La proverbial manzana podrida, cuando es una manzana urbana, multiplica sus efectos perversos y destruye el tejido de la ciudad: el físico y el moral. Según notas de prensa recientes 32 edificios en altura se construyen ahora en la ciudad gracias a resoluciones judiciales del Tribunal de lo Administrativo del Estado. Esperemos, sin mayor fundamento, que haya excepciones: pero cada una de esas 32 intervenciones se realiza violando o ignorando todas las regulaciones que para las construcciones exigen las normas urbanas. Sus promotores recurrieron al expediente extra urbano de acudir al tribunal mencionado, el que se atiene –como su nombre lo indica- a procedimientos exclusivamente administrativos supuestamente irregulares para autorizar acciones de edificación que, de esta manera, no tienen validez edilicia alguna.

Esto es decir que en este momento se llevan adelante 32 potenciales agresiones al orden urbano obligatorio para cualquier intervención en la ciudad, y realizadas sin control alguno de los ayuntamientos, de las autoridades encargadas de regular el desarrollo citadino. La indefensión en que este hecho deja a la ciudadanía es, por sí misma, un escándalo.

El desorden que ha propiciado esta situación viene de años: los instrumentos adecuados para poder seguir un orden en lo que sucede del punto de vista constructivo y urbano en la ciudad son los planes parciales de urbanización, que son ley. Estos no se han renovado desde el 2003 y presentan graves desajustes con respecto a las necesidades de la ciudad, (y, de paso) a las de muchos promotores y propietarios de terrenos que han venido, comprensiblemente, ejerciendo una fuerte presión para lograr la adecuación de la norma, o para encontrar “alternativas” que, en su extremo, se pueden ver en los 32 casos que ahora se señalan.

Es de justicia decir que, desde el año 2009, estaban listos los nuevos planes para el municipio de Guadalajara. Habían sido reformulados y adecuados, consultados públicamente a conciencia, ajustados de nuevo y plenamente aprobados por el Cabildo (esto consta en las actas de sesiones). Fue hasta el final momento, cuando era necesaria la última aprobación del Cabildo para publicar en el Diario Oficial los nuevos planes, que una fracción política, con el ojo puesto en la administración que se avecinaba, afín a ella, se negó a votar su promulgación. Como consecuencia, la ciudad ha tenido que cargar con seis años más de un grave problema estructural que ha impedido en muchos casos un desarrollo sano. Y con un río revuelto favorable a todo tipo de turbios manejos, y que lo continúa siendo gracias a la oposición, miope o interesada, contra la vigencia de los planes parciales recientemente elaborados y aprobados por la presente administración.

Coincidentemente el agotamiento del perverso modelo de dispersión urbana, que tantos negocios propició a costa del equilibrio y la calidad de vida de la ciudad, ha orientado la presión inmobiliaria hacia la verticalización de ciertos predios de las áreas consolidadas. Ante la insuficiencia, o la inadecuación de la norma (los planes) para regular y conducir esa tendencia, hoy nos encontramos con que el TAE suplanta flagrantemente las decisiones constitucionales de los ayuntamientos en materia urbana. La Procuraduría de Desarrollo Urbano, en lugar de atender en este grave asunto los intereses de las mayorías, se sumó a las voluntades de quienes –expresamente o no- quieren que la situación actual prevalezca.

32 manzanas podridas gracias a la incapacidad política para hacer prevalecer el orden urbano. 32 contextos citadinos afectados injustamente que, a su vez, contagiarán la podredumbre a su alrededor. 32 ejemplos que estimulan cientos más, que quisieran proliferar libremente a costa del bien común. 32 casos de podredumbre moral por parte de quienes ponen sus intereses económicos por encima de la moral y de la ciudad, y con ello demuestran impunemente que las componendas legaloides tienen entre nosotros mayor validez que la ley. ¿Hasta cuándo?