por Hugo Flores | @Hugo_Flrs | hugofl.blogspot.com

Existen formas diferenciadas de entender y significar la Arquitectura. Regularmente están supeditadas a las capacidades y condiciones sociales del momento. En el siglo pasado la gran mayoría de ellas, no es necesario aquí precisarlas, ofrecieron y describieron a obras de arquitectura como meros objetos habitables, como dispositivos tajantemente vinculantes entre consideraciones biológicas (cuerpo) y consideraciones funcionales (actividades). En los 60´s y 70´s del siglo pasado, bajo el ánimo de la exigencia social de diversos derechos se formulan modificaciones dentro de las sociedades hegemónicas. Así la llegada de la era post-industrial mostró nuevos problemas, necesidades y retos a generaciones igualmente nuevas. Dentro de esta inercia la arquitectura sufrió naturalmente impactos, pero evidentes en el mediano y largo plazo. Desde entonces y paulatinamente ciertos ámbitos de la arquitectura han podido contrarrestar la idea del objeto habitable, la máquina para habitar y se ha favorecido la idea de una instancia que da pulso y testimonio a complejas interacciones políticas o sociales, la arquitectura como una herramienta que ofrece mensajes.

En los últimos días han circulado dos noticias fuertemente ancladas a la coyuntura política nacional actual: la vivienda paupérrima donde fueron capturados José Luis Abarca y su esposa y la residencia ostentosa del presidente Peña Nieto. La vivienda ocupada en Iztapalapa por el exedil fue presentada con énfasis por los medios de comunicación. Esta vivienda, enclavada en una zona con altos índices de pobreza, marginación y segregación, no coincidía con el documentado perfil del narco-político guerrerense. Los hechos trágicos sobre los normalistas de Ayotzinapa, que han sacudido fuertemente al país, al final se corresponden y respaldan con otros dramas no menos dolorosos. La pobreza y marginación urbana y todos sus síntomas son parte de ellos. Con escepticismo circuló la noticia de la detención; a muy pocos sorprenderían los señalamientos de haber sido sembrados por la PGR al ser una práctica con antecedentes. Pero centrándonos en la detención, tal cual como ha sido presentada y difundida, ¿qué motivó a los Abarca a esconderse en la vivienda antes citada de Iztapalapa? Quizá fue su opción por tratarse de una zona y de una vivienda inadvertidas, como todo lo marginado y pobre en la ciudad y el país. ¿Pero por qué? ¿Hay diferencias entre una vivienda inadvertida por ser pobre o marginada, incluida en un contexto similar donde se desvanecen particularidades, y una vivienda y contexto negados o cancelados por representar sólo territorio de oportunismo partidario y clientelismo político? Más allá de las lógicas y razones que indica la PGR sobre la decisión del ex edil, la realidad de la exclusión, la marginación y la pobreza social y urbana refieren conceptualmente a una serie de condiciones de privación material, cultural y política premeditada. Se trata de una situación y un contexto que en principio carece del alcance operativo de las instituciones del estado y, en consecuencia, impune, exenta, institucionalmente negada y cancelada. En ese sentido el Estado mexicano trata de ofrecer un mensaje sobre su supuesta capacidad para ejercer control y poder vía el empleo de la fuerza pública y la administración de justicia aun en aquellos contextos donde precisamente el Estado no opera.

En el otro extremo está la vivienda del presidente Peña Nieto. Lo que interesa es desprender o rastrear posibles mensajes, los cuales no se describirán por medio de la disposición de blancas y liberadas superficies. Esta vivienda se ofrece como un medio, un mecanismo que comunica. ¿Pero qué comunica? Quizá lo más evidente es en relación a la naturaleza del actual régimen presidencial mexicano y sus problemáticas funcionales y de legitimidad, que por coerción o por corrupción desdibuja las competencias justamente de la figura presidencial y del Estado mexicano mismo. De acuerdo con diversas fuentes la señalada “residencia presidencial ostentosa,” ubicada en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la ciudad y del país, está valuada en poco más de siete millones de dólares y es custodiada por el Estado Mayor Presidencial. El registro de propiedad señala como dueño a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo Higa, contratista de los gobiernos del Estado de México y Federal. La crisis del presidencialismo, que nuevamente se confirma por la desbordada situación en Guerrero, la licitación fallida del tren entre Querétaro y la ciudad de México y la citada residencia trasera, tienen que ver con profundas y arraigadas prácticas que definen la naturaleza de la “gobernabilidad” y “representatividad social y política” en nuestro país.

La primera vivienda fue empleada, desde su negación institucional y del poder político, como medio para formalizar un mensaje, el de señalar la supuesta vigencia operativa de un Estado ante una sociedad rota y disfuncional. La segunda vivienda es justificada bajo la idea de necesidad, costosa e inaceptable, de operación del mismo poder político. Al final son rostros de una misma problemática que inequívocamente señalan y ejemplifican la descomposición actual del entramado institucional del estado mexicano.