Este artículo ha sido víctima de sí mismo. Ha tardado mucho el desahogo físico y mental de las autoras para decantar las ideas que hoy, finalmente, toman forma.

La velocidad impuesta en las actividades diarias trae con retraso el deseo del disfrute de lo anhelado y el involucramiento de lo común.

¿Cuántas veces al despertar por la mañana, el primer deseo que se hace presente en la mente es ansiar que acabe el día para volver a dormir? La tragedia está en descansar y sentir culpabilidad por eso. Bajo esta infinita espiral, sin duda, lo común se vuelve secundario.

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Somos algo parecido a esponjas saturadas, si no de agua, sí de información, de datos que ni siquiera son asimilados, comprendidos ni interpretados. Somos esponjas saturadas de cansancio crónico, de imágenes y redes sociales…, esponjas que superaron su capacidad de absorción y comenzaron el goteo del hartazgo y la indiferencia como blindaje para sobrevivir.

Somos esponjas que se acostumbran a absorber por el simple hecho de ser esponjas; esclavas ante la incapacidad de drenar, soltar, dejar ir. Sin embargo, aquellas esponjas que logran liberarse de estímulos, en muchas ocasiones, se saturan de nuevo por costumbre, inercia o culpabilidad.

Nuestro correlato espacial es una ciudad que también está tan llena, tan preformada, que deja poco espacio a la acción de sus habitantes que, bajo esa lógica, se convierten en meros usuarios indolentes, poco más que zombis. Ante la maravillosa idea deleuziana-guattariana de una máquina como un sistema abierto con entradas y salidas que permiten conectar, afectarse, rehacerse, nos presentamos como tristes víctimas de dispositivos que han cristalizado y paralizado (en apariencia) toda posibilidad de disrupción creativa:

Entramos en Centros Comerciales que para muchos es su único modelo de encuentro “público”. ¿¡Público?!, ¿¡común!? Son lugares donde todo se pretende que todo está calculado para seducirnos en el ciclo del consumo, de la coquetería mercantil, y en los que tropezamos con extraños que nos estorban en nuestra ruta para llegar al siguiente escaparate. Parecemos avecindados, pero ni nos conocemos y, probablemente, tampoco nos queremos conocer.

Esta saturación física-mental y emocional deriva en la incapacidad de entrar a la vida colectiva y al reconocimiento de lo diferente, lo nuevo, lo ajeno y, de ahí, a que la implementación de estrategias o dinámicas sociales no acostumbradas produzcan un rechazo sistemático, ya que, además, tampoco queda más tiempo ni energía vital para algo qué quizá sea importante: la vida misma más allá de la productividad en el trabajo y la eficiencia malentendida que tanto daño hace. Ya lo dice la canción, porque de canciones somos: “y todo para qué / todo para qué / si al final yo perdí”.

Capitalismo cognitivo y la era del agotamiento: anestesia y estancamiento

La ciudad extenuante limita el interés en involucrarnos con otros / con las complejidades presentes en la ciudad. Lo que sucede cuando las personas estamos agotadas es que se cancela nuestra voluntad de participar en cualquier actividad que no nos exija más que estar catatónicos. En ese terreno de lo “estriado”, lo preformado, pareciera no haber cabida para nada nuevo…, ni para nada más. Esa parece ser la estrategia del capitalismo actual: capturar todos los rincones de la vida, no meramente los espacios de la producción, como se pensaba en el lejano siglo XIX, sino también los espacios intangibles de realidades alternas que permiten la evasión, el consuelo y adormecimiento momentáneo de un “aquí y ahora” asfixiante e infinito.

Esto, en términos de ciudad, ¿qué significa? Esto, en términos de humanidad, ¿qué es?

Las relaciones, el entretejimiento de vínculos requiere de energía y disposición, esfuerzo de transformación, de mostrarnos tal cuales somos y no desde el deseo del querer ser y, sobre todo, necesita disposición a la mediación y al reconocimiento de una realidad distinta a la que se le confiere validez, aprobación y legitimidad.

Al final del día: encuentro y mutación

Por ello, una ciudad que no permite ser intervenida no es una ciudad porque niega el concepto fundacional de polis: no hay espacio en dónde aparecer en nuestra singularidad, sino sólo en el antagonismo, en la orfandad de los contrarios expresado en la invisibilidad doméstica y la comodidad del recogimiento Netflixiano, a salvo de encuentros y esfuerzos de convivencia social. O bien, el encuentro estandarizado en el que todos nos reducimos a ser el consumidor que se vestirá con lo que dicte la moda hegemónica para, así, ser cada día más indistinguibles.

Ahora bien, no sólo basta con una ciudad abierta y dispuesta a la intervención, sino que es necesaria la liberación del tiempo; darle cabida al ocio no precualificado por las industrias del entretenimiento; al derecho al aburrimiento que da pie a la creatividad y al pensamiento crítico que se niega, como salmón a contracorriente, a pensar y vivir como supuestamente “debe ser”. Necesitamos dar la lucha por el derecho a la sensibilidad que, no olvidemos, se compone por sensaciones, percepciones, espacio y tiempo.

Llevamos peleando mucho tiempo por la legitimidad de los diversos saberes. La batalla en el campo de la epistemología es intensa y, de acuerdo, no se debe bajar la guardia. Sin embargo, no debemos olvidar la trinchera de la sensibilidad y del deseo: ahí es donde se crea y recrea la vida.

Sin aesthesis no hay creación, ni de conocimiento ni tampoco de transformación ontológica. No mantenemos permanentemente desconectados, aislados y anestesiados, no sólo de nuestro entorno urbano, sino de nuestra propia alteridad existencial y de la alteridad radical de lo viviente no humano. Todo esto hace que decir que vivimos no sea más que una presunción que nos contamos a nosotros mismos.

Reflexión final: heterocronías y juego

A decir del grandioso pensador Georges Bataille, es en la esfera de lo sagrado donde se engendra lo nuevo. De acuerdo con Bataille, es el arte, la fiesta, la muerte y el juego en donde se abre esta esfera. Por otro lado, el ejercicio del derecho a la ciudad implica hacer-crear ciudad, no sólo acceder a los bienes, sino crear de manera comunitaria. ¿Qué podemos crear en conjunto? No sólo nuevos espacios de concreto y losas aligeradas, ni conquistas de baldíos que esperamos sean nombrados como espacios públicos. Pensemos en crear nuevas formas de habitar, no sólo de hábitat; pensemos en habitar otros tiempos, otros lugares, siempre jugando, sí…, siempre jugando.

El cargo Esponjosa saturación apareció primero en Arquine.

El derecho urbanístico actual no es neutro y responde a una tradición jurídica con prioridades y lógicas bastante delimitadas. A partir de las revoluciones liberales de los Siglos XVII y XVIII —específicamente las de Inglaterra, Francia y Estados Unidos— el positivismo desarrolló una fuerte preocupación por la certeza jurídica. Según el liberalismo clásico, lo opuesto al derecho era la incertidumbre y el peligro constante. El caos como estado natural debía ser domesticado a partir de un “pacto social”, del cual surgiría nuestro sistema legal. Bajo estas premisas, el derecho buscó predecir y dirigir el comportamiento de la vida pública como si se tratara de una ciencia exacta. En gran medida, esto generó una arraigada preocupación por regular cada aspecto de nuestras vidas. Cualquier manifestación de organización autogestiva, consuetudinaria o espontánea ha sido vista con desconfianza o, cuando menos, cautela.

En muchos lugares las normas tienden a criminalizar el comercio ambulante, aún y cuando le reconocen —formalmente o en la práctica— zonas de tolerancia para su desarrollo. No debe extrañarnos que donde existen leyes especializadas para organizar el comercio en vía pública —como es el caso de Nuevo León o Ciudad de México— éstas suelen centrarse en la exigencia de requisitos para su reconocimiento, más que en establecer puentes para la solución de conflictos o disputas que pudieran darse entre distintos actores de la ciudad durante el desarrollo de estas actividades. El Estado asume de alguna manera un papel de “creador” frente a una realidad que en los hechos no depende de él. Como ocurre con muchos otros fenómenos urbanos, el comercio en vía pública es realmente preestatal. Las autoridades reaccionan ante su presencia, no la generan.

El fetichismo por el “orden y progreso” que promete la certeza jurídica ha llevado, en muchos casos, a dinámicas que poco tienen que ver con la convivencia pacífica y el equilibrio en el uso de los espacios, y sí mucho con la posibilidad del ejercicio del control. Mauricio García Villegas, en su celebre obra La eficacia simbólica del derecho (1993), nos explica cómo las normas muchas veces buscan objetivos distintos a los que anuncian de manera abierta. Esta es una reflexión que resuena mucho con este tema si pensamos en cómo los operativos para desalojar puestos ambulantes o tianguis suelen anunciarse bajo el pretexto del “orden” y la “legalidad” —aunque rara vez se señale qué norma se está incumpliendo—, e incluso la “limpieza” o el cuidado de una “imagen”. No es infrecuente que, bajo la excusa de “garantizar el espacio público”, las autoridades realicen injerencias arbitrarias en contra de vendedores de tianguis o puestos ambulantes. Así se profundizan las relaciones de desigualdad y se generan parámetros que, en la práctica, se aplican con ambigüedad. Esto sorprende poco si consideramos que este tipo de actividades suele ligarse a ciertos perfiles socioeconómicos e incluso raciales. En muchos lugares, la legislación se diseña sin atender a estas desigualdades estructurales, bajo la excusa de que “la ley debe ser pareja”, aunada a la premisa de que la libre competencia en el mercado se da entre actores formalmente iguales —aunque en la práctica no lo sean.

La Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-090/20, resolvió que la Alcaldía de Medellín había violado los derechos de una vendedora ambulante al negarle el traslado temporal a un espacio público, debido a las obras de mantenimiento en la zona donde normalmente trabajaba. En la resolución, aquel tribunal señaló que proteger el espacio público no era justificación para afectar de manera desproporcionada a personas en condiciones de desigualdad estructural como los vendedores ambulantes.

Sin embargo, este precedente no representa la regla en América Latina. Las crisis económicas y los flujos migratorios parecieran reforzar los estigmas en contra del comercio en vía pública, como si fuera una transgresión que irrumpe contra nuestra normalidad. Si bien los tianguis, puestos ambulantes o en parques, y negocios similares no son homogéneos, y en muchos lugares pueden existir problemáticas en el desarrollo de sus actividades que deban ser atendidas, pareciera que se prioriza la acción correctiva del Estado. Mientras, se recrudecen las medidas de “tolerancia cero” en contra de las manifestaciones populares, en lugar del diseño de espacios de diálogo y toma de acuerdos entre los actores involucrados.

En esta discusión cotidiana se esconde una reflexión mucho más amplia acerca de cómo entender el papel de las autoridades en aquellos espacios que, si bien pueden estar a su cargo y mantenimiento, de alguna manera les exceden. ¿Qué tanto las normas, que aseguran buscar una concordia y convivencia pacífica en los sitios que nos son comunes, están buscando, en realidad, una pretensión imposible de definir, controlar e incluso “corregir” aspectos de la vida pública que no requieren ser definidos por las autoridades, ni debieran serlo?

En México, si bien hay estados que han aprobado leyes para regular el comercio en vía pública, la realidad es que esta es una facultad que los municipios poseen constitucionalmente. ¿Qué tanto los municipios son instancias para generar un proceso de diálogo con los diversos actores que intervienen en los debates sobre le comercio en vía pública?, y ¿qué tanto son autoridades que diseñan en escritorios la realidad que esperan ver materializada con tan sólo publicar un reglamento? Una pregunta más para reflexiones futuras: ¿el papel del derecho urbanístico es crear una realidad que no está en sus dominios o establecer parámetros para la solución de controversias en dinámicas colectivas?

El cargo Comercio y espacio público: el papel del derecho en su tensión apareció primero en Arquine.

Eso quiere decir que la vivienda también es un campo de discusión sobre lo que nuestra realidad es, lo que debería ser y lo que podría llegar a ser de elegir un camino o el otro. En algún momento dado, se adoptan ciertos modelos que con el paso del tiempo se convierten en paradigmas. Pero, en determinadas coyunturas, esos paradigmas son cuestionados no sólo por el sector especializado que constantemente habla entre sí, sino por la población en general. Es ahí cuando ocurre la posibilidad de replantear lo que todo este tiempo parecía obvio.

El pasado 4 de julio se celebró en el Centro Cultural Los Pinos el foro “Vivienda justa y prosperidad compartida”, organizado por El País, el Espacio Cultural Infonavit y la consultora Urban Front, fundada por David Harvey, quien además fue uno de los participantes. Fuimos cerca de 25 ponentes de México, Ecuador, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y España que, a lo largo de la jornada, compartimos distintos puntos de vista sobre lo que la vivienda en México es hoy en día y lo que podría ser. Algunos proveníamos del activismo y la academia; otros, de organizaciones de base, el sector privado o instituciones de gobierno. Como suele ocurrir en estos espacios, una cosa es lo que dije y otra cosa es lo que quisiera comentar hoy, después de escuchar tantas intervenciones valiosas, más allá de los puntos de coincidencia y diferimiento que evidentemente podría haber.

Un tema indispensable en los últimos meses —y que, por supuesto, fue retomado en el foro— es el de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero de 2024. En términos generales, se propone darle al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) la facultad de ofrecer vivienda de arrendamiento público (inmuebles propiedad de dicha institución) para las personas trabajadoras que, por el momento, no estén en posibilidades de adquirir una vivienda en propiedad. Pasados diez años bajo este esquema, la persona podría optar por comprarle al Infonavit la vivienda, descontando parte del monto total de lo que ya haya pagado en las mensualidades anteriores.

Por sencilla que parezca, esta iniciativa ha producido mucha polémica. Obviando aquella que proviene de noticias falsas y bulos de redes sociales, existen algunas que me parecen de interés. Por un lado, está aquella que sostiene que el Infonavit no debería ofrecer vivienda de arrendamiento porque su función es garantizar que los trabajadores puedan comprar una vivienda. Si bien esta postura es entendible, también es un hecho que hoy en día muchos trabajadores no pueden adquirir una vivienda en compra, ya sea porque no tienen los puntos Infonavit suficientes, o porque los precios cada vez son más inaccesibles. La realidad es que hay gente afiliada al Infonavit cuya única opción es rentar una vivienda.

Justamente fue David Madden, durante su intervención en el foro, quien expuso la importancia de la política de vivienda de arrendamiento y la necesidad de cuestionar la idea de que una persona tiene que adquirir una vivienda en propiedad para vivir con seguridad en sus proyectos de vida. Además, señaló el papel de la vivienda de arrendamiento pública en contraposición con la vivienda de arrendamiento en el mercado privado. Aunque por supuesto no hizo mención a la iniciativa de reforma al Infonavit, para muchas personas presentes fue difícil no pensar en cómo sus planteamientos resuenan en esta discusión —más allá de las claras diferencias de contexto entre los países europeos, donde tuvieron lugar las experiencias que presentó a manera de ejemplo, y un país latinoamericano como México.

Por otro lado, está la crítica que sostiene que una política de arrendamiento por parte del Infonavit no debería tener la opción de comprar propiedades, ya que esto implicaría que la vivienda de arrendamiento producida por el Estado pasaría al sector privada con el transcurso del tiempo. Esta crítica me parece de sumo interés y debería ocupar un lugar central a la hora de discutir esta iniciativa de reforma. A partir de ella, comparto algunas reflexiones que van más allá del Infonavit.

En el imaginario popular, el Infonavit es el instituto de vivienda en México. Sin embargo, esto es un error. Si bien es una autoridad encargada de garantizar el derecho a la vivienda, en realidad es una institución financiera pública creada para apoyar a los trabajadores en su propósito de adquirir una vivienda en propiedad. Y no a cualquier trabajador, sino a aquel que se encuentra en la economía formal. Además, parte de su financiamiento proviene de aportaciones de las personas trabajadoras. Esto le da al Infonavit una condición muy sui generis que limita demasiado sus alcances, además de que tiene un diseño que, de origen, no es el idóneo para cubrir todas las omisiones y ausencias pendientes en política de vivienda.

¿Podría reformarse el Infonavit para que sea capaz de abarcar más funciones? Sí, pero creo que actuar así sería empezar por el camino equivocado. Recordemos que en México contamos con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), encargada de proveer precisamente el derecho a la vivienda con un enfoque más abierto, aunque con una atención sumamente limitada por parte del gobierno y la población. Además, cada estado del país cuenta con su propio instituto de vivienda. Por si esto fuera poco, los trabajadores del estado —federales y locales—, las fuerzas armadas y algunas universidades autónomas tienen sus propios sistemas de financiamiento de vivienda. Ni hablar de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) cuenta con muchas facultades y obligaciones en materia de vivienda. Y ahí la dejamos, para no hablar de cómo los ayuntamientos, alcaldías e institutos municipales de planeación tienen también su propia injerencia en el tema. En resumen: tenemos toda una fauna de instituciones que ejecutan el Plan Nacional de Vivienda, muchas veces sin coordinación; y, otras, mediante coordinaciones esporádicas y contingentes.

Si la apuesta es reformar estructuralmente el Infonavit, mi respuesta es que hay que ir más allá. Creo que habría que considerar la posibilidad de unir Infonavit, Conavi y FOVISSSTE (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) en un verdadero Instituto Nacional de Vivienda que permita acciones mucho más coordinadas, e incluso proyectos que atiendan a los distintos perfiles que cada institución atiende por separado en la actualidad. En caso de que esto sea demasiado pedir a la voluntad política y a los tiempos legislativos, creo que, cuando menos, se debería fortalecer la Conavi para que dirija una política de vivienda de arrendamiento capaz de atender a gente no afiliada a Infonavit o FOVISSSTE, sin opción a compra, garantizando un stock permanente de vivienda de arrendamiento público, tal como existe en otros países, incluso en casos latinoamericanos.

Comparto estas reflexiones aquí no para poner un punto final a esta discusión, sino para proponer un diálogo más amplio sobre este tema. En problemáticas tan complejas nada de lo que propongamos será por sí mismo una panacea. Pero el conjunto de distintas propuestas que se articulen y complementen a partir de esas propuestas pueden ser la llave para lograr cambios sustanciales. Siempre y cuando no desestimemos la posibilidad de cuestionarnos que lo existente no es inamovible y que siempre puede ser cuestionado, incluso en sus raíces.

El cargo La vivienda que podría ser: reflexiones en torno a la iniciativa de reforma al Infonavit apareció primero en Arquine.

Bajo esta premisa, podemos entender el derecho urbanístico como un punto de inflexión para nuestras tres profesiones. Las discusiones que se dan en el ámbito del urbanismo y la arquitectura —sobre todo aquellas en ciertos espacios con un mayor peso simbólico y económico— terminan por reflejarse en las normas. Pero, de la misma manera, las decisiones jurídicas terminan afectando el desempeño de la producción de vivienda o la planificación urbana. Uno de los problemas que enfrentamos hoy en nuestras ciudades es que seguimos pensando que arquitectura, urbanismo y derecho son tres mundos separados que no sólo no suelen interactuar —aunque realmente lo hacen de manera constante—, sino que inclusive pareciera mejor no mezclar.

En este espacio que inicio en Arquine busco proponer un puente de diálogo entre el derecho, que es mi área formativa, y el mundo de los arquitectos y urbanistas. Haré el esfuerzo por explicar fuera del lenguaje abogadil algunos temas del derecho que son de gran importancia para arquitectos y urbanistas, con la esperanza de que esto pueda ser un pequeño aporte a una interacción interdisciplinario más latente.

El urbanismo de los tribunales

Los tribunales —sobre todo la Suprema Corte de Justicia en México y otras cortes constitucionales de América Latina— interpretan el derecho. Es imposible que la Constitución, las leyes, los reglamentos, las normas oficiales e incluso los Planes de Desarrollo Urbano tengan la suficiente especificidad como para prevenir cualquier caso o controversia que pueda darse en el día a día. El deseo de redactar un texto legal capaz de abarcar todas y cada una de las situaciones que pudieran darse sería como tratar de hacer un mapa tan específico que termine por representar el mundo a escala real, con cada objeto, equipamiento e incluso personas en las mismas posiciones en las que se encuentran en la vida real.

Es común que nos enseñen que el papel de los jueces y juezas sea el de “ser neutrales”. Se piensa que estas autoridades se limitan únicamente a “aplicar la ley”, como si su criterio fuera un sello que se imprime sobre una superficie, sin importar cuál sea. La realidad es que el derecho debe interpretarse. Y eso involucra a las normas jurídicas que impactan en el urbanismo y la arquitectura, que muchas veces se interpretan sin escuchar las opiniones de personas dedicadas a estas disciplinas. Como podemos imaginarnos, el resultado de esta realidad puede, a veces, salir bien, a pesar de todo. Pero, en muchas ocasiones, puede que no.

¿Qué tanto son capaces los tribunales de intervenir en la planeación urbana?

El derecho a la propiedad vs. el derecho a la ciudad

Una vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que resolver un caso relacionado con los conflictos entre el derecho a la propiedad y lo que podríamos llamar el “derecho al paisaje urbano”. [1] En noviembre de 2015, el Colegio Tecnológico de México, A. C. fue multado por autoridades administrativas de la Ciudad de México por haber colocado dos anuncios adosados a un inmueble ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza (Iztapalapa). Asimismo, se le ordenó a esta organización el retiro de dichos anuncios.

El Colegio inició un juicio administrativo en contra de la sanción, el cual se extendió hasta 2017, cuando llegó a la SCJN. Entre otras cosas, el Colegio había planteado que la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal era inconstitucional, porque violaba el derecho a la libertad de expresión y al derecho a la propiedad. Esto es importante porque en México puede existir una norma, pero si es declarada como inconstitucional en un juicio de amparo, esa norma dejar de ser aplicable para la persona que la demandó. En este caso, el Colegio sostenía que los artículos de esa Ley, que imponían permisos para poder colocar anuncios, violaban sus derechos al ser excesivos. ¿Tenían razón?

Esta es una problemática constante y común en nuestras ciudades. La tensión entre lo público y lo privado pareciera resolverse siempre a favor del ejercicio de la propiedad. “Si es mi inmueble, ¿por qué no puedo hacer con él lo que yo quiera?” Esta lógica puede sonar bastante contundente. Sin embargo, el mundo de la arquitectura y el urbanismo es también el de las excepciones a esa máxima. Contrario a lo que pueda suponerse, es bastante común que el uso y ejercicio de la propiedad privada encuentren límites conforme al contexto urbano —o rural— en el cual se encuentran: desde giros comerciales incompatibles por su cercanía a escuelas y hospitales, hasta límites de altura y ocupación de terreno; o desde usos de suelo previstos en la zonificación secundaria, hasta normas de salubridad para comercios.

¿Qué fue lo que resolvió la SCJN? En la sentencia, los cinco ministros de la Primera Sala recordaron que, en otros casos, ya habían señalado que el derecho a la propiedad no es absoluto y que puede ser limitado “siempre que medien razones de utilidad pública o de interés social, una justa indemnización y limitarse a casos y formas establecidas en la ley.” También recordaron cómo, anteriormente, ya habían concluido que, en el marco de la Constitución mexicana —en particular el artículo 27, que es fundamental para entender la propiedad en nuestro país—, este derecho “no está configurado desde una perspectiva meramente individualista, sino que tiene una función social”.

Con base en esos precedentes, la SCJN concluyó que la obligación de solicitar un permiso para colocar anuncios en tu inmueble sí era una limitación a la libertad de expresión y al derecho a la propiedad. Sin embargo, consideró que era un impedimento permitido por la Constitución, ya que buscaba garantizar que se protegiera el “derecho a un medio ambiente sano a través del mejoramiento del paisaje urbano de la Ciudad de México”. Esta afirmación no es cosa menor: la SCJN estaba interpretando el artículo 4 constitucional —el cual reconoce el derecho al medio ambiente sano— en un contexto urbano, y concibe que el “mejoramiento del paisaje urbano” forma parte de ese derecho y, en consecuencia, es un parámetro para medir si una ley, reglamento o Programa de Desarrollo Urbano (PDU) es compatible con la constitución —y, por lo tanto, si alguien puede demandar o no una norma en un juicio de amparo.

La SCJN justificó esta conclusión señalando que el Poder Legislativo de la Ciudad de México, al hacer la Ley de Publicidad Exterior,

trató de implementar una regulación a la publicidad exterior como una forma de armonizar la imagen urbana y el medio ambiente, ya que la proliferación descontrolada de anuncios publicitarios comenzó a representar un riesgo para la seguridad y la calidad de vida de la población. […] [L]a medida es proporcional en sentido estricto, pues en momento alguno se restringe totalmente la posibilidad de una persona de instalar un medio físico por el que quiera transmitir un mensaje publicitario, sino que tal actividad podrá ser realizada cuando se cumplan los requisitos administrativos previstos para tal efecto.

Además, la SCJN advirtió que la Ley no violaba el derecho a la libertad de expresión, ni el derecho a la propiedad, porque no se estaba limitando “cualquier mensaje”, sino únicamente aquellos con fines propagandísticos, institucionales o electorales, por lo que la limitación a esos derechos no era desmedida.

Por último, la sentencia decidió no amparar al Colegio, razón por la cual tuvo que pagar la multa y retirar la publicidad hasta no conseguir los permisos exigidos.

El derecho al paisaje urbano: ¿qué tanto es tantito?

Esta sentencia sentó precedentes que deberían ser de gran interés para cualquier arquitecto o urbanista. A partir de ella, cualquier afectación al “mejoramiento del paisaje urbano” puede ser considerada inconstitucional si no está justificada de manera estricta. El problema es que la SCJN nunca definió qué entiende por paisaje urbano. ¿Se refiere únicamente a un parámetro estético? ¿Cómo distinguiremos qué es parte del “mejoramiento del paisaje urbano”, cuando el paisaje urbano es un fenómeno producido por el ser humano, para el cual no contamos con parámetros claros sobre lo que es un estado “original” o el “afectado” por nuestra causa —parámetros que parecieran más claros cuando hablamos del medioambiente?

Pensando un poco en el contexto en el cual me encuentro: ¿qué ocurriría, por ejemplo, si se da un juicio en contra de una construcción vertical debido a que obstruye la vista a los cerros del Área Metropolitana de Monterrey? O recordemos que la SCJN consideró válido exigir permisos para colocar mensajes propagandísticos, institucionales o electorales. ¿Por qué un tipo de mensaje sí estaría acorde al “paisaje urbano” y otros no?

Con esto no quiero decir que estoy en contra del resultado de la sentencia. En lo general, me parece acertada la decisión de considerar constitucional que los ayuntamientos o gobiernos estatales pongan límites a la instalación de publicidad exterior en inmuebles. Pero no dejan de surgir preguntas acerca de lo que las palabras de la SCJN en esa sentencia significan o significarán en otros casos que puedan darse a futuro.

El derecho, la vivienda y la ciudad

Una sentencia de la SCJN es incapaz de decirlo todo. Pensemos de nuevo en lo absurdo que sería exigir un mapa a escala real, que contenga todos los objetos que encontraremos en un momento y lugar específicos. Lo permitido y lo no permitido, tanto en la vivienda como en las ciudades, muchas veces se construye sentencia a sentencia, por medio de las cuales se construyen las bases sobre las cuales en un futuro serán resueltos nuevos procesos. Aquí presenté tan solo un ejemplo, pero hay muchos casos en los que el resultado ha sido preocupante, por no decir desastroso. Otros, sin embargo, resultaron un poco más cercanos a las reflexiones propias de campos como el urbanismo y la arquitectura.

Sea como sea, es urgente que exista una interacción constante entre el derecho, la arquitectura y el urbanismo. ¿Cómo hacer procesos en los cuales una disciplina comprenda mejor las inquietudes de las otras?

No tengo la respuesta. Pero espero que la persona que lea estas líneas pueda hacer junto a mí un pequeño nicho de reflexiones por medio de este espacio de opinión.

Nota

[1]  Este caso fue resuelto por la Primera Sala de la SCJN en el el Amparo Directo en Revisión 7768/2017.

El cargo El derecho, como las ciudades: ladrillo a ladrillo apareció primero en Arquine.

La ciudad es de todos gracias a que ocurren esos desacuerdos, ya que cualquier disenso implica su negociación. Casi todos hemos debido aprender a lidiar con aquellas ocasiones en las que se debe exponer al vecino que debe bajar el volumen de su música, o con las madrugadas en las que debemos asumir que no podremos dormir porque los inquilinos de arriba no piensan parar la fiesta. El posible autoritarismo que mora en cada uno de nosotros llega a funcionar sólo como un deseo de que la ciudad se comporte como nosotros quisiéramos. En eso se queda porque en algún momento también hemos llegado a hacer fiestas, a perturbar el descanso ajeno o a gritar en la madrugada por efectos de la felicidad etílica. Dicho esto, es importante asumir que existe clasismo en esta ciudad, y que esto puede llegar a quedar expresado en lo que cada uno interpreta que debe ser la ocupación del espacio público. Un ejemplo casi cliché: sabemos de quienes prefieren las mesas de los restaurantes de la banqueta invadiendo el paso a los puestos de frituras o de baratijas. Técnicamente, ambos negocios obstruyen el tránsito de las calles, pero privilegiar uno sobre otro es más una evidencia ideológica que urbanística. Sin embargo, lo que podemos notar es que casi siempre se esgrime “el derecho a la ciudad” como un argumento bajo el que cualquier ciudadano puede expresar su descontento cuando algo impide su libre tránsito.

“El Derecho a la Ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación  y a un nivel de vida adecuado”. Esto se lee en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, documento publicado en septiembre de 2011. El geógrafo Ben A. Gerlofs establece que el contexto de esta carta se dio décadas antes, cuando sociedades civiles, como el Movimiento Urbano Popular (cuya actividad tuvo mayor contundencia después del sismo de 1985) articularon la idea de que la ciudad era un bien común que, a la manera de los jardines, podía ser cuidado entre la colectividad, al margen de la injerencia que pudieran tener las autoridades. Los sobrevivientes de una situación de desastre sabían que esperar las resoluciones de las instituciones competentes era continuar con la precarización del entorno urbano y de las dinámicas que éste puede activar. Si bien, aquella Carta no cuenta con una legislación formal ante los jefes de gobierno, y existen algunos matices que deben contemplarse (sobre todo respecto a los grupos que se involucraron en la formación del documento), resulta pertinente recordarla para mirar con cuidado algunos fenómenos urbanos recientes. 

Lo obvio es considerar que una ciudad más equitativa tiene que funcionar a niveles infraestructurales. Por ejemplo, tendría que ser una garantía que las líneas del metro destinadas a quienes habitan en las periferias funcionen de la misma manera que para quienes se trasladan en las zonas más céntricas. Pero, además de esto, ¿qué pasaría si dejamos de pensar en la ciudad como una gran tela sobre la que pueden realizarse una serie de intervenciones físicas que mejoran la vida de sus habitantes? ¿Qué términos se tienen cuando los espacios públicos no son los que el centro comercial deja como sobrantes, o cuando las apropiaciones de los sitios se dan de formas más invisibles y que rebasan el simple uso de servicios? Para el sociólogo Richard Sennett, los deseos tienen el potencial de generar tensiones urbanas y que, por lo mismo, construyen las prácticas sociales de las ciudades. A la manera de los planteamientos de Sennett, la Carta del Derecho a la Ciudad contempla aspectos que no necesariamente son objetos construidos, estableciendo que las expresiones y prácticas culturales afirman que una ciudad está siendo apropiada en igualdad de condiciones. Porque una ciudad no sólo sirve para los traslados, y nuestro encuentro con el otro no necesariamente está cifrado por la mirada del explorador cuyo entendimiento de la diversidad relativiza las diferencias sociales que existen en los entornos urbanos. En la Ciudad de México también viven los estratos populares, y sólo este hecho es suficiente para sospechar de quiénes definen qué es contaminación visual o auditiva, qué son los “usos y costumbres” que no deberían formar parte del tejido de la metrópoli y qué significa una ciudad que disfruta de manera pacífica sus espacios.

Cuando el poder zanja los desacuerdos entre los ciudadanos, más se rompe la posible coreografía que imaginó Jane Jacobs. Y en el panorama político actual, es más que evidente que son los espacios que no sirven a la recaudación monetaria y que están hechos por y para quienes habitan en las colonias más populares los que resultan más vulnerables a esta diferenciación que el poder establece entre lo que sí es cultura y lo que no lo es; entre las negociaciones ante los desacuerdos y las decisiones arbitrarias. “No se puede privilegiar el derecho de unos pero violentar el derecho de miles de personas”, declaró el pasado domingo la alcaldesa de la Delegación Cuauhtémoc Sandra Cuevas cuando comunicó su decisión de prohibir los bailes comunitarios en el Kiosko Morisco de la Santa María La Ribera, un recinto que ha recibido desde hace 12 años a ciudadanos de la tercera edad para bailar al ritmo de la cumbia y el danzón. En su conferencia a los medios, la alcaldesa mencionó que no se estaba prohibiendo el baile, siempre y cuando se diera en los espacios cerrados de la casa de cultura o el deportivo de la colonia: ocultar lo que ella calificó como “ruido” y evitarse la pena que la gente se reúna con la comunidad no para consumir ni rellenar un mitin político sino, simplemente, para bailar. A todos nos molesta el ruido ajeno, y seguramente, como comentó Cuevas, bastantes personas denunciaron la fiesta comunitaria, lo que nos lleva a pensar en un panorama más pesimista: la decisión no solamente fue hecha por un villano de caricatura que prohibió la felicidad, sino que otros ciudadanos apoyaron y apoyan una moción que da algunas pautas de qué clase de ciudad quieren algunos residentes de la Santa María y de la ciudad en su conjunto. Sin embargo, siempre se ha bailado en la plaza pública, y seguramente se seguirá bailando. Aquél no fue el último danzón en la Santa María. 

El cargo Ese no fue el último danzón en la Santa María apareció primero en Arquine.

A finales del año pasado, Sandra Cuevas, alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, presentó la propuesta de un “corredor cultural” para la Zona Rosa, en la calle de Génova, con la instalación de 4 mil metros cuadrados de pantallas led que se volverían una atracción que “activaría” un territorio que, de hecho, no se encuentra abandonado. El proyecto fue descrito como “un espectáculo para los sentidos”. Para el equipo de la funcionaria, proyecciones de entretenimiento eran un aporte sensorial para los visitantes de una zona de la ciudad que continuamente ofrece estímulos que van desde el tránsito hasta las fiestas y el ligue. El llamado corredor cultural puede leerse, por tanto, como una toma de postura ideológica y política. Para la alcaldesa, la “experiencia ambiciosa e innovadora” de un túnel audiovisual atraería a la Zona Rosa un público primordialmente familiar, para rescatar un sector que, desde la segunda mitad del siglo XX, tiene una identidad que reconoce cualquier habitante de la ciudad: es un lugar de encuentro homosexual y el sitio de los mejores antros de la delegación. 

“Para Doña Josefina las ofertas laborales a sus 56 años no existen, sobrevive gracias a ese puesto —su única fuente trabajo y su vida— el cual solicitó que pintaran y colocaran el logo de la alcaldía Cuauhtémoc y adecuarse al orden y disciplina de este nuevo gobierno,” reza un tuit de Sandra Cuevas quien, recientemente, ordenó retirar los rótulos de los puestos de comida que pueblan las calles de su delegación y de la Ciudad de México. Los rótulos serán sustituidos por el logotipo de su jurisdicción y por el eslogan de su gobierno: “Alcaldía Cuauhtémoc es tu casa”. Textualmente, se admitió que los vendedores no tenían otra opción más que aceptar una decoración impuesta, en lugar de los dibujos de tortas y sándwiches, de las ilustraciones de despachadores que, sonrientes, atienden a sus comensales, o de los meros anuncios tipográficos que cubren las estructuras que son utilizadas por los proveedores de comida. No resulta irónico que un proyecto millonario se justifique como un regocijo sensorial al tiempo que se obliga a vendedores a borrar los diseños que decoran sus negocios, ya que las políticas públicas de Sandra Cuevas están definiendo qué es atractivo y qué es contaminación visual; qué es una obra innovadora y de buen gusto, y qué es un objeto que necesita ser disciplinado.

A finales del siglo XIX, el régimen de Porfirio Díaz tecnificó a la capital del país con infraestructuras de transporte y de servicios, con nuevos edificios y avenidas que construirían la imagen de una ciudad moderna. Esas tecnologías trajeron consigo un discurso sobre el orden y la disciplina, lo que provocó que se interpretaran de maneras muy particulares otras manifestaciones que no se encontraban en los parámetros de disciplinas como el urbanismo, la arquitectura o las artes decorativas; o bien, los parámetros de quienes podían decidir ya que su mero poder adquisitivo legitimaba su “conocimiento” sobre los problemas comunes. Hasta bien entrado el siglo XX, la vecindad (una forma de vivienda que surgió durante el XIX) fue una curiosidad antropológica que era estudiada porque era inexplicable que, en una ciudad que se encontraba en un progreso vigorizante, hubiera quienes vivían hacinados en hogares donde lo privado se confundía con lo público: los baños eran comunales, al igual que los propios espacios donde la gente tenía que experimentar, según criterios específicos, una domesticidad retirada del mundanal ruido. Estas ideas sobre el espacio permearon los escritos que José Tomás de Cuéllar hizo sobre las formas de ocupar la calle. Para el autor, existía un contraste muy importante entre aquellos que conocían “los placeres de lo doméstico” y los que se encontraban inmersos en una “promiscuidad” propia las vecindades: los ciudadanos que terminaban contaminando visualmente a las calles. Para el cronista, era inconcebible la imagen de una persona probándose unos zapatos con un vendedor ambulante a un lado de una familia que disfrutaba de sus “fritangas” con bastante indiferencia por estar en cercanía de un pie ajeno. 

Los juicios decimonónicos no tenían ocultas sus intenciones ideológicas, y cuando las élites hablaban de contaminación visual hablaban de nada más que eso: de una materia tóxica y pestilente que invadía con su podredumbre el paisaje de la ciudad. Para el espíritu finisecular, la pobreza era un mal a erradicarse y esa posible victoria se tenía que ver reflejada sobre la calle: el momento que dejara de ser visible, era el momento de la victoria.  Aquello que tiene la suficiente dignidad para mostrarse en la calle está dictado por quienes detentan el orden y la disciplina; por quienes buscan que sus ideas estéticas estén relacionadas a sus ideas sobre clase. Como vemos, no hay muchas diferencias entre las prácticas autoritarias del porfirismo y las de una funcionaria que habla exactamente en los mismos términos de un siglo que, pensamos, está superado en la historia política y urbana. Pero, ¿somos realmente aptos para entender el verdadero daño que ha causado la falta de rótulos en la delegación Cuauhtémoc? O, a pesar de las buenas intenciones, ¿ocupamos los mismos sitios de autoridad que nos autorizan a hablar de aquello que debe ser valorado y protegido? 

Diseñadores gráficos, historiadores del arte y curadores reaccionaron desaprobatoriamente a las prácticas de Sandra Cuevas. Por supuesto, lo sospechoso hubiera sido mostrarse a favor de una decisión que afecta a una expresión gráfica que, de pronto, fue definida como “contaminación visual” (lo que implica decir que las economías informales son nocivas, pero si es imposible eliminarlas, por lo menos hay que revestirlas) a pesar de que haga menos daño que la tala de árboles que a veces implica la construcción de muchos desarrollos inmobiliarios. Esta reacción, ¿toma en cuenta las voces de los comerciantes? Se habla de proteger los rótulos, de poner en su justo valor una plástica que define a “nuestra” ciudad y que le da identidad y tradición. Inevitablemente, se antepone el adjetivo “popular” al diseño gráfico que acompaña a estos lugares de comida, una perspectiva que bordea en la fetichización de estos rótulos: son posibles objetos de museos o una de las ramas del diseño popular que vale la pena estudiar y catalogar, para insertarla en un gabinete de las curiosidades que no se parecen al diseño “a secas”. Al diseño que sí tiene una serie de características que lo distinguen de estas expresiones. Así, los comerciantes, y su forma de habitar las calles, siguen estando fuera de la discusión pública, en tanto que no son interlocutores en el debate y, por ende, del espacio público. Borrar los rótulos físicamente de sus superficies, o sustraerlos para mostrarlos en galerías, es negar que puedan existir en los contextos para los que fueron hechos. 

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Ahora no podría decir el número de veces que he leído o escuchado, incluso que directamente me han dicho con tono correctivo, que toda solución a los problemas urbanos es el suelo y su regulación, es decir, a lo que se refieren los especialistas con esto es que regular el suelo es una especie de actividad que, casi por arte de magia, permite controlar las actividades humanas que sobre este se llevan a cabo y, también, como si de un acto de brujería se tratase, prever lo que sucederá en el futuro (claro estoy exagerando un poquito). 

Y esto, aunque algunos urbanistas han querido separarse en más de una ocasión, es resultado del pensamiento positivista con el que se fundó y reprodujo el urbanismo en América Latina, lecturas de procesos históricos que permiten (d)escribir de manera prospectiva qué pasará en el futuro a raíz de los patrones, es decir, como lo expresó Gustavo Peltier, el resultado de un determinismo urbano que no se ha podido superar y que también rige los debates sobre lo que entendemos por ciudad.  

Lo que se obvia en estos contextos y que, claro, obvian algunos (muchos —y acá el masculino genérico, no es genérico) urbanistas, es lo que sucede con esa planificación de papel, con las manchas de colores que se plasman sobre las manzanas en los planos y las tablas que norman los suelos, pues desde su perspectiva esa forma de planificación “orienta el futuro del desarrollo urbano”, como una especie de plano con una ruta y mandamientos que nos dice (a ciudadanos, mercado y gobierno) cómo debemos habitar y construir la ciudad camino a la satisfacción de nuestras necesidades.

Sin embargo, no toman en cuenta las expectativas —individuales y colectivas— que producen esas manchas de colores y códigos sobre el papel, para quienes habitan o desean habitar, para quienes pueden rentabilizar con el suelo; y por supuesto, tampoco el cómo van a actuar luego de esas expectativas.  Algo que claramente no es tan susceptible de regular. Los planos de usos de suelo no permiten controlar las aspiraciones de las personas sobre los lugares que habitan o pretenden habitar, así es que podemos ver a vecinos manifestarse en contra de la construcción de un equipamiento público (una escuela o un hospital) arguyendo una defensa a los usos de suelo de un plan urbano para proteger la tranquilidad de un barrio o una persona dispuesta a pagar más en el alquiler por habitar cerca de un nuevo complejo de oficinas.

Efectivamente, regular el suelo es una tarea que, en conjunto con otros instrumentos, permitiría disminuir las brechas de acceso a la vivienda, pero no por sí mismo y esto sí es importante: regular el suelo sin reconocer que la vivienda (y su ubicación) se ha convertido en un activo financiero, es colocar el ejercicio de la regulación en las expectativas de otros actores: quienes compran vivienda para vivir de ella, quienes pagan los sobrecostos para ubicarse en una zona bien ubicada, quienes tienen el capital para potencializar la rentabilidad del suelo, entre otros. Es decir, todo el sistema de mercado, pero con un marco regulatorio de suelo. En resumen, podría ser muy eficiente, pero también podría no serlo, sobre todo porque en los objetivos del mercado no está el bien común como prioridad, sino en la rentabilidad.  

Todo esto para decir que, si existe una respuesta para la creación de vivienda asequible y vivienda social no será dentro de la lógica del mercado, sino al margen, sobre o fuera de este. Y para ello es necesario la participación del Estado no como un agente facilitador del mercado de vivienda, sino como un regulador de este, y ¿por qué no?, edificador de vivienda. Y, entonces sí, el financiamiento (que no financiarización, ojo) sería posible a partir de la regulación del suelo. 

PD. 1

Creo que ni Rolnik, ni Madden pensaron que fuese necesario aclarar que cuando hablan de financiarización de la vivienda no se refieren a que no esté sujeta a movilización de recursos, es absurdo pensar que la vivienda no requiere capital —de varios tipos— para producirse. La  financiarización se refiere al proceso de hipermercantilización de un bien o servicio y cómo este se comporta dentro del sistema de mercado (con el proceso de autorregulación incluido) que explica el por qué aumenta su costo o por qué escasea bajo ciertos escenarios, sin embargo, hay bienes o servicios que son esenciales para la subsistencia de la vida humana por lo que colocar a estos dentro del sistema de mercado con aval del Estado permite, al tratarlos como productos, favorecer el sistema desigual en el que se manifiesta: “si no te alcanza para acceder a él, ni modo”. 

PD. 2 

Aclaraciones (in)necesarias para quienes piensan que el discurso de derechos es adoctrinante: no estoy en contra de que exista la vivienda de mercado, sino a favor de mecanismos de vivienda asequible y vivienda social fuera del sistema de mercado y protegido. 

Lo residencial es político. 

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Querido Estambul, tenemos que hablar.

Para entender de qué habla una ciudad necesitamos vivir ahí, respirar su aire y perdernos por sus calles. Necesitas ir aun más a fondo: escuchar la ciudad, especialmente si es una ciudad como Estambul en la que todos reclaman tener algo que ver con ella.

El sonido de Estambul viene de tan adentro como la insoportable ligereza de la incomodidad que nos rodea estando ahí. Es casi el primer reflejo, una opción fácil para cantarle a Estambul. Si empiezas a oírla, te darás cuenta que todo pasa afuera de ella. Es otro modo de esa incomodidad que mencioné. Esta ciudad enorme, con casi 16 millones de habitantes, está atrapada por las políticas del gobierno central y confinada a los desarrollos administrados por fuerzas externas, más que por sus propios procesos de toma de decisión.

El aprisionamiento resulta tan efectivo que incluso ante la decisión de transformar un área verde de la ciudad en un centro comercial la ciudad no puede hablar, no se le permite. En las calles vacías de esta ciudad que no descansa, la resistencia a la opresión que viene del poder central inició el verano pasado. La ciudad empezó a hablar en un área urbana que nadie pudo prever. El sonido de la ciudad era un eco de las calles. La resistencia espacial que se inició en contra de la destrucción del parque Gezi y se propagaba día con día. Por primera vez, el tema del derecho a la ciudad había llegado a tan grande multitud. ¿A qué podía llevar esa propagación? (Es bueno hablar aquí del speaker’s point en el parque Gezi, donde cualquiera puede expresar lo que desee.)

No quiero hacer una descripción romántica de Estambul. Las ciudades cambian; la idea convencional de que las ciudades no cambian no tiene lugar en la realidad. Lo hacen, quieras o no. Estambul puede pensarse como memoriosa, pero muchas primicias en Turquía han tenido lugar ahí. Adherirse al pasado no es sólo un problema de los conservadores: es una obsesión que todos tienen. Siempre ha habido una Estambul ideal en algún pasado. Es una ciudad ideal que ofrece distintas imágenes para diferentes grupos. La lucha de poder entre aquellas imágenes ficticias opaca las voces —la ciudad no puede hablar.

Como he mencionado, Estambul es una ciudad de continuo romanticismo; no hay confrontaciones sino imaginaciones. La ciudad está construida de sueños. Tal vez no tengas tu casa o tu terreno, pero si vives en Estambul definitivamente tienes un sueño respecto a la ciudad. A veces las ilusiones creadas por ese ilimitado mundo de sueños bloquean la confrontación con la realidad. No hay que ser pesimistas, lo que se imagina hace vivir a las ciudades, pero aferrarse a ello las condena. Aquellos en el poder intentan conformar a la ciudad de acuerdo a su propia imaginación. La ciudad se modela de una manera como nunca será. El derecho al habla es abolido. Por eso, Estambul siempre es política, la arquitectura es siempre política, el urbanismo siempre es político, el derecho a la ciudad es siempre político. Requiere una lucha constante.

Este texto se publicó en Arquine No. 67 | Habla Ciudad, con motivo de la primera edición del Festival de Arquitectura y Ciudad MEXTRÓPOLI. Aparta la fecha y acompáñanos a vivir la ciudad extraordinaria en su próxima edición que tendrá lugar del 09 al 12 de marzo de 2019. 

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El arquitecto, urbanista y académico colombiano Alejandro Echeverri –partícipe en la transformación de la ciudad de Medellín– fue anunciado como ganador del Premio Obayashi 2016 que concede la Fundación del mismo nombre en Japón.

El jurado destacó la responsabilidad ética del colombiano desde el diseño urbano a fin de contribuir a una sociedad mejor, así como su liderazgo al frente de equipos multidisciplinares con un trabajo enfocado en territorios emergentes que tienen importantes retos frente a la informalidad, la exclusión y la inequidad, y están inmersos en realidades complejas e inestables.

Así mismo destaca que el principal interés del arquitecto “ha sido el desarrollo de procesos con proyectos arquitectónicos o urbanos como la columna vertebral para el desarrollo social y territorial que, a través de la innovación en los instrumentos utilizados, desarrolla un ecosistema flexible donde se conectan gobierno y comunidad”.

Alejandro Echeverri participó recientemente en el Simposio por el Derecho a la Ciudad celebrado en la Ciudad de México donde, aparte de explicar su experiencia, proyectos y trabajo, conversó con Arquine en torno a la necesidad de desarrollar, desde gobierno y ciudadanía, una ciudad inclusiva.

Christian Mendoza (CM): Mencionabas en la conferencia que la violencia modifica el espacio público, ¿crees que también anula el derecho a la ciudad?

Alejandro Echeverri (AE): La violencia tiene consecuencias directas e indirectas catastróficas, el retrato de eso es la vida cotidiana, por lo cual, obviamente tiene que ver con el derecho de la ciudad. En el caso de Medellín, nosotros fuimos perdiendo por años el derecho a vivir normalmente, a encontrarnos, a mirarnos los ojos, a tener confianza en el otro, a entender que la ciudad es un espacio de construcción cívica y social. Y eso es un derivado de la realidad que hemos vivido sobretodo en los años 80, 90, inclusive en el 2000. Una realidad violenta producida por la combinación entre el narcotráfico, ilegalidad, y en el caso colombiano, también por las guerrillas urbanas. Los barrios se convirtieron en un territorio de poderes de las milicias y de mercados ilegales que trataban y han tratado de controlar ese territorio. Entonces las personas se vieron obligadas a pensar que tenían que encerrarse cada vez más y el retrato de eso es la calle, la plaza, la pequeña esquina, el espacio público. Entonces sí, tiene que ver con el tema del derecho a la ciudad y la violencia.

(CM): Si se alteran todas la nociones de adentro/afuera, es decir, que sólo adentro podías estar seguro y no en la calle ¿cómo empezaste a diseñar durante la gestión de Sergio Fajardo ese afuera? Hablabas que el edificio no es lo importante, sino el itinerario social. A partir de la arquitectura ¿cómo comenzaste a diseñar ese itinerario social?

(AE): La ciudad empezó a cambiar y no me gusta hablar con el título personalmente únicamente. Claro, he ayudado y sido parte de un momento en el cambio de Medellín; pero, las historias no cambian porque un gobernante llegue o porque alguien invente una fórmula mágica. Lo que ha pasado en Medellín es un proceso largo de sensibilización y proximidad con la realidad. Esas obras literarias y registros de testimonios poéticos, que son las películas de Víctor Gaviria, el libro de Fernando Vallejo La Virgen de los Sicarios y de alguna manera el libro de Alonso Salazar No nacimos pa’ semilla. La cultura de las bandas juveniles en Medellín que se escribieron entre 1993 y 1995, fueron retratos de personas con una potencia intelectual muy importante, con la capacidad de traducir un momento desde una sensibilidad distinta; de traducir a muchos una realidad, eso empieza a producir un cambio muy grande en el pensamiento. Desde el año 94, cuando comenzaba a ser profesor en la universidad, decidimos orientar completamente el ejercicio de los talleres de proyectos a los barrios de Medellín, donde estaban sucediendo estos problemas. Y como nosotros, muchas otras personas desde diferentes sectores. Es decir, empieza a aparecer en la agenda de una forma mucho más transparente y lógica los problemas reales. Es desde ahí, desde plantearse las preguntas que son, donde empiezan a brindarse las posibilidades de construir respuestas posteriores, que fue cuando llegamos al gobierno.

(CM): Hay una noción de barrio, que fue una entidad muy importante en el proyecto…

(AE): Yo creo que la esencia de la vida, es la esencia de los barrios. Cuando me hablan de urbanismo, proyectos urbanos y transformación de políticas públicas que tiene que ver con esto, yo sólo pienso dónde está la mayor densidad de personas, dónde está la vida cotidiana, dónde uno puede transformar la vida de la gente. Quiero decir, cuando tú llegas a la casa, sales al parque de juegos o llegas del colegio, hay una noción de proximidad. Eso tiene una serie de relaciones que se vincula con una estrategia que para nosotros ha sido muy efectiva, que es intentar entender y de alguna manera producir un cambio sustancial en la mejora de calidad de vida de las personas a partir de cuáles son y dónde suceden los itinerarios de la vida cotidiana de la gente, que no es ni un proyecto ni un espacio, es una serie de conexiones y de momentos. Puede que yo esté muy dirigido, pero para mi el tema del urbanismo tiene que ver con los barrios y las personas. Cada vez más, por lo menos en las ciudades latinoamericanas, estoy más convencido que hay una potencia infinita en transformar una ciudad desde acciones de pequeña y mediana escala que deben estar conectadas para crear un cambio estructural en la ciudad. Soy muy escéptico de los grandes proyectos que muchas veces no terminan sucediendo en nuestras ciudades. Además que no terminan conectando emocionalmente con la gente, porque este es un tema de construir una nueva narrativa. Tú construyes historias con el proceso de transformación urbana.

(CM): La vinculación con los niños durante el proceso, no consistió en explicarles cómo iba a ser la ciudad, sino que ellos comunicaban la ciudad que querían.

(AE): Esa es una de las historias. Tratamos de abrir un espacio de diálogo muy amplio en algunos de los barrios donde llegamos. Una de las primeras estrategias surgió de uno de nuestros arquitectos muy jóvenes, el Arq. Octavio Ortiz, que trabajaba también con un trabajador social e idearon una metodología que llamamos Jardines imaginarios. Básicamente era innovar en una serie de formatos de conversaciones, dibujo y actuación, para tratar de entender cuál era la realidad de los barrios para los niños, pero también cuál era la que ellos soñaban. Obviamente no pudimos concretar y definir las estrategias a partir de ahí, pero nos permitió ver muchas cosas y tener una sensibilidad distinta para empezar a generar un diálogo, quiero decir, aprendimos mucho de los niños y terminamos de alguna manera aplicando esta serie de estrategias también para personas mayores. Esa fue una metodología de trabajo, pero la historia real, es que soy de una convicción profunda en que se debe de enseñar que cualquier ciudad es para los niños. Si tú diseñas una ciudad para los niños y las personas más frágiles, y estás pensando en ellos, esa ciudad va a ser para todos.

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Ana Falú es Profesora e Investigadora  de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Experta de ONU Hábitat. Coordinadora del Núcleo de Estudios de Género. Red Mujer y Hábitat de América Latina.

Las ciudades de este siglo XXI, llamado el milenio urbano se caracterizan por privilegiar las relaciones de mercado influidas por  el fenómeno de la globalización y la gran revolución tecnológica y de comunicaciones. Nuestras ciudades en América Latina, viven la tensión entre extensiones de falta de desarrollo urbano y pobrezas por un lado y la concentración de riqueza y modernidad que la sociedad global ofrece.

Se verifica una nueva geografía urbana, ciudades en red, territorios metropolitanos extendidos, con periferias en las cuales conviven los más altos desarrollos urbanos junto a extensiones de pobreza. Ciudades motores de la economía local, regional y también global.   Estas ciudades promotoras del desarrollo, las que generan riquezas, cultura, crean empleos, educación y recreación, concentrando diversidad y potencialidad, a la vez son expresión de la exclusión que se institucionaliza, resultando en  segregaciones de clase, de nivel socioeconómico, de género, étnicas y etarias.

Con el objetivo de diseñar una nueva agenda urbana para los próximos veinte años se realizará Hábitat III,  la conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano tendrá lugar en Quito, Ecuador, en octubre próximo. La propuesta es reforzar el compromiso global con la urbanización sostenible y abordar nuevos y emergentes desafíos. De la Conferencia, resultará un documento de reflexión con visión de futuro y orientado a la acción.

Una nueva agenda para las próximas dos décadas compromete en particular a los gobiernos de las ciudades. Es importante remarcar que América latina es ‘urbana’: según la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) más del 80 por ciento de su población vive en ciudades.

A pesar de que la región ha crecido económicamente en la última década, se ha consolidado las economías nacionales,  la desigualdad continúa siendo el principal problema. Eso nos obliga a profundizar nuestra mirada en los procesos de gobernabilidad y en temas como la violencia urbana y en los espacios públicos. Según encuestas de organismos de Naciones Unidas y Latinbarómetro, entre otros, la violencia ocupa el primer lugar en la preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica. En algunos casos se trata de una percepción, en otros de criminalidad real; pero aun considerando esas distinciones esta situación afecta la vida cotidiana de las personas y particularmente de las mujeres y niñas. Estas, por el solo hecho de ser mujeres, vivencian violencias contra sus cuerpos en el espacio público, en el transporte, potenciando temores y retrocesos de derechos ganados, constituyéndose en un límite a sus libertades. Sin embargo, y a pesar de ello, las mujeres continúan desafiando esos temores y saben que transitar las ciudades sin miedos está vinculado a reclamar más recursos asignados para políticas activas que les permitan ejercer sus derechos ciudadanos.

El problema de la gobernabilidad, de la seguridad y de la participación política se mide en el territorio urbano que no  se pretende un territorio esterilizado, ya que es el espacio de tensiones y disputas políticas en el que se pone en juego la esperanza de las personas de salir de la pobreza; ya que es en la ciudad donde están el trabajo, la educación y las posibilidades. Al mismo tiempo, es en la ciudad donde se generan temas desafiantes para la humanidad como la violencia, las drogas, la criminalidad, entre otros flagelos.

Hábitat III, esta precedido por décadas de trabajo para avanzar en una agenda de derechos, y han sido pilares los movimientos sociales urbanos, los profesionales de la región, los avances de la descentralización y el rol de los gobiernos locales, y no menor la inclusión de la cuestión urbana en los Objetivos de Desarrollo Sostenible asumidos por los países del mundo para los próximos 15 años.  El debate está centrado en el Derecho a la Ciudad,  si bien en algunos Estados se avanzó en el desarrollo de marcos jurídicos que reconocen el Derecho a la Ciudad, en buena parte se trata aun de propuestas que no logran bajar la retórica a la acción de los gobiernos.

La implementación del Derecho a la Ciudad dependerá en buena parte de la consolidación de alianzas entre los movimientos urbanos por ciudades justas, democráticas y sustentables con los movimientos emergentes que pueden ampliar el concepto de ciudadanía. Asimismo los gobiernos de las ciudades tienen una alta incidencia en este proceso, pues son los que definen el uso del suelo, el límite y densidades del ejido urbano; por lo cual las normas urbanísticas pueden operar como elementos de distribución o de concentración de la renta.

Los gobiernos de algunas ciudades están asumiendo la importancia de instrumentos urbanos de reparación, como los relacionados al valor del suelo urbano. Michel Cohen (2010) plantea que el suelo urbano es un bien social, y no solo prebenda de los propietarios, por ello la importancia de la redistribución que priocicen lo público y social. También son los gobiernos quienes deben considerar y revertir la neutralidad de la acción política que omite la diversidad de los sujetos socialesm en particular las mujeres, si se considera que ellas son las más pobres (CEPAL 2013), sobre todo aquellas responsables únicas de sus hogares.

Es decir, necesitamos significar la importancia de cómo planificamos y gestionamos nuestras ciudades, el uso de las herramientas de planificación inclusiva, que busquen ofrecer a sus residentes la oportunidad de tener vidas seguras, saludables y productivas, de poder transitar en las ciudades con servicios de transporte que aseguren la calidad, la seguridad y  su accesibilidad.

Esta y otras estrategias son las que necesitamos impulsar en este proceso hacia la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos – Hábitat III que dará inicio el 17 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador.

Nos preguntamos: ¿Cómo hablar de derechos para la pluralidad de sujetos? ¿Cómo alcanzar la equidad, la inclusión social, la participación política? ¿Cómo pensar ciudades de la diversidad, de la innovación y de la sostenibilidad?  Más allá de los consensos alcanzados y avanzados desde la primera conferencia de Hábitat I (Vancouver, 1976) y en Hábitat II (Estambul, 1996) es evidente que hay un modelo de desarrollo urbano que ha fracasado y no pudo dar respuesta a los problemas de la pobreza urbana y de las exclusiones sociales que parecen ser endémicas en nuestras ciudades y están marcadas por una fuerte desigualdad.

Es necesario, entonces, hablar del derecho a la Ciudad desde políticas concretas, medidas que protejan la extensión del territorio urbano, que promuevan los principios de justicia social, de equidad de género, del efectivo cumplimiento de los derechos y de la responsabilidad frente a la naturaleza y las futuras generaciones.

Como acordamos los expertos reunidos en sucesivos eventos para debatir los documentos hacia Hábitat III, el centro de la Nueva Agenda Urbana debe promover ciudades más justas, más democráticas y sustentables, agendas inclusivas, que estén transversalizadas por la dimensión de género.

El cargo Cómo avanzar en consensos hacia ciudades más inclusivas y democráticas apareció primero en Arquine.