La ciudad es de todos gracias a que ocurren esos desacuerdos, ya que cualquier disenso implica su negociación. Casi todos hemos debido aprender a lidiar con aquellas ocasiones en las que se debe exponer al vecino que debe bajar el volumen de su música, o con las madrugadas en las que debemos asumir que no podremos dormir porque los inquilinos de arriba no piensan parar la fiesta. El posible autoritarismo que mora en cada uno de nosotros llega a funcionar sólo como un deseo de que la ciudad se comporte como nosotros quisiéramos. En eso se queda porque en algún momento también hemos llegado a hacer fiestas, a perturbar el descanso ajeno o a gritar en la madrugada por efectos de la felicidad etílica. Dicho esto, es importante asumir que existe clasismo en esta ciudad, y que esto puede llegar a quedar expresado en lo que cada uno interpreta que debe ser la ocupación del espacio público. Un ejemplo casi cliché: sabemos de quienes prefieren las mesas de los restaurantes de la banqueta invadiendo el paso a los puestos de frituras o de baratijas. Técnicamente, ambos negocios obstruyen el tránsito de las calles, pero privilegiar uno sobre otro es más una evidencia ideológica que urbanística. Sin embargo, lo que podemos notar es que casi siempre se esgrime “el derecho a la ciudad” como un argumento bajo el que cualquier ciudadano puede expresar su descontento cuando algo impide su libre tránsito.

“El Derecho a la Ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación  y a un nivel de vida adecuado”. Esto se lee en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, documento publicado en septiembre de 2011. El geógrafo Ben A. Gerlofs establece que el contexto de esta carta se dio décadas antes, cuando sociedades civiles, como el Movimiento Urbano Popular (cuya actividad tuvo mayor contundencia después del sismo de 1985) articularon la idea de que la ciudad era un bien común que, a la manera de los jardines, podía ser cuidado entre la colectividad, al margen de la injerencia que pudieran tener las autoridades. Los sobrevivientes de una situación de desastre sabían que esperar las resoluciones de las instituciones competentes era continuar con la precarización del entorno urbano y de las dinámicas que éste puede activar. Si bien, aquella Carta no cuenta con una legislación formal ante los jefes de gobierno, y existen algunos matices que deben contemplarse (sobre todo respecto a los grupos que se involucraron en la formación del documento), resulta pertinente recordarla para mirar con cuidado algunos fenómenos urbanos recientes. 

Lo obvio es considerar que una ciudad más equitativa tiene que funcionar a niveles infraestructurales. Por ejemplo, tendría que ser una garantía que las líneas del metro destinadas a quienes habitan en las periferias funcionen de la misma manera que para quienes se trasladan en las zonas más céntricas. Pero, además de esto, ¿qué pasaría si dejamos de pensar en la ciudad como una gran tela sobre la que pueden realizarse una serie de intervenciones físicas que mejoran la vida de sus habitantes? ¿Qué términos se tienen cuando los espacios públicos no son los que el centro comercial deja como sobrantes, o cuando las apropiaciones de los sitios se dan de formas más invisibles y que rebasan el simple uso de servicios? Para el sociólogo Richard Sennett, los deseos tienen el potencial de generar tensiones urbanas y que, por lo mismo, construyen las prácticas sociales de las ciudades. A la manera de los planteamientos de Sennett, la Carta del Derecho a la Ciudad contempla aspectos que no necesariamente son objetos construidos, estableciendo que las expresiones y prácticas culturales afirman que una ciudad está siendo apropiada en igualdad de condiciones. Porque una ciudad no sólo sirve para los traslados, y nuestro encuentro con el otro no necesariamente está cifrado por la mirada del explorador cuyo entendimiento de la diversidad relativiza las diferencias sociales que existen en los entornos urbanos. En la Ciudad de México también viven los estratos populares, y sólo este hecho es suficiente para sospechar de quiénes definen qué es contaminación visual o auditiva, qué son los “usos y costumbres” que no deberían formar parte del tejido de la metrópoli y qué significa una ciudad que disfruta de manera pacífica sus espacios.

Cuando el poder zanja los desacuerdos entre los ciudadanos, más se rompe la posible coreografía que imaginó Jane Jacobs. Y en el panorama político actual, es más que evidente que son los espacios que no sirven a la recaudación monetaria y que están hechos por y para quienes habitan en las colonias más populares los que resultan más vulnerables a esta diferenciación que el poder establece entre lo que sí es cultura y lo que no lo es; entre las negociaciones ante los desacuerdos y las decisiones arbitrarias. “No se puede privilegiar el derecho de unos pero violentar el derecho de miles de personas”, declaró el pasado domingo la alcaldesa de la Delegación Cuauhtémoc Sandra Cuevas cuando comunicó su decisión de prohibir los bailes comunitarios en el Kiosko Morisco de la Santa María La Ribera, un recinto que ha recibido desde hace 12 años a ciudadanos de la tercera edad para bailar al ritmo de la cumbia y el danzón. En su conferencia a los medios, la alcaldesa mencionó que no se estaba prohibiendo el baile, siempre y cuando se diera en los espacios cerrados de la casa de cultura o el deportivo de la colonia: ocultar lo que ella calificó como “ruido” y evitarse la pena que la gente se reúna con la comunidad no para consumir ni rellenar un mitin político sino, simplemente, para bailar. A todos nos molesta el ruido ajeno, y seguramente, como comentó Cuevas, bastantes personas denunciaron la fiesta comunitaria, lo que nos lleva a pensar en un panorama más pesimista: la decisión no solamente fue hecha por un villano de caricatura que prohibió la felicidad, sino que otros ciudadanos apoyaron y apoyan una moción que da algunas pautas de qué clase de ciudad quieren algunos residentes de la Santa María y de la ciudad en su conjunto. Sin embargo, siempre se ha bailado en la plaza pública, y seguramente se seguirá bailando. Aquél no fue el último danzón en la Santa María. 

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A finales del año pasado, Sandra Cuevas, alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, presentó la propuesta de un “corredor cultural” para la Zona Rosa, en la calle de Génova, con la instalación de 4 mil metros cuadrados de pantallas led que se volverían una atracción que “activaría” un territorio que, de hecho, no se encuentra abandonado. El proyecto fue descrito como “un espectáculo para los sentidos”. Para el equipo de la funcionaria, proyecciones de entretenimiento eran un aporte sensorial para los visitantes de una zona de la ciudad que continuamente ofrece estímulos que van desde el tránsito hasta las fiestas y el ligue. El llamado corredor cultural puede leerse, por tanto, como una toma de postura ideológica y política. Para la alcaldesa, la “experiencia ambiciosa e innovadora” de un túnel audiovisual atraería a la Zona Rosa un público primordialmente familiar, para rescatar un sector que, desde la segunda mitad del siglo XX, tiene una identidad que reconoce cualquier habitante de la ciudad: es un lugar de encuentro homosexual y el sitio de los mejores antros de la delegación. 

“Para Doña Josefina las ofertas laborales a sus 56 años no existen, sobrevive gracias a ese puesto —su única fuente trabajo y su vida— el cual solicitó que pintaran y colocaran el logo de la alcaldía Cuauhtémoc y adecuarse al orden y disciplina de este nuevo gobierno,” reza un tuit de Sandra Cuevas quien, recientemente, ordenó retirar los rótulos de los puestos de comida que pueblan las calles de su delegación y de la Ciudad de México. Los rótulos serán sustituidos por el logotipo de su jurisdicción y por el eslogan de su gobierno: “Alcaldía Cuauhtémoc es tu casa”. Textualmente, se admitió que los vendedores no tenían otra opción más que aceptar una decoración impuesta, en lugar de los dibujos de tortas y sándwiches, de las ilustraciones de despachadores que, sonrientes, atienden a sus comensales, o de los meros anuncios tipográficos que cubren las estructuras que son utilizadas por los proveedores de comida. No resulta irónico que un proyecto millonario se justifique como un regocijo sensorial al tiempo que se obliga a vendedores a borrar los diseños que decoran sus negocios, ya que las políticas públicas de Sandra Cuevas están definiendo qué es atractivo y qué es contaminación visual; qué es una obra innovadora y de buen gusto, y qué es un objeto que necesita ser disciplinado.

A finales del siglo XIX, el régimen de Porfirio Díaz tecnificó a la capital del país con infraestructuras de transporte y de servicios, con nuevos edificios y avenidas que construirían la imagen de una ciudad moderna. Esas tecnologías trajeron consigo un discurso sobre el orden y la disciplina, lo que provocó que se interpretaran de maneras muy particulares otras manifestaciones que no se encontraban en los parámetros de disciplinas como el urbanismo, la arquitectura o las artes decorativas; o bien, los parámetros de quienes podían decidir ya que su mero poder adquisitivo legitimaba su “conocimiento” sobre los problemas comunes. Hasta bien entrado el siglo XX, la vecindad (una forma de vivienda que surgió durante el XIX) fue una curiosidad antropológica que era estudiada porque era inexplicable que, en una ciudad que se encontraba en un progreso vigorizante, hubiera quienes vivían hacinados en hogares donde lo privado se confundía con lo público: los baños eran comunales, al igual que los propios espacios donde la gente tenía que experimentar, según criterios específicos, una domesticidad retirada del mundanal ruido. Estas ideas sobre el espacio permearon los escritos que José Tomás de Cuéllar hizo sobre las formas de ocupar la calle. Para el autor, existía un contraste muy importante entre aquellos que conocían “los placeres de lo doméstico” y los que se encontraban inmersos en una “promiscuidad” propia las vecindades: los ciudadanos que terminaban contaminando visualmente a las calles. Para el cronista, era inconcebible la imagen de una persona probándose unos zapatos con un vendedor ambulante a un lado de una familia que disfrutaba de sus “fritangas” con bastante indiferencia por estar en cercanía de un pie ajeno. 

Los juicios decimonónicos no tenían ocultas sus intenciones ideológicas, y cuando las élites hablaban de contaminación visual hablaban de nada más que eso: de una materia tóxica y pestilente que invadía con su podredumbre el paisaje de la ciudad. Para el espíritu finisecular, la pobreza era un mal a erradicarse y esa posible victoria se tenía que ver reflejada sobre la calle: el momento que dejara de ser visible, era el momento de la victoria.  Aquello que tiene la suficiente dignidad para mostrarse en la calle está dictado por quienes detentan el orden y la disciplina; por quienes buscan que sus ideas estéticas estén relacionadas a sus ideas sobre clase. Como vemos, no hay muchas diferencias entre las prácticas autoritarias del porfirismo y las de una funcionaria que habla exactamente en los mismos términos de un siglo que, pensamos, está superado en la historia política y urbana. Pero, ¿somos realmente aptos para entender el verdadero daño que ha causado la falta de rótulos en la delegación Cuauhtémoc? O, a pesar de las buenas intenciones, ¿ocupamos los mismos sitios de autoridad que nos autorizan a hablar de aquello que debe ser valorado y protegido? 

Diseñadores gráficos, historiadores del arte y curadores reaccionaron desaprobatoriamente a las prácticas de Sandra Cuevas. Por supuesto, lo sospechoso hubiera sido mostrarse a favor de una decisión que afecta a una expresión gráfica que, de pronto, fue definida como “contaminación visual” (lo que implica decir que las economías informales son nocivas, pero si es imposible eliminarlas, por lo menos hay que revestirlas) a pesar de que haga menos daño que la tala de árboles que a veces implica la construcción de muchos desarrollos inmobiliarios. Esta reacción, ¿toma en cuenta las voces de los comerciantes? Se habla de proteger los rótulos, de poner en su justo valor una plástica que define a “nuestra” ciudad y que le da identidad y tradición. Inevitablemente, se antepone el adjetivo “popular” al diseño gráfico que acompaña a estos lugares de comida, una perspectiva que bordea en la fetichización de estos rótulos: son posibles objetos de museos o una de las ramas del diseño popular que vale la pena estudiar y catalogar, para insertarla en un gabinete de las curiosidades que no se parecen al diseño “a secas”. Al diseño que sí tiene una serie de características que lo distinguen de estas expresiones. Así, los comerciantes, y su forma de habitar las calles, siguen estando fuera de la discusión pública, en tanto que no son interlocutores en el debate y, por ende, del espacio público. Borrar los rótulos físicamente de sus superficies, o sustraerlos para mostrarlos en galerías, es negar que puedan existir en los contextos para los que fueron hechos. 

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