El Colegio de Arquitectos de la ciudad México convocó a un concurso de proyectos para la creación del Memorial a las víctimas de la violencia, en representación de la Fundación Camino a casa, y de las organizaciones Alto al secuestro y México SOS. Pero la historia de esta convocatoria –que se dio a conocer el 3 de julio– viene de antes. El memorial nace de un compromiso del presidente de la República con distintas organizaciones que encabezó Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz, con la vocación de representar y catalizar el dolor de las víctimas y el de una sociedad mancillada por la violencia de esta guerra contra el narcotráfico y la impunidad que tanto ha dañado a México en los últimos años.

El proceso de gestación del concurso aunó a distintas organizaciones que lideró el Movimiento por la Paz, entre los que cabe destacar la participación del padre Solalinde, Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace, entre otros. El compromiso del presidente implicaba la aportación de recursos para llevarlo a cabo, si bien el espíritu del memorial debía atender la voluntad de las organizaciones y movimientos que representan los distintos sectores de la sociedad. Un memorial debe representar el dolor de las víctimas y, en este caso excepcionalmente, debe ser capaz de encarnar una herida abierta para una sociedad que sigue en guerra. No es la celebración de un recuerdo pasado, de un holocausto o de una tragedia pretérita, sino la constatación de una catástrofe activa de la que nadie es ajeno.

Un memorial, debería ser, en primer lugar, una reflexión en la que pudiera participar toda la sociedad, con los tiempos necesarios para la discusión y creación como acto de reconciliación. Un memorial debería ser, sobre todo, un proceso, no un monumento. El resultado difícilmente puede venir de las agraciadas propuestas de unos profesionales sino se han impregnado antes del horror y de la esperanza, que contribuya a la justicia y denuncie la impunidad. Los proyectos deberían ser el resultado de este proceso catártico y necesario en el que participen todos los actores sociales. Decía Javier Sicilia que “nosotros, víctimas de la violencia y ciudadanos de paz, creemos (…) que un memorial puede convertirse en una herramienta de paz que, con el poder de las metáforas del arte, sea capaz de volver a tocar el corazón de los mexicanos, que nos recuerde hoy la urgencia que impone la emergencia nacional y sirva mañana, cuando la paz haya sido conquistada, para recordar a quienes perdieron la vida, así como el valor de la paz, la convivencia, la solidaridad y la reconciliación”.

Sin embargo, el proceso se precipitó en aras de cumplir con los intereses de la agenda presidencial. Ante la urgencia, el Movimiento por la Paz y los que redactamos la convocatoria original renunciamos a participar en otro monumento autocrático. Y lo que podía haber sido un catalizador del dolor, un lugar de encuentro y de reconciliación entre víctimas y verdugos, abierto a toda la ciudadanía, quedó reducido a un concurso urgente entre arquitectos, ingenieros y paisajistas, para que el presidente saliente pueda inaugurar un monumento en un terreno que –hasta poco antes de la convocatoria– pertenecía al Ejercito, reflejando implícitamente la representación parcial de las víctimas.

Que una organización colegial obsoleta convoque un concurso en representación muy parcial de la sociedad y sin jurado conocido, invitando a un colectivo que baila con cualquier ruido –y que ya ha dado repetidas muestras de su incapacidad para reflexionar responsablemente ante el frenesí por enarbolar sus formas– no debería ser un aval de credibilidad. Este concurso atropellado frustra, en buena medida, la posible convocatoria de un proceso de catarsis que exprese el dolor y ayude a paliarlo. Una vez más las urgencias de uno y el clientelismo de otros boicotea –quizá sin quererlo- un acto de responsabilidad cívica y social.