Por Ana Falú.

Ana Falú es Profesora e Investigadora  de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Experta de ONU Hábitat. Coordinadora del Núcleo de Estudios de Género. Red Mujer y Hábitat de América Latina.

Las ciudades de este siglo XXI, llamado el milenio urbano se caracterizan por privilegiar las relaciones de mercado influidas por  el fenómeno de la globalización y la gran revolución tecnológica y de comunicaciones. Nuestras ciudades en América Latina, viven la tensión entre extensiones de falta de desarrollo urbano y pobrezas por un lado y la concentración de riqueza y modernidad que la sociedad global ofrece.

Se verifica una nueva geografía urbana, ciudades en red, territorios metropolitanos extendidos, con periferias en las cuales conviven los más altos desarrollos urbanos junto a extensiones de pobreza. Ciudades motores de la economía local, regional y también global.   Estas ciudades promotoras del desarrollo, las que generan riquezas, cultura, crean empleos, educación y recreación, concentrando diversidad y potencialidad, a la vez son expresión de la exclusión que se institucionaliza, resultando en  segregaciones de clase, de nivel socioeconómico, de género, étnicas y etarias.

Con el objetivo de diseñar una nueva agenda urbana para los próximos veinte años se realizará Hábitat III,  la conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano tendrá lugar en Quito, Ecuador, en octubre próximo. La propuesta es reforzar el compromiso global con la urbanización sostenible y abordar nuevos y emergentes desafíos. De la Conferencia, resultará un documento de reflexión con visión de futuro y orientado a la acción.

Una nueva agenda para las próximas dos décadas compromete en particular a los gobiernos de las ciudades. Es importante remarcar que América latina es ‘urbana’: según la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) más del 80 por ciento de su población vive en ciudades.

A pesar de que la región ha crecido económicamente en la última década, se ha consolidado las economías nacionales,  la desigualdad continúa siendo el principal problema. Eso nos obliga a profundizar nuestra mirada en los procesos de gobernabilidad y en temas como la violencia urbana y en los espacios públicos. Según encuestas de organismos de Naciones Unidas y Latinbarómetro, entre otros, la violencia ocupa el primer lugar en la preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica. En algunos casos se trata de una percepción, en otros de criminalidad real; pero aun considerando esas distinciones esta situación afecta la vida cotidiana de las personas y particularmente de las mujeres y niñas. Estas, por el solo hecho de ser mujeres, vivencian violencias contra sus cuerpos en el espacio público, en el transporte, potenciando temores y retrocesos de derechos ganados, constituyéndose en un límite a sus libertades. Sin embargo, y a pesar de ello, las mujeres continúan desafiando esos temores y saben que transitar las ciudades sin miedos está vinculado a reclamar más recursos asignados para políticas activas que les permitan ejercer sus derechos ciudadanos.

El problema de la gobernabilidad, de la seguridad y de la participación política se mide en el territorio urbano que no  se pretende un territorio esterilizado, ya que es el espacio de tensiones y disputas políticas en el que se pone en juego la esperanza de las personas de salir de la pobreza; ya que es en la ciudad donde están el trabajo, la educación y las posibilidades. Al mismo tiempo, es en la ciudad donde se generan temas desafiantes para la humanidad como la violencia, las drogas, la criminalidad, entre otros flagelos.

Hábitat III, esta precedido por décadas de trabajo para avanzar en una agenda de derechos, y han sido pilares los movimientos sociales urbanos, los profesionales de la región, los avances de la descentralización y el rol de los gobiernos locales, y no menor la inclusión de la cuestión urbana en los Objetivos de Desarrollo Sostenible asumidos por los países del mundo para los próximos 15 años.  El debate está centrado en el Derecho a la Ciudad,  si bien en algunos Estados se avanzó en el desarrollo de marcos jurídicos que reconocen el Derecho a la Ciudad, en buena parte se trata aun de propuestas que no logran bajar la retórica a la acción de los gobiernos.

La implementación del Derecho a la Ciudad dependerá en buena parte de la consolidación de alianzas entre los movimientos urbanos por ciudades justas, democráticas y sustentables con los movimientos emergentes que pueden ampliar el concepto de ciudadanía. Asimismo los gobiernos de las ciudades tienen una alta incidencia en este proceso, pues son los que definen el uso del suelo, el límite y densidades del ejido urbano; por lo cual las normas urbanísticas pueden operar como elementos de distribución o de concentración de la renta.

Los gobiernos de algunas ciudades están asumiendo la importancia de instrumentos urbanos de reparación, como los relacionados al valor del suelo urbano. Michel Cohen (2010) plantea que el suelo urbano es un bien social, y no solo prebenda de los propietarios, por ello la importancia de la redistribución que priocicen lo público y social. También son los gobiernos quienes deben considerar y revertir la neutralidad de la acción política que omite la diversidad de los sujetos socialesm en particular las mujeres, si se considera que ellas son las más pobres (CEPAL 2013), sobre todo aquellas responsables únicas de sus hogares.

Es decir, necesitamos significar la importancia de cómo planificamos y gestionamos nuestras ciudades, el uso de las herramientas de planificación inclusiva, que busquen ofrecer a sus residentes la oportunidad de tener vidas seguras, saludables y productivas, de poder transitar en las ciudades con servicios de transporte que aseguren la calidad, la seguridad y  su accesibilidad.

Esta y otras estrategias son las que necesitamos impulsar en este proceso hacia la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos – Hábitat III que dará inicio el 17 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador.

Nos preguntamos: ¿Cómo hablar de derechos para la pluralidad de sujetos? ¿Cómo alcanzar la equidad, la inclusión social, la participación política? ¿Cómo pensar ciudades de la diversidad, de la innovación y de la sostenibilidad?  Más allá de los consensos alcanzados y avanzados desde la primera conferencia de Hábitat I (Vancouver, 1976) y en Hábitat II (Estambul, 1996) es evidente que hay un modelo de desarrollo urbano que ha fracasado y no pudo dar respuesta a los problemas de la pobreza urbana y de las exclusiones sociales que parecen ser endémicas en nuestras ciudades y están marcadas por una fuerte desigualdad.

Es necesario, entonces, hablar del derecho a la Ciudad desde políticas concretas, medidas que protejan la extensión del territorio urbano, que promuevan los principios de justicia social, de equidad de género, del efectivo cumplimiento de los derechos y de la responsabilidad frente a la naturaleza y las futuras generaciones.

Como acordamos los expertos reunidos en sucesivos eventos para debatir los documentos hacia Hábitat III, el centro de la Nueva Agenda Urbana debe promover ciudades más justas, más democráticas y sustentables, agendas inclusivas, que estén transversalizadas por la dimensión de género.