A principios este mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el cual el actual presidente cambió el estatus de Parque Nacional del Nevado de Toluca, ubicado al sur-este de la capital del Estado de México, al de nueva Área de Protección de Flora y Fauna. No fueron pocos quienes nos alarmamos por las noticias; algunos medios mencionaban una “privatización” y una desprotección de un lugar majestuoso: un enorme parque forestal coronado por un cráter donde un par de lagunas azules reflejan en su superficie las crestas de las cumbres nevadas.

El Parque Nacional del Nevado de Toluca se creó en 1936 por decreto de Lázaro Cárdenas, cuando la deforestación representaba un serio peligro para los bosques de agua, entre los que se encontraban los de los valles de Toluca y de México. En el decreto se estipulaba la creación de una reserva o parque nacional (tomando como referencia los parques nacionales de reciente creación en los Estados Unidos) y ordenaba la expropiación de los terrenos agrícolas que se ubicaran arriba de la cota de 3 mil metros sobre el nivel del mar —dicho sea de paso, dentro de un contexto complicado en el tema agrario, esta expropiación nunca se llevó a cabo, manteniéndose una veda permanente a la explotación forestal. Con el paso de los años la falta de control urbano y ambiental —mal que aqueja a todos los centros urbanos del país— incrementó la población dentro del Parque hasta alcanzar aproximadamente 10,300 habitantes distribuidos en casi 22 pueblos y generando un impacto negativo en gran parte de las zonas aledañas a estos núcleos de población.

En el papel y en la teoría, el cambio de un Parque Nacional a un Área de Protección de Flora y Fauna hace mucho sentido si lo que se requiere es la protección de una zona que se ubica peligrosamente cerca de una ciudad tan grande como Toluca y otras ciudades aledañas con gran crecimiento poblacional, pero se corre el riesgo de depender de una procuración de estrategias con buenos mecanismos de gestión y de castigo a quienes no las cumplen. Muchos han puesto en evidencia que un pequeño pueblo de 300 habitantes junto a la carretera en medio del bosque lleva una tendencia de crecimiento desordenado, con una mala planeación y sin un control real, dando pie a ejemplos como Tres Marías —que de empezar como un pequeño pueblo a un lado de una carretera, se ha convertido en una ciudad sin pies ni cabeza, atentando contra el medio ambiente donde se encuentra.

El problema comienza cuando no existe un responsable de planear y dirigir el crecimiento de una urbanización ni de proteger un parque nacional. Ahí radica el peligro de este cambio: que al abrir las puertas de la reserva, con la intención de generar riqueza a través del manejo “sustentable” de los recursos, se pueda dar inicio a una generación de asentamientos, iniciados con una intención dirigida al manejo responsable de un bosque, por ejemplo, pero que terminan por convertirse en hotel o residencia de verano.

La falta de prioridades y formas de sancionar o vigilar la ejecución de políticas y estrategias “sustentables,” ya sea por negligencia o por falta de recursos, vulneraría la anterior inmunidad otorgada por su estatus y abriría las puertas a cualquier cantidad de desarrollos urbanos con fines recreativos o comerciales donde antes no existían. También es muy importante entender que justo a un lado del Volcán, traslapando una sección del mismo parque Nacional, se ubica el Área de Protección de Recursos Naturales de Valle de Bravo, y ahí podemos encontrar que la especulación inmobiliaria tuvo más influencia sobre el desarrollo urbano, pasando la protección de la flora y la fauna drásticamente a segundo término. Desgraciadamente para nuestro país, en términos ambientales, el camino al fracaso está pavimentado con buenas intenciones. Nuestra responsabilidad es exigir una correcta aplicación de este decreto y vigilar que detrás no existan intereses para la posible especulación a costa de un majestuoso y frágil lugar que necesitamos mantener sano y salvo. 

Laurent Herbiet + Alicia Barceinas