El 9 de septiembre, la agencia de investigación Forensic Architecture presentó ante los medios de comunicación la Plataforma Ayotzinapa, una herramienta digital que publica evidencia construida con los testimonios de quienes sobrevivieron a la masacre, y con los resultados del informe del Equipo Argentino de Antropología Forense, organización autónoma que trabajó de forma independiente a la Procuraduría General de la República (el EAAF, junta al Centro de Derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comisionaron a la agencia comandada por el arquitecto Eyal Weizman el diseño de lo que se describe como una “cartografía de la violencia”). El perímetro narrativo de la plataforma se acota a lo sucedido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Representa un tiempo y un espacio a través del trazo, sobre un territorio determinado, de la policía municipal y de la milicia federal. Las interactividades del dispositivo permiten a los usuarios posicionarse no sólo en un mapa, sino también hacer tangible la existencia de los cuerpos desaparecidos y de las autoridades de las que todavía no conocemos su rostro. Esta representación, según el propio Weizman, tendrá como consecuencia la política. En una entrevista que sostuvo con Luciano Concheiro, el propio arquitecto declara: “En algún sentido, para que la política ocurra necesitamos negociar ese evento. Esa negociación es una representación. Lo que sea que escojamos narrar o expresar es un acto de representación. Esto es, un acto social de negociar cómo pensamos la transformación política alrededor de este evento. La representación ocurre. Puede ser la representación de un vacío, de un hoyo negro. Pero sabemos sus contornos”.[1]

Esos contornos son las evidencias forenses de la herramienta, y esas evidencias han sido difundidas por organizaciones activistas y culturales (la misma oficina de Weizman ha estado involucrada en el mismo discurso) como una verdad pública que se opone a la verdad histórica de la PGR, aquella que, además de tener como andamiaje un aparato científico inviable, se encuentra rodeada de los más siniestros intereses de las autoridades federales. Ese movimiento que se marca entre la representación y la verdad probablemente se trate de la consecuencia política que persigue el dispositivo. Sin intenciones de tachar el gran aporte metodológico y social que significa la Plataforma Ayotzinapa, convendría problematizar la noción instrumental de verdad que alberga y atender más sus funciones representativas. La verdad de Forensic Architecture y la que continúa enunciando la PGR mantienen posturas ideológicas distintas, pero la semejanza entre ambas es que pretenden unificar y hegemonizar un solo relato, ambas buscan operar como objetos históricos medibles que verifiquen ya sea el descontento social o la eficacia del Estado. Pero en torno a esos momentos, inevitablemente, continuarán apareciendo otros contornos, las diversas aristas interpretativas. Así de hondo es el hueco que queda después de Iguala.

El periodista Sergio González Rodríguez, en su publicación Los 43 de Iguala. México: verdad y reto de los estudiantes desaparecidos, declara que la masacre resulta imposible de narrar, no tanto por las emociones que provoca como por las modificaciones que continúa generando en el panorama de la nación. ¿Cómo accionar conocimientos técnicos para comprender Iguala, cuando Iguala se encuentra inmerso en el proceso mexicano de globalización, por definición especulativo? “Hemos pasado del costo de las sociedades totalitarias y su barbarie inherente al riesgo de las sociedades globalizadas y la inmanencia de su barbarie”. [2] Por su parte, Claudio Lomnitz en La nación desdibujada. México en trece ensayos, no deja de mencionar que la violencia de la guerra contra el narcotráfico es más allá de casos tan mediáticos como el de Iguala, pero puntualiza que las consecuencias posteriores a la masacre rebasan la historiografía sincrónica. Lomnitz antepone a la política instrumental el posible y paulatino cambio moral de la ciudadanía mexicana:

“Si bien la tragedia de Iguala no ha sido el acontecimiento más mortífero de la guerra contra el narco en México, sí se convirtió en el punto nodal del movimiento social más importante que ha visto la luz en el país desde el inicio de la guerra en 2006. De hecho, los terribles acontecimientos del 26 de septiembre constituyeron un punto de inflexión en la vida política de México: una crisis que, a mi juicio, es más profunda incluso que los acontecimientos de 1968 o de 1994 –año de la rebelión zapatista– y que ha provocado que el clamor por la justicia resuene más fuerte, más doloroso y más urgentemente que nunca. En realidad, la masacre de Iguala hace patente la urgencia de una transformación moral en México como único recurso disponible de forma inmediata a partir del cual puede reformarse la justicia mexicana. Aun cuando los cambios institucionales son y serán indispensables, durante esta crisis el gobierno mexicano ha demostrado que requiere de la presión social como elemento determinante, más que de sus propios mecanismos internos, para emprender cualquier esfuerzo serio de reforma. El país no cuenta más que con la movilización y el repudio como única herramienta para impulsar su amplia y urgente exigencia de justicia”. [3]

La verdad de Iguala no será el objeto histórico fijo sino la fractura y subsecuente modificación de los múltiples relatos de México, ya sea el del Estado Benefactor o de la nación patriótica cuya solidaridad se manifiesta sólo en los términos de la organización política y no en los que impone la catástrofe. Desde aquí, proponemos brevemente tres posibles relatos que amplíen los contornos interpretativos de Iguala, siguiendo las líneas argumentales de Forensic Architecture respecto a la representación y a la reflexión activa por parte de la ciudadanía.

La tierra como tumba

Uno de los primeros descubrimientos de los organismos gubernamentales fue una fosa clandestina en las inmediaciones de Iguala. Después de ciertas pruebas, se determinó que los cadáveres de aquél hueco no eran los estudiantes, y prosiguieron su búsqueda. Por supuesto, la pregunta urgente fue a quiénes pertenecían esos cuerpos. Pero ahora, a la poca distancia de los hechos, otra vía de reflexión puede abrirse.

Recientemente se ha discutido la teoría del antropoceno. A grandes rasgos, lo que propone esta perspectiva es la demarcación de una era geológica marcada por la actividad humana. De manera más constante, se han establecido relaciones entre las diversas alteraciones ecológicas y la generación de desechos inherentes al consumo o la industria que busca agotar todavía más los recursos naturales. El caso mexicano arroja una mirada mucho más aterradora al estado actual del antropoceno. Bajo la tierra guerrerense moran los escombros de la desaparición forzada y sistemática (los desechos no del consumo sino de las prácticas políticas), además de que la misma naturaleza se traduce al capitalismo del narcotráfico: el suelo es adecuado para la amapola, o provee los materiales para la producción de heroína. La información que nos arrojan los cadáveres es la de un uso terrestre estudiado que opera bajo la actual disolución entre el gobierno y el crimen. La ecología actual de la región tendría que dirigirse no únicamente a la preservación de la flora y de la fauna, sino a la exhumación de los cadáveres y a la extirpación de su anonimato.

El espacio público es también simbólico

El 27 de abril de 2015, los padres de los estudiantes desaparecidos instalaron una escultura en la Avenida Reforma de la Ciudad de México, un gesto hasta ahora inédito en la historia de los movimientos sociales contemporáneos. En un paisaje corporativo y de celebración patriótica se mantiene visible un recordatorio de la catástrofe. Los padres de los estudiantes alteraron el espacio simbólico de una de las principales avenidas de la capital, demostrando que lo simbólico es tan solo el anverso de lo público. Se tendría que seguir atendiendo esta protesta frente a los espacios públicos actuales, aquellos que procuran la asepsia discursiva.

Ontología del escombro

La tercera conmemoración de la masacre de Iguala se cumple a una semana de que un sismo devastara a distintos puntos del país. En las evidencias forenses de algunos inmuebles se puede leer que la catástrofe ya estaba dada antes del sismo. Este otro cadáver, el del edificio, marca todavía más la distancia entre el Estado y la ciudadanía, entre el capital y el patrimonio. Se ha reportado desde fuentes verificadas que maquinarias buscan recoger el escombro de una manera eficaz antes de que se miren demasiado las evidencias, o incluso, de derrumbar antes de proveer patrimonio. González Rodríguez, en su mismo análisis sobre lo ocurrido en Iguala, escribe: “He insistido en que para el gobierno la gestión o control de daños (realizados mediante las operaciones comunicativas en la prensa, la radio, las televisoras o las redes sociales) es más importante que la procuración de justicia, la defensa de la ley y el respeto institucional”.[4] La misma lógica se ha mantenido durante los días siguientes al sismo.

A la luz de Iguala y del sismo del 19 de septiembre, podemos entender de una manera más precisa cuál en dónde reside la verdadera operatividad gubernamental, y cuáles son las nociones del poder sobre el patrimonio, la biología y la ecología.

[1] http://horizontal.mx/historia-sin-cuerpos-una-conversacion-con-eyal-weizman/; consultado el 22 de septiembre de 2017.

[2] Los 43 de Iguala. México, verdad y reto de los estudiantes desaparecidos. González Rodríguez, Sergio. Anagrama, México, 2015. p 11.

[3] La nación desdibujada. México en trece ensayos. Lomnitz, Claudio. Malpaso, México, 2017. Citado de Kindle.

[4] op.cit, p 25.