Hace unos días Rowan Moore escribió en The Guardian sobre el cambio radical del paisaje londinense: hay más de 230 torres en construcción o proyectadas, de entre 20 y 60 pisos de altura. El skyline de la capital británica cambiará drásticamente. Nada nuevo, tal vez: las ciudades cambian. Nada peor para una ciudad que mantenerse fija, congelada en el tiempo. Pero ¿cómo se dirige o se gestiona ese cambio en las ciudades? Moore se pregunta si un cambio de tal calibre debe ser asunto de decisiones particulares —sometidas, eso sí, al cumplimiento de las leyes pero también a su negociación de acuerdo a circunstancias específicas— o si los habitantes de Londres tendrían algo que decir al respecto, si debieron de haber sido consultados. Moore escribe que “cuando la apariencia de una gran ciudad está a punto de ser transformada radicalmente es una buena idea que los ciudadanos sepan lo que va a pasar y tengan algo que decir. También es una buena idea que el gobierno de la ciudad tenga una visión o por lo menos un panorama de lo que está pasando”.

Es algo complicado. Aunque parece obvio que las ciudades cambian también es un hecho que muchos se resisten a ese cambio. O, para decirlo claramente, tal vez todos nos resistimos a ese cambio cuando nos afecta directamente. Nadie quiere el rascacielos, el tiradero de basura, la gasolinera o la discoteca en el terreno de al lado. No importa si se demuestra que alguno de esos cambios pueda resultar en beneficio para una mayoría: los afectados tratarán de mantener las cosas como están. En la ciudad de México esa defensa a toda costa de los intereses particulares es cosa de todos los días. Los parquímetros están bien en las calles a las que voy de paseo, no en la que trabajo y menos en la que vivo. El metro puede pasar por cualquier lado menos por la colonia residencial de altos ingresos. La ciclovía es un estorbo si le quita un carril a mi coche. Es una forma de control territorial que Ernesto Betancourt ha calificado como vecinocracia.

Pero hay otras formas de mantener o generar privilegios. Cuando se invierten grandes cantidades de dinero público en infraestructura que beneficia a unos pocos —como lo ha hecho visible corto circuito sobre a la inversión de 6500 para rehabilitar el circuito interior de la ciudad de México— o cuando se permiten desarrollos inmobiliarios o urbanos cuyos efectos —externalidades, como se dice— no son previstos y deberán ser resueltos, si acaso, por la ciudad y no por los constructores e inversionistas o en caso de que su arreglo sea cubierto por éstos, es sólo para su beneficio —véase el caso del túnel que pretenden hacer para resolver el desastre vial que es fácil imaginar causará el edificio de Pedregal 24, en Chapultepec. De Santa Fe a lo que llaman Nuevo Polanco, de la torre de BBVA en reforma a la de Pedregal 24 o a Mitikah en los restos del pueblo de Xoco, que provocarán transformaciones en la ciudad de las que nadie parece querer hacerse responsable, de las banquetas tomadas por valet parkings o por vecinos que asumen que lo lógico es estacionarse frente a su cochera y de los vendedores informales a los establecidos que también ocupan las banquetas sin importar si estorban al peatón —para hablar sólo de la ciudad de México— vivitos en una ciudad desconcertada.

Hace unos días, en la mesa dedicada a la gestión urbana durante MEXTRÓPOLI, Fernando Aboitiz, encargado de la Agencia de Gestión Urbana, dijo que a la gestión había que quitarle “unas 8 toneladas de política”. Cuando le pregunté si entonces la gestión quedaba como sustituto de la política respondió que se refería a “la grilla”. Si la política es diálogo y debate, la grilla es monólogo estridente: ruido. Pero también es un término que se acostumbra usar para descalificar al adversario, al opositor. El que se opone es un grillero, también el que discute o critica. A los ojos de quien gobierna, el vecino que no quiere parquímetros hace grilla, pero también quienes protestan contra la torre proyectada que incumple reglamentos. Quienes cuestionan que el gobierno de la ciudad destine 6500 millones a una vialidad son grilleros. El término descalifica al oponente y reduce su discurso a puro ruido. Es una actitud común en el juego político: le quita voz al adversario pues el ruido, en política, es equivalente al silencio: no dice nada. Pero es una actitud más común entre los tecnócratas, para quienes, por ejemplo, la gestión urbana es una rama de la administración y no de la política. El gestor quiere evitar el conflicto donde el político debiera articularlo. Como buen tecnócrata, el gestor sustenta sus decisiones en datos —aunque en nuestras ciudades muchas veces ni siquiera hay datos o, tal vez, nuestros tecnócratas no son tan buenos. Pero la ciudad no es sólo eso. Construir acuerdos y consenso y, todavía más, trabajar con los disidentes, es parte fundamental de la gestión política de la ciudad.

Por supuesto, la idea de una ciudad uniforme, homogénea —la ciudad concertada, para usar la idea de Mario Pani— ya no es posible hoy. No hay ya una mano que dibuja el destino de una urbe, que designa y diseña —Hausmann o Mosses, Le Corbusier o Speer. No es asunto de un diseñador sino de muchos. Aunque la arquitectura, según Pier Vittorio Aureli, pueda entenderse como archipiélagos que resisten los embates de lo urbano, los edificios no deberían pensarse aislados. Rowan Moore dice que sería buena idea que “los edificios en las ciudades no se diseñen aislados, sino en relación a los lugares en los que se insertan, sea en relación a las vistas hacia o desde sitios históricos o al tejido de las calles vecinas.” Alguna vez lo explicó el filósofo Xavier Rubert de Ventós diciendo que el contexto de un edificio no es el lugar que lo precede, sino el que genera una vez que se construye. Es, finalmente, un tema de responsabilidad en el sentido más literal: la capacidad de responder, del edificio, de sus diseñadores, de sus propietarios y de sus habitantes. Una responsabilidad que supone entender y articular la relación entre lo público y lo privado como una zona compleja y no como una frontera clara y limpia determinada por un límite de propiedad.