La política, en su término más corriente, está administrada con los vocablos más eficaces, es decir, aquellos que permiten enmarcar a figuras públicas con agendas específicas y darles, así, cierta credibilidad en un contexto dado. Así nacen o se distribuyen términos con significados vacíos que van llenándose a discreción del portador del vocablo y se administran en dosis exageradas que terminan por normalizar su uso sin reconocer, con efectividad, para qué y de qué sirve su enunciación. 

Ciudad compacta, ciudad justa, derecho a la ciudad, planificación participativa, términos, algunos acuñados hace décadas, son reciclados en discursos en donde se va diluyendo su significado inicial a la par de su repetición. Así, huecos y administrados sin diagnósticos profundos como una especie de placebos, se convierten en una herramienta para legitimar posturas políticas. 

La participación ciudadana entra en esta categoría, en los últimos años ha sido un concepto altamente referido en campañas políticas, por parte del activismo, de organizaciones sociales y organismos internaciones. ONU Hábitat (1) ha incluido en varios de sus documentos información sobre la relevancia de la planificación participativa y participación ciudadana, así como mecanismos y herramientas para su implementación en proyectos y creación de políticas públicas.

Es quizá en un escenario de pérdida de credibilidad hacia las instituciones que la idea de participación ciudadana ha tomado más vigencia y resulta, sin duda, relevante para contrarrestar la corrupción en la administración pública a la que se enfrenta nuestro país. Es así que se habla de procesos participativos en proyectos urbanos, en procesos de reconstrucción, en creación de políticas públicas con mucha soltura, sin embargo, pocas veces somos críticos sobre lo que nos ofrecen, como ciudadanos, en nombre de la participación. Esto nos ha llevado a normalizar el que se ejecuten procesos bajo la etiqueta de “participativo”, sin que cumplan siquiera con transparencia de información o que fomenten un diálogo equitativo entre los distintos actores que participan en el proceso. 

En este sentido, quizá de los textos más reveladores sobre la participación ciudadana es el de Sherry Arnstein, pues en el contexto de las movilizaciones sociales en el mundo a finales de los años sesenta, la trabajadora social y consejera municipal de participación ciudadana en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, redactó uno de los textos hito sobre la participación ciudadana: “A ladder of citizen participation”. Este escrito, de a penas diez páginas, describe los niveles de participación en diferentes métodos, mostrando y detallando aquellos procesos que no considera participativos y, en el otro extremo, en los que el poder ciudadano es considerablemente mayor. 

Siguiendo la postura de Arnstein, en México nos encontramos en los primeros escalones de los procesos de participación, en este caso de “no-participación”. Estructuras donde se manipula a grupos pequeños a través de comités vecinales y no existen procesos de retroalimentación, ni diálogo. U otros donde hay “terapias” asistencialistas donde la fotografía estrechando la mano de un ciudadano se considera participativo. 

Los ejercicios participativos son procesos de largo plazo en donde los ciudadanos tienen acceso a información de manera permanente y transparente y pueden ejercer su voz siendo partícipes desde puntos tempranos en el planteamiento del proyecto. Es decir, en donde su participación se lleva a cabo desde el diagnóstico que da pauta a la generación de programas o proyectos que permitan dar respuesta a las problemáticas identificadas, hasta la evaluación de estos. Esto permite que la población, como usuarios y beneficiarios directos, puedan apropiarse de las propuestas y darles seguimiento a largo plazo, sin depender de los cambios de administración pública. 

En México nos falta un gran camino por recorrer en términos de procesos participativos, especialmente por la dificultad generalizada de acceso a información y también por la falta autocrítica de los especialistas y del sector público para dejar de nombrar participación ciudadana a mecanismos que están únicamente para legitimar decisiones verticales. 

Notas:

1.  El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, de las ODS de ONU Hábitat, sobre lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles establace como primordial la participación ciudadana. También en el documento Urban Planning and Design Labs tools for integrated and participatory urban planning se establecen mecanismos para implementar procesos participativos en la elaboración de políticas públicas. 

Referencias:

Arntsein, Sherry. “A Ladder of Citizen Participation”. Journal of the American Planning Association. Vol 35. No. 4. Julio de 1969. Pp. 216-224.