12 junio, 2018
por Rosalba González Loyde | Twitter: LaManchaGris_
Según datos de ONU Hábitat, el 70% del suelo urbano está destinado a la vivienda. En temas de planificación urbana y ordenamiento territorial es uno de los puntos más complejos, especialmente cuando se trata de regular los usos habitacionales sobre otros y equilibrar las zonas de habitación con el resto de los usos de suelo sin perjudicar a los habitantes y sin mermar o limitar el delicado proceso económico que produce el suelo bien ubicado. Es por esto que en las últimas décadas la agenda de los organismos internacionales ha estado dedicada a debatir el fenómeno de la vivienda en las ciudades.
En el caso de América Latina, la creciente y rápida urbanización ha venido marcada por un déficit habitacional que los Estados han intentado resolver con diversas políticas, desde la densificación en zonas centrales –como Chile– y la creación de vivienda en periferia –como México. Sin embargo, el gobierno mexicano al enfocarse a resolver el tema del déficit habitacional con políticas de vivienda en propiedad para las clases más bajas, olvidó lo que estaba sucediendo para la clase media, especialmente aquella que estaba buscando asentarse en las zonas mejor ubicadas de las ciudades. Este escenario permitió que el mercado habitacional de estas zonas se autorregulara, provocando procesos de expulsión y creando mecanismos informales o sui generis de habitación favorables solo para unos cuántos.
El sector de la clase media, que busca habitar la ciudad central, ve limitadas sus opciones porque el mercado tradicional, con sus características, provee vivienda a perfiles muy claros de clases y estructuras familiares, replicando una tipología tradicional habitacional y en los requerimientos de compra o arrendamiento: ingresos estables, parejas jóvenes y profesionistas con aval en la ciudad. Esto deja fuera del mercado regular a muchos perfiles: solteros, profesionistas freelance, estudiantes o personas con trabajos informales.
Aunque el mercado formal los ha segregado, otra parte de la oferta ha ofrecido formas de arrendamiento para satisfacer la demanda existente, sin embargo, las características de la vivienda o de los formatos de alquiler no siempre son óptimos. En esta línea se pueden encontrar desde cuartos compartidos sin ventilación ni entrada de luz natural en Santo Domingo para estudiantes de Ciudad Universitaria, hasta departamentos en renta en edificios en donde los dueños ofrecen a un menor costo para no ofrecer mantenimiento general –fenómeno que por cierto aumentó a raíz del sismo del 19 de septiembre.
Para esta clase media de ingresos informales o irregulares las políticas públicas no aplican, pues este grupo no puede acceder a créditos para obtener vivienda, ni tampoco cumple el perfil de ser receptor de vivienda de interés social por lo que resuelve su necesidad de vivienda vía la informalidad o, a través de mecanismos poco estables y disponiendo de un alto porcentaje de sus ingresos para la habitación.
Si bien la clase media no autoconstruye literalmente su vivienda, sí existe un proceso de autoproducción del hábitat en tanto los mecanismos formales existentes no proveen de habitación con las características y las capacidades de todos los que demandan vivienda. Así, la clase media, aquella en la que sus ingresos están captados de manera informal o irregular, busca por sus propios medios satisfacerse de vivienda en el margen de lo formal, lo que provoca casos de cobro excesivo de renta, subarrendamiento de habitaciones con problemas de habitabilidad, hacinamiento, aumento en el costo del suelo en ciertas zonas, expulsión y especulación.
Vivir en las zonas centrales o de mejor acceso a la ciudad no necesariamente es un lujo, pues ello implicaría que el beneficio es meramente de capital simbólico y que habitar tal o cual zona per se cambia la vida de quienes habitan en ella, sin embargo, lo cierto es que las cualidades que ofrece habitar las zonas mejor localizadas implica una mejoría en la calidad de vida de las personas. Ubicación, menor tiempo de traslado y mayor capacidad de aumentar y consolidar el capital social. Es decir, el derecho a la ciudad.
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