Estamos profundamente frustrados por el desenlace del concurso para el Museo Nacional del Ecuador, en el que participamos como uno de los diecisiete equipos finalistas, junto con Handel Guayasamín, nuestro socio de diseño en Quito.

En PRODUCTORA solemos participar en convocatorias abiertas y concursos cuando las condiciones parecen favorables: cuando las bases están preparadas de manera profesional, el respaldo financiero parece creíble y se anuncia un jurado calificado, especialmente cuando se trata de infraestructura cultural en América Latina. Recientemente también fuimos seleccionados como finalistas en el concurso internacional abierto para el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Ciudad de Panamá, un proceso bien organizado en el que los cinco equipos finalistas recibieron un honorario modesto.

Los concursos siguen siendo escasos en la región y, para oficinas como la nuestra —sin acceso privilegiado al capital ni a la influencia política—, representan una vía crucial para participar en conversaciones arquitectónicas y culturales más amplias. A menudo han sido experiencias gratificantes: nos permiten afinar nuestras ideas, establecer relaciones de colaboración y alianzas con otras oficinas y, también, ofrecer a nuestros empleados trabajo estimulante cuando hay menos carga de trabajo en la oficina.

Aunque nos sorprendió que el concurso del Museo Nacional en Quito no ofreciera honorarios a los equipos seleccionados para la segunda fase —una compensación que normalmente cabría esperar—, el proceso seguía pareciendo prometedor. Estaba organizado y financiado por el gobierno nacional en colaboración con el Colegio de Arquitectos local; establecía lineamientos profesionales claros y criterios de evaluación definidos; y anunciaba un jurado internacional.

Cuando el equipo de Campo Baeza + MAODA fue anunciado como ganador el 6 de julio de 2026, una tormenta de protestas inundó de inmediato las cuentas oficiales en redes sociales del Museo Nacional del Ecuador. La propuesta ganadora, Ecos del Sol, aparecía como un gran volumen de concreto, torpe y contundente, que no parecía responder a las ambiciones de integración urbana descritas en las bases. La crítica pública fue rápida e intensa, y muchos consideraron el proyecto “ajeno” a la cultura arquitectónica local del Ecuador. A partir de ahí se desató un drama político: tres representantes del gobierno que habían formado parte del jurado desconocieron posteriormente el veredicto, y el proceso culminó con la renuncia del director del museo, Carlos Montalvo, y de la viceministra de Cultura, Romina Muñoz. Tan solo cuatro días después de anunciar al ganador, el gobierno rechazó el proyecto, rompió relaciones con el Colegio de Arquitectos local y anunció una reevaluación de las propuestas finalistas.

Para nosotros, como participantes, esto significó recibir un correo electrónico solicitándonos confirmar —en un plazo de apenas dos días, entre el 12 y el 14 de julio— si estábamos dispuestos a participar “en una fase final y definitiva” para determinar al ganador del concurso. Nueve de los diecisiete equipos aceptaron continuar. Nuestro equipo, junto con otros siete, decidió no participar en un proceso cuyo jurado, metodología y credibilidad se habían vuelto completamente inciertos.

Nosotros, junto con otros participantes, solicitamos repetidamente a los organizadores que compartieran la evaluación del jurado conforme a los criterios establecidos en las bases: calidad conceptual y arquitectónica (25 puntos), integración urbana y paisajística (20), resolución programática y funcional (20), integración conceptual museográfica (15), factibilidad técnica, sustentabilidad, conservación preventiva y accesibilidad (15), y claridad en la presentación de la propuesta (5). Hasta donde sabemos, ningún participante recibió jamás puntuaciones ni retroalimentación. Cuando se adjudica un proyecto público de 100 millones de dólares mediante un concurso internacional abierto, la transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales: son fundamentales.

El Gobierno del Ecuador, junto con el Colegio de Arquitectos como socio institucional del concurso, debió haber sido capaz de conformar un jurado equilibrado, generar las condiciones adecuadas para la deliberación, conceder tiempo suficiente para la evaluación y comunicar los resultados al público con cuidado y claridad. Debieron explicar por qué consideraban que la propuesta ganadora merecía serlo, especialmente tratándose de un proyecto tan tajante y de presencia física tan dominante. La primera imagen publicada en la cuenta de Instagram del Museo Nacional fue, posiblemente, la ilustración más brutal y menos resuelta del proyecto: una representación innecesariamente confrontativa que ofreció de inmediato a la opinión pública material para críticas feroces y una interminable producción de memes.

Campo Baeza hizo circular un correo electrónico —que recibimos el 14 de julio— titulado ‘En defensa de los concursos públicos de arquitectura’, lamentando que su proyecto hubiera sido rechazado por la opinión pública antes de tener la oportunidad de explicarlo o de entablar un diálogo constructivo para corregir sus aspectos más débiles. En él evocaba las controversias públicas en torno a proyectos como el Centre Pompidou de París, el Museo Munch de Oslo, la Ópera de Sídney o el Museo Guggenheim de Bilbao: obras “que se enriquecieron con este debate, y hoy forman parte del paisaje y el patrimonio inmemorial de aquellas ciudades.”.

Hace unos días supimos, a través de redes sociales, que tres “finalistas-finalistas” habían sido sometidos a una votación pública en un sitio web para definir al ganador definitivo. Esto desató una frenética campaña digital, con los competidores restantes tratando de asegurarse el puesto del último sobreviviente en la carrera por este encargo de 100 millones de dólares. La prometida evaluación profesional de las propuestas por parte de un jurado competente había quedado reducida, para entonces, a un circo mediático en el que una votación popular decidiría el resultado a partir de un video de 45 segundos, seis imágenes y 200 palabras de texto. Un día triste para los concursos de arquitectura.

Después de elaborar una propuesta de diseño sin ninguna remuneración, lo mínimo que uno espera es un proceso de evaluación serio, que desemboque en una propuesta ganadora reconocida y celebrada, no en este desastre político y mediático. Tras haber trabajado cuidadosamente en nuestra propuesta junto con nuestro equipo, dudo sinceramente que el jurado haya elegido el proyecto adecuado para un concurso que, en el fondo, trata menos de producir un objeto icónico que de resolver un espacio público importante en la ciudad de Quito. Sin embargo, más allá de los méritos de la propuesta ganadora, lo más preocupante es la reacción de pánico de políticos asustados y la posterior reducción del proceso a un concurso de popularidad basado en información mínima. Eso sienta un precedente terrible, debilita a la arquitectura como disciplina y a los concursos como metodología. Y, desde luego, no es una práctica cultural de la que queramos formar parte.

PS: Cabe señalar también que, para la “etapa final”, fueron nombrados tres jurados con vínculos estrechos con la familia del presidente —en particular con el grupo inmobiliario Nobis—, lo que genera, sin duda, un evidente conflicto de interés.