A la ciudad hay que mantenerla entre todos. Punto. Es como mantener una casa, nomás que aquí se trata de la casa de todos. Y eso cuesta, y mucho. Y es preciso tomar la conciencia y la responsabilidad, desde cada ciudadano, para sufragar esos gastos. Pareciera algo obvio: la realidad lo desmiente.

El impuesto predial es (o debería ser) la base económica para que los ayuntamientos presten los servicios necesarios y eficaces para que la vida cotidiana de la urbe se desarrolle favorablemente. Pero esto está muy lejos de suceder. Un predio es la unidad básica urbana: la presencia específica de un espacio que, para funcionar, debe estar conectado adecuadamente con la ciudad. ¿Qué es adecuadamente? Que el dueño del predio asuma y pague los costos que este predio le acarrea a la operación citadina, precisamente porque depende de ella.

La muy larga costumbre nacional del populismo y la corrupción política y ciudadana traducida en demagogia ha propiciado un gravísimo retraso histórico entre lo que le cuesta a la comunidad el que funcione cada predio y lo que cada predio paga. Y ese diferencial produce marcadas injusticias. Del desajuste generado se deriva, precisamente, que las penurias municipales afecten sobre todo a los más pobres. Y que la ciudad funcione mal, para perjuicio de todos.

Por eso los ayuntamientos pierden soberanía, autonomía y capacidad de gestión al depender en buena medida de las famosas “participaciones” que le suministran, con todas las complicaciones y compromisos más o menos abiertos que esto conlleva, la federación y el estado. Los ayuntamientos, para ser realmente soberanos, deben de ser, por sí mismos, solventes. Y destinar los demás recursos (participaciones) que les corresponden no a pagar nóminas y gastos corrientes, sino a mejorar con medidas eficaces y sensatas, la ciudad.

Pero la demagogia es carísima, y tóxica. Con tal de no poner en riesgo los hipotéticos votos para sus partidos casi todas las administraciones optan por ser conservadoras, medrosas…e irresponsables. Y los indispensables, y racionales, ajustes del impuesto predial siempre son postergados. Y la penuria de la colectividad y la injusticia con los marginados siguen creciendo. Esto, con la dolorosa e insolidaria complicidad de muchísima gente, indiferente a la ciudad y, por cierto, muy quejumbrosa de las carencias que ellos mismos ayudan a mantener.

Es obvio también que a nadie le “gusta” pagar más impuestos. Razones o pretextos hay muchos. Que el gobierno se roba lo recaudado, que los servicios municipales son muy malos, que mientras los demás paguen ¿para qué pago?, que no ajusta con lo que se tiene, que yo no voté por el partido en el poder, que no me parecen sus obras, que soy muy listo, que gasto más en refrescos o cine que en pagar mi predial… La respuesta está dada desde hace mucho: hay que tener absoluta transparencia en los ayuntamientos, hay que hacer su desempeño patentemente eficaz, y muy importante: hay que cobrar más a los que más tienen (y por lo tanto se aprovechan más de la ciudad), y menos a los que tienen menores capacidades económicas. (Con el agua pasa lo mismo).

La salida de este círculo vicioso reside en una masiva toma de conciencia por parte de la ciudadanía sobre su responsabilidad, democrática, ineludible e intransferible, para pagar un impuesto predial justo. Repitiendo: justo. Desde los propios ayuntamientos, desde la academia y los organismos intermedios, desde las escuelas (todas), desde las organizaciones de la sociedad civil: es preciso difundir razonadamente, e instalar en la mentalidad de toda la colectividad, la noción de que sin pagar por lo que se debe recibir por parte de la ciudad continuaremos teniendo ciudades altamente deficitarias, lo que lesionará directamente la calidad de vida de cada habitante. Y, claro, es preciso también tener autoridades transparentes, inteligentes…y vigiladas, y evaluadas.