Se han expandido las perspectivas que nos permiten entender el patrimonio arquitectónico como algo no sólo canonizado, sino también vernáculo. Este factor ha complejizado la normativa y la respuesta que ésta debe dar ante el rescate patrimonial. Catalogar y restaurar ya no tendría que atender únicamente a lo histórico, sino también a lo contemporáneo, además de mirar también las expresiones que no están necesariamente legitimadas por las instituciones arquitectónicas. Inti Muñoz, asistente del secretario de Cultura, habla sobre el reto que implica ampliar la catalogación patrimonial.

Desde un nivel personal puedo corroborar que el impacto de los sismos de 2017 es el más grande del que se tenga registro en la historia moderna de México. En parte porque el concepto de monumento histórico ha cambiado. Fue muy grande el daño al patrimonio, y esto no sólo respecto a lo material sino también por las implicaciones simbólicas, sociales, culturales e incluso económicas. La inmensa mayoría de los más de 2,300 monumentos históricos o de valor artístico son templos, y quienes trabajamos en torno al patrimonio podemos constatar de primera mano cómo los templos católicos —mas allá de lo religioso y de la concepción que uno pueda tener sobre la laicidad del Estado a más de 175 años de la Reforma Liberal— juegan un papel fundamental en la vida comunitaria. En muchos casos son el principal espacio público de las comunidades, un lugar de encuentro, de trabajo comunitario, de organización social, y juegan un papel de articulador económico.

Si bien tenemos instituciones culturales públicas fuertes con una larga trayectoria, con un vastísimo capital humano y un conocimiento acumulado y sistematizado a lo largo de muchas décadas, es claro que esa fortaleza de nuestras viejas instituciones culturales y de la ley que les da herramientas para trabajar no se ve reflejada en esta situación, producto de décadas de ahorcamiento presupuestal. Nuestras instituciones no estaban preparadas para enfrentar una tragedia de ese tipo. Existen expertos, especialistas del más alto nivel pero en instituciones que tenían capacidad material de respuesta suficiente.

A mí me tocaron los terremotos estando en la oficina de la UNESCO en México, y participamos en el primer monitoreo. Los daños fueron de distinto tipo. Algunas zonas de Xochimilco y el corredor de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl fueron devastadas. Se trata de construcciones impresionantes, de un valor inconmensurable, donde aflora la arquitectura renacentista, medieval incluso. Vimos que la falta acumulada de mantenimiento fue una de las causas de los daños adicionales al temblor, incluyendo malas intervenciones a veces promovidas por el personal parroquial. En cambio,  Parroquia de Atlatlahucan en Morelos, por ejemplo, resultó con muchísimos menos daños que cualquier otro edificio en la zona gracias a una tradición que involucra a la comunidad en conjunto con el INAH en la gestoría de la conservación permanentemente en una junta vecinal.

En la Ciudad de México, cuando tomamos la rienda de la nueva administración, particularmente en la Secretaria de Cultura, nos sorprendió la dimensión de los daños y la cantidad de inmuebles afectados: 196 monumentos históricos, es decir, anteriores a 1900, y 7 inmuebles declarados monumentos artísticos o catalogados por su valor artístico por el INBA. En diciembre de 2018 el proceso de reconstrucción y restauración estaba atorado por distintas razones, incluyendo que la ciudad no había aportado la parte de recursos con la que se había comprometido y por la complejidad administrativa para empezar a trabajar. Nos llevamos cinco meses de trabajo en la solución de todos los problemas administrativos. Descubrimos que había dictámenes de seguridad estructural que aun no habían sido revisados y nuestra primera tarea fue cerrar diez templos al culto, como San Fernando, la Santa Veracruz, la Santísima y varios más en la Magdalena Contreras, donde hoy todos los templos tradicionales están cerrados.

En el proceso surgieron nuevos datos, como la existencia de una cantidad importante de edificios que no estaban en ese universo que estaba siendo atendido: monumentos históricos o parte del patrimonio cultural según la Ley Federal, pero también según las leyes de la ciudad. La Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad establece dos categorías y puede considerar de valor patrimonial edificaciones que no están considerados a nivel federal. Ese nuevo universo resultó ser de varios cientos de edificios y hoy tenemos la constancia de, al menos, 127. Hay otros edificios que son parte del patrimonio cultural pero están incluidos en los censos de edificios dañados de vivienda. Estos 127 incluyen edificios tan importantes como la Casa de Talavera o el Palacio del Conde de Regla en el Centro Histórico y muchos edificios modernos de vivienda, de propiedad privada, que están a penas catalogados por el INBA.

El reto es muy grande y contrasta el hecho que aun teniendo una escuela de restauradores y arquitectos especializados en patrimonio y de ingenieros estructuristas especializados de gran tradición, no tenemos la suficiente capacidad de atención especializada, rebasados por la dimensión de los daños, pero también detenidos por herencias burocráticas. Hoy el gobierno de la ciudad ya ha hecho una aportación de 133 millones de pesos que se destinará íntegramente a la rehabilitación de los templos más dañados en los pueblos originarios. Se definió esa categoría para catalogar inmuebles que son parte de la vida cultural de la comunidad. Ya se contrataron las obras con empresas a recomendación del INAH y vamos a comenzar a trabajar en 18 templos. El primero va a ser San Bernardino de Siena en Xochimilco.

Todo esto también debe servirnos para buscar una transformación estructural en nuestra capacidad de respuesta ante los desastres en materia de conservación del patrimonio cultural en todo el país. Lo que pasó con los sismos también es un síntoma de la insuficiencia en el mantenimiento. La nueva propuesta debe incluir una nueva política de mantenimiento. La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, planteó al inicio de la administración combinar la creación de escuelas-talleres en todos los municipios donde haya monumentos históricos con una mayor implicación de las comunidades en la conservación y con la implementación de medidas de mantenimiento y prevención.