La Serie de Fotografía Aérea de la Fundación Ingenieros Civiles Asociados (ICA), presentada por el Estado Mexicano, fue una de las 74 colecciones que la UNESCO incorporó a la Memoria del Mundo, su registro del patrimonio documental de valor universal excepcional, durante la 2,21a sesión de su Consejo Ejecutivo, reunido en la sede de París, Francia durante esta semana.

El número total de colecciones inscritas a nivel internacional en la Memoria del Mundo asciende ahora a 570. Los nuevos registros proceden de 72 países, entre ellos México, y tratan sobre el patrimonio documental científico, la contribución de las mujeres a la historia, la memoria de la esclavitud e hitos clave del multilateralismo y la cooperación internacional, por mencionar algunos ejemplos.

“El patrimonio documental es un elemento esencial, a la par que frágil, de la memoria del mundo. La UNESCO le ha dedicado un programa de salvaguardia —como para las bibliotecas de Chinguetti en Mauritania o los archivos de Amadou Hampâté Bâ en Costa de Marfil—, comparte las mejores prácticas y mantiene este registro que traza la trama más amplia de la historia humana”, declaró Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.

La Serie de Fotografía Aérea de la Fundación ICA es un valioso recurso de la fotografía científica para la investigación multidisciplinaria que abarca los años 1932 a 1994; con series complementarias oblicuas, verticales en paralelo al territorio, y reducciones fotomecánicas unidas para la conformación de imágenes de gran extensión. Las imágenes de la colección registraron alrededor del 70% del territorio mexicano y muestra las transformaciones de las formas y estructuras de la naturaleza ante los procesos de urbanización por los que transitó el país, ofreciendo una narrativa visual especial sobre la humanidad y su impacto sobre un territorio en un periodo específico.

La serie aerofotográfica es también un proyecto integral en sí mismo al brindar un detonante para movilizar a nuestra humanidad compartida ante los riesgos del cambio climático, las implicaciones de la expansión urbana, así como movilizarla por la biodiversidad, la diversidad cultural y de identidades, al igual que por la memoria y el sentido de pertenencia.

Fotografía aérea de la Ciudad de México en 1956.
Fundación ICA

A ocho años de la incorporación de “Los archivos de negativos, publicaciones y documentos de Manuel Álvarez Bravo” en octubre 2017, México suma otro elemento de su patrimonio documental al registro internacional de la Memoria del Mundo. Dos de ellos en colectivo: “La obra de Fray Bernardino de Sahagún” con España e Italia, y “Música americana colonial: una muestra de su riqueza documental” con Bolivia, Colombia y Perú. Además, se considera el “Archivo de Santiago Ramón y Cajal y la Escuela Española de Neurohistología”, una colección científica única resguardada en el Archivo Lorente de Nó de Juriquilla, Querétaro, y presentado por España, también en 2017. En total, son ya 15 los acervos en México en el registro internacional de la Memoria del Mundo.

El patrimonio documental es uno de los legados para la humanidad, para distintas sociedades e incluso familiar. Sin embargo, es poco identificado y reconocido en comparación con otros tipos de patrimonio. Asimismo, el patrimonio documental es uno de los más amenazados: es vulnerable ante emergencias, como inundaciones e incendios; sus soportes conllevan una sensibilidad particular, entre ellos distintos tipos de piel, de papel, celulosa y, en tiempos más actuales, los formatos digitales. Estos últimos o la digitalización de los primeros se enfrentan además a la obsolescencia e incompatibilidad tecnológicas de los dispositivos para su lectura o resguardo.

La UNESCO en México reitera el llamado por un esfuerzo colectivo para preservar y digitalizar el patrimonio documental de las instituciones de la memoria y de colectivos, para evitar su pérdida y, con ello, una inconmensurable fuente de testimonios y conocimientos, para lo cual es indispensable un mayor apoyo financiero, técnico y táctico.

Fundación ICA
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El cargo México suma nuevo registro a la Memoria del Mundo de la UNESCO con 15 acervos en total apareció primero en Arquine.

El objetivo de la propuesta del autor es describir una serie de tensiones que construyen la ciudad; las cuales, generalmente, están dadas entre lo público y lo privado. Las tensiones entre lo público y lo privado van más allá de una dicotomía en la construcción discursiva y material de una colectividad, ya que describen políticas, legislaciones, acuerdos y normativas que inciden de manera contundente en los espacios, como lo señala el filósofo Jacques Ranciére en El tiempo de la igualdad. En este libro, Ranciére plantea que en el fondo, en el ámbito de la política todo se decide a partir de cuestiones relacionadas con la distribución del espacio. ¿Qué son esos lugares?, ¿cómo funcionan?, ¿por qué están ahí?, ¿cómo funcionan?, ¿por qué están ahí?, ¿quién puede ocuparlos?, ¿quién hace qué? Por tanto, en este sentido, la acción política siempre se articula, para mí, en lo social, en el sentido de una distribución litigosa de los lugares y de los papeles que desempeñan.

Los significados que se activan sobre los sitios que habitamos son gestionados, usualmente, por quienes detentan el poder. Ante este panorama, ¿qué significa la vivienda para quienes asignan funciones a los espacios? ¿Cómo se inserta en un flujo de economías que no necesariamente tienen que ver con el sitio donde se vive, sobre todo cuando se emprenden rescates para que sean otros quienes se apropien de la ciudad y comiencen a gestionarla a costa de quienes ya se encontraban ahí?

“Los trabajadores remotos tienen mucho que aportar a la Ciudad de México y por esto esta alianza es tan importante”, dijo Diana Alarcón, coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México. “Con Airbnb, mejoraremos las opciones que la ciudad ofrece. Esta es una oportunidad para demostrar que la ciudad se adapta e innova frente a los escenarios adversos como la pandemia”. Estas declaraciones se dieron en la celebración de un acuerdo colaborativo entre Airbnb y la UNESCO, “a fin de impulsar a la Ciudad de México como un centro turístico digital, atractivo para las personas extranjeras que buscan permanecer conectadas mientras laboran vía remota”, según reporta el sitio de noticias Newsweek. A pesar de que hay consenso en que las residencias de corta estancia, a fin de cuentas, aumentan el costo de alquiler y de servicios en general para quienes no están de paso en las ciudades o quienes migran por necesidades laborales y  a pesar de que existen diversos indicadores de que el incremento de edificios destinados al turismo se encuentra directamente relacionado con las expulsiones de ciudadanos que hayan mantenido sus sitios de residencia por tiempos prolongados, la actual gestión —que se presenta a sí misma como cultivadora y defensora de derechos—, decidió privilegiar una de las prácticas más destructivas para las colectividades urbanas.

Sin embargo, considero que, además de las explicaciones, sumamente útiles, que puedan tener los análisis cuantitativos respecto al fenómeno y cómo impactará en la Ciudad de México, conviene elaborar algunos apuntes sobre aquellos que están legitimados “para hablar de lo que es ese lugar, de lo que ahí se hace”, como menciona Ranciére. Asimismo, vale la pena puntualizar algunos aspectos contextuales sobre el sitio donde se implementó esta política que, más que una postura gubernamental que señale nuevas vías en la construcción de la ciudad, en realidad se trata de la culminación de aquello que quedó definido cuando se habló de “rescatar” al centro. 

¿Qué implicaciones tiene asignarle valores como “innovación” y “aporte” al arribo de un sector calificado de “nómada”, y quiénes redistribuyen políticamente los espacios que ocupan? Podemos empezar señalando una distinción entre migrantes: entre aquellos que supuestamente impactan de manera positiva en la economía de la ciudad y quienes son forzados a trasladarse a los centros urbanos por condiciones adversas, diferenciación que también puede leerse en un contexto nacional. Si México, como menciona Francisco Serratos, es uno de los lugares “más peligrosos del mundo para migrantes”, particularmente centroamericanos, la Ciudad de México se presenta como un oasis dispuesto a recibir a migrantes del norte y con poder adquisitivo. Estos aspectos no pueden equipararse en el nivel de sus violencias. Sin embargo, podemos identificar las asimetrías entre quiénes pueden ingresar al país y a las ciudades. Asimismo, ¿para quiénes se adapta la ciudad después de la pandemia? Como indica Jesús Carrillo en el artículo “El mercado laboral: una recuperación incompleta y desigual”, se apunta hacia una recuperación de la crisis económica, aunque ésta será lenta ya que todavía “hay terreno que cubrir para que a situación de las personas trabajadoras alcance a la que tenían antes de la pandemia”. A este panorama, se tiene que contemplar quiénes tuvieron que dejar sus viviendas ante el incremento de contagios y de desempleo, sin tener posibilidades a corto plazo de volver a lo que antes era sus residencias y sus sitios de trabajo. Esta circunstancia es muy distinta para quienes tienen el privilegio de trabajar desde una computadora a cualquier lugar del mundo, viviendo en zonas bien equipadas y servidas de cualquier ciudad. No son ciudadanos, ni migrantes, ni turistas (ya que pueden vivir hasta por más de un año en el centro urbano de su elección) y, por ende, no pueden resentir los efectos económicos y políticos del país al que llegan. 

Ahora bien, ¿por qué se dan los desplazamientos? Hablar de esta consecuencia implica situarla: no todos los habitantes urbanos ven modificados los sitios donde desarrollan su vida. Como demuestra Moctezuma Mendoza, los estratos populares son, específicamente, quienes tienen que abandonar la ciudad que también les pertenece. Quienes hablan de rescate ante el abandono o de estimular la economía ante su falta de actividad, no contemplan a la población que no responde a la forma en la que el poder asigna significados a los espacios. En las dinámicas urbanas, lo público y lo privado se interrelacionan de tal manera que los lugares que son entregados a la inversión privada significan que la calle y la vivienda tenga una accesibilidad diferenciada. El ejemplo que pone Moctezuma Mendoza es el del comercio: “Las actividades comerciales no se contienen en los espacios acondicionados en los edificios, se desarrollan también ‘afuera’, extendiéndose por banquetas y calles, por plazas y andadores”. Contener el comercio bajo las cuatro paredes de un establecimiento formal implica que el ambulantaje desaparezca de las zonas medulares del Centro Histórico. Asimismo, modificar las actividades callejeras también pone en crisis formas de la vivienda que no se ajustan a aquellos modelos de “rescate” o “innovación”. No siempre los conjuntos habitacionales representan inversiones, y no siempre quienes los habitan son inversores potenciales. El tránsito de una residencia que posibilita que los estratos populares puedan vivir en las zonas centrales de la ciudad hacia su transformación en un bien capital tiene consecuencias claras: la gente es desplazada. 

Rosalba González Loyde, en su texto “Primera llamada: Airbnb frente a la vivienda de alquiler” mencionaba que “AirBnb por sí mismo no es el problema, sino el sistema y modelo que arropa su llegada sin entender y atender las problemáticas existentes y futuras de los lugares donde se inserta”. Ciertamente, existe un entramado de actores, legislaciones y normativas que le dan un nuevo orden espacial a las dinámicas urbanas. Sin embargo, me gustaría añadir un cuestionamiento: ¿el sistema no reconoce qué es lo que está legislando? Desde 2001 dieron inicio una serie de acciones que, paulatinamente, han ido implementando políticas que culminan en alianzas entre un gobierno y una firma tan problemática como lo es Airbnb. A esto, hay que añadir que para gestionar los espacios es necesaria una diversidad de instituciones y de prácticas que, en el caso del Centro Histórico, han incluido fideicomisos, editoriales (como lo fue la revista Km Cero), desarrolladores y arquitectos. Moctezuma Mendoza recoge las palabras de un arquitecto quien, en un seminario organizado por la UNAM, hablaba del deterioro del Centro Histórico. Entre las problemáticas que señaló, fue que la Ley de las Rentas Congeladas, la cual “se hizo en el momento pensando en defender a la población de menos recursos —pero luego que nadie se atreve a ponerle un cascabel al gato— [hizo que] “las fincas se fueran debilitando, porque el propietario no les metía un peso”. En este “proceso de degradación, [la renta] se fue volviendo una cantidad insignificante que no daba para mantenerlas y entonces se fueron abandonando y deteriorando”. Moctezuma Mendoza contrasta estas ideas con el hecho de que aquel abandono es empíricamente falso, ya que “el Centro de la Ciudad de México se conformó como un espacio habitacional popular” para una población que fue “constantemente expulsada por la reconversión de las propiedades a actividades más rentables”. Como lo es Airbnb. Sabemos cuánta responsabilidad recae en la actual gestión, y debemos saber en qué grado seguirán implicadas las otras partes que conforman el sistema de aquellos que tienen el poder para decidir la distribución del espacio.

El cargo Airbnb y las políticas de distribución del espacio apareció primero en Arquine.