asignar un proyecto de arquitectura, urbanismo o diseño pagado con el erario y que terminará beneficiando y afectando al público, debiera ser un concurso. No sólo es un tema de transparencia: un concurso bien planeado supone menos incertidumbre al saber por qué alguien en particular estará encargado de un proyecto, sino también de producción de ideas: los concursos hacen que muchos concentren en poco tiempo su capacidad en un tema preciso, definido. También sirven para abrirle el campo a jóvenes con poca experiencia: arquitectos hoy reconocidos y premiados iniciaron sus carreras ganando un concurso —para no hacer una lista pensemos tan sólo en Piano y Rogers ganando el del Centro Pompidou a principios de los años 70, cuando tenían 34 y 38 años respectivamente. También los concursos son en parte la causa de que algunos de los países tengan arquitecturas sólidas y consistentes —no sólo con buenos arquitectos, como pasa en México, sino con buena arquitectura pública, como en general no ha pasado aquí desde hace varias décadas.

Por supuesto hay también las críticas a los concursos. En general al procedimiento y los posibles vicios que implican. En marzo de este año la Architectural Foundation organizó un debate en Londres con el título And the winner is… Jeremy Till argumentó con gran claridad contra los concursos —o, diría yo, contra ciertas perversiones del concurso. Till decía que un problema con los arquitectos es que sus ideas tienden a ser opacadas por sus edificios y que los concursos rara vez tienen que ver con pensar la arquitectura como un proceso de diálogo y conversación con el otro —tema central de su libro Architecture Depends.

También dice que los concursos en general producen tres tipos de proyectos: los diagramáticos, fáciles de entender a primera vista, los gestuales, donde la forma prevalece sobre las ideas, y los que replican algo ya conocido —¡cuántas veces no ha ganado alguien en un concurso porque el jurado supuso que el proyecto era de otro arquitecto! Till dice también que los concursos privilegian la imagen y que hay proyectos hoy admirados por todos que, en un concurso, jamás hubieran ganado. Lo que argumenta Till es cierto. Pero son parte de los riesgos de los procesos democráticos —asumo que los concursos aspiran a serlo. También el mejor parlamento puede votar una ley equivocada o confusa, pero será preferible a la imposición autoritaria —aunque el tirano sea un ogro filantrópico.

En México, en el año que termina, hemos tenido ejemplos de varios concursos. Pocos para lo que se planea hacer en el país. De proyecto para obra pública el más notable, por las dimensiones y la importancia del sitio, seguramente haya sido el de La Merced. Aunque avalado por el Colegio de Arquitectos de la ciudad de México —lo cual, sabemos, no garantiza nada— fue convocado de prisa y con fallas.

Lo ganó un equipo de arquitectos y diseñadores jóvenes, algunos menos conocidos y otros ya reconocidos, como Hugo Sánchez y Ariel Rojo. Como escribió Marcos Betanzos, hay que esperar que la propuesta sea retomada por el Gobierno del Distrito Federal. En enero sabremos quién ganó otro concurso mal planteado: el de la Bienal de Venecia, y se entregará otro de nuevo mal planteado: el del pabellón de México en Milán en el 2015.

También sabremos el año próximo qué pasó con ese concurso secreto a voces: quién diseñará el nuevo aeropuerto de la ciudad de México —aunque tal vez nunca sepamos por qué— y sabremos quiénes fueron invitados al de la Ciudad de la Salud que propone el Gobierno del Distrito Federal.

Habrá que insistir en la necesidad —y yo diría la obligación— de convocar a concursos cuando se trate de arquitectura pública. Sobre todo los arquitectos más jóvenes: es, insisto, la mejor manera de darse a conocer y, en un país donde —ya se ha dicho— los conocidos cuentan más que los conocimientos, tal vez la única. Habrá que entrar a algunos de los concursos que haya pero no por eso dejar de criticar sus fallas —al menos esa ha sido mi posición. Habrá que exigirle a los Colegios de Arquitectos de los distintos estados que tomen posición al respecto.

Pero sobre todo, habrá que esperar que nosotros, los arquitectos, hagamos algo al respecto. Ya lo  escribió en este blog Francisco Pardo respecto a la conservación del patrimonio arquitectónico: los arquitectos somos los peores enemigos de los arquitectos. Los concursos no son la excepción. Todos decimos apoyar la idea pero nos alegra la asignación directa si somos los beneficiarios —que así son las reglas del juego hoy, sí: pero pedirle a dos amigos presupuestos alzados para ganar una licitación no hacen de ese juego uno muy limpio. Muchas veces he oído quejas sobre los pocos arquitectos que hacen obra pública —o que se publican, aunque ese es un asunto distinto.Para abrir ese selecto círculo, habrá que exigirle a cada presidente municipal y a cada delegado, a cada gobernador y a cada institución transparencia y claridad en la asignación de proyectos que, a mi parecer, garantizan los concursos.