Se define como la inserción de un edificio moderno y sensible a su contexto físico de gran valor histórico. Desde su concepción como edificio público, representa una oportunidad para revitalizar y regenerar la zona del centro histórico de Mérida.

Su valor agregado es haber introducido en su programa plazas y corredores de libre circulación, que se han convertido en una extensión del espacio público de la ciudad. Se propuso hundir el Museo de la Música Popular Mexicana y elevar la sala de conciertos respecto al nivel de la calle, para crear un patio abierto y una terraza techada de escala urbana.

Su implantación en el sitio busca ser al mismo tiempo un catalizador del espacio público y un medio para la puesta en valor del patrimonio arquitectónico circundante. Se pretende fortalecer el sentido de pertenencia de la ciudadanía no solo con el Palacio de la Música Mexicana, sino también con el corazón de la ciudad, al inyectar vida pública al proyecto con una experiencia democrática a favor del ciudadano.

El cargo Palacio de la música apareció primero en Arquine.

Concurso: competencia entre quienes aspiran a encargarse de ejecutar una obra o prestar un servicio bajo determinadas condiciones, a fin de elegir la propuesta que ofrezca mayores ventajas.

Competencia: oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener la misma cosa.

Licitar: participar en una subasta pública ofreciendo la ejecución de un servicio a cambio de la obtención de dinero u otros beneficios.

Hablamos mucho de la necesidad de que toda obra pública sea adjudicada mediante concursos también públicos. Y no sólo la obra, la construcción de edificios o infraestructura pública, que se asigna muchas veces mediante licitaciones —subastas públicas— no siempre transparentes o incluso, porque la ley así lo permite —en teoría excepcionalmente pero cada vez con mayor frecuencia— de manera directa y con mayor opacidad aun, sino también el proyecto. En el caso de la arquitectura, el concurso del proyecto permite que se puedan comparar varias propuestas, pero además abre la oportunidad a que arquitectos jóvenes o menos conocidos tengan acceso a desarrollar obra pública y, también, que se presenten soluciones inesperadas, permitiendo y motivando la invención y la innovación. Pero sobre todo, el concurso puede dar mayores garantías, tanto a los participantes como a los ciudadanos, de que en la asignación de obra pública no hay favoritismos, compadrazgos o complicidad.

Los concursos ayudan, pero no son la panacea a todos los males de la obra pública. Sin buena planeación, buena ejecución y supervisión de la obra y la total transparencia en el ejercicio del presupuesto, los concursos, por mejor organizados que estén, no bastan. De hecho, la calidad de un concurso dependerá en buena parte de la planeación que le anteceda, para determinar el programa y las condiciones de la obra a concursar, y de la posibilidad real de que, si ese es el objetivo, el proyecto elegido sea llevado a buen término. Por eso no es fácil siempre convencer a funcionarios de la pertinencia de los concursos para proyectos de obra pública, pues no están concebidos como tales en la legislación y no sólo alargan muchas veces el tiempo necesario para que una obra se ejecute sino que estorban —y ese es uno de sus objetivos principales— el uso de la asignación de obra pública como pago o intercambio de favores. Los concursos no son siempre útiles para construir el camino que sigue la carrera política de ciertos funcionarios y por eso tal vez no hayan encontrado eco en un sistema donde la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia son costumbre, como en México.

Con todo, ante obras que se inauguran sin terminar para cerrarse tras cortar el listón por meses o años o con fallas evidentes que jamás se reparan, con sobre costo que llega a duplicar o triplicar el presupuesto y con partidas millonarias que no responden a ninguna obra ejecutada, ante infraestructura no sólo inútil o mal hecha sino que muchas veces resulta perjudicial para comunidades enteras o el medio ambiente o, literalmente, que mata a quienes la utilizan, no se puede más que seguir insistiendo en la exigencia de concursos tanto para el proyecto como para la ejecución de la obra pública. Y habría de paso que intentar pensar los concursos y las licitaciones de una manera más amplia, no sólo como una competencia o una subasta, sino sumando otras acepciones de los términos. Pensar en el concurso como la concurrencia de muchos en el intento por construir algo y así, mejorar el entorno y solucionar algún problema o satisfacer alguna necesidad de la gente; el concurso de aquellos competentes, aquellos que son aptos o idóneos para hacer algo o intervenir en un asunto determinado, y hecho de manera lícita: justa y permitida, según justicia y razón.

Más allá de concebirse como una oportunidad o un escaparate para talentos conocidos o por conocer, que también lo son, los concursos para proyectos de obra pública deben concebirse como parte de un sistema más complejo y completo de gestión y rendición de cuentas, de participación abierta y transparente y entender que, así como en un régimen democrático el momento de la elección es un singular e importantísimo, tampoco son únicos y no bastan. Sin deliberación y debate, sin planificación y participación pública, sin buena gestión y claridad absoluta en la ejecución de las obras y, muy importante, sin que exista responsabilidad tanto política y social como, en caso necesario, legal en caso de que las cosas no resulten como planeadas, los concursos por sí mismos no arreglarán mucho.

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La obra pública es un foso de muerte. No es metáfora. El piso pavimentado es una trampa. Bajo la oblea de concreto recién aplanado, se abre un abismo que puede cazarnos en cualquier momento. No pasaron tres siglos ni los cuarenta años que se ofrecieron como garantía al atajo. Llovió, y de pronto, la calle se tragó a dos hombres. Los servicios de rescate tardaron 9 horas para sacar el coche de la gruta. No murieron por la caída del vehículo sino asfixiados, enterrados vivos. Una segunda negligencia los mató. Tras caer al precipicio, el abandono. Un mal rato, dijo el ministro, sacando la chequera. Así creerá él que se resuelve todo. Así creerá él que se mide todo, así creerá él que se compra todo.

Desde el punto de vista
de quien murió
o ha sufrido las consecuencias,
durante esos minutos
el universo se cayó,
se derrumbaron los planetas.
Fue una catástrofe cósmica:
galaxias desplomándose,
hoyos negros
devorando el espacio entero.

He regresado a las líneas que escribió José Emilio Pacheco en 1985, tras el terremoto de septiembre: “Absurda es la materia que se desploma”. La sorpresa de la caída súbita, la calle convertida de pronto en lápida. Pero la tragedia que puso fin a la vida de Juan Mena López y de Juan Mena Romero no es recordatorio del absurdo de la materia sino de los crímenes del poder. Esta tragedia tiene marca humana, sólo humana. El caos que nos estrangula es la corrupción. La corrupción asesina. Asfixia niños, envenena ciudades, engaña enfermos, sepulta paseantes. La tragedia reciente no fue una traición del subsuelo, una súbita rebelión de lo fijo. Estas dos muertes son acusación a un gobierno incapaz de garantizar una obra segura y confiable. Estas dos muertes son denuncia de una empresa criminalmente negligente. Colusión letal de gobierno y empresa.

Vale recordar que la obra no era un puente a Hawái. No se abrió un túnel entre océanos. La obra que el propio Presidente presumió como ejemplo de su benéfica Presidencia era la ampliación de un camino. Un acelerador. Eran menos de 15 kilómetros que se entregaron tarde y con un sobreprecio que duplicó el presupuesto original. Esa fue la obra que pavoneaba el gobierno repitiendo aquello de que lo bueno cuenta y cuenta mucho. Fue una obra que provocó, durante el largo proceso de construcción, más de 250 accidentes y ¡más de 20 muertos! Antes de que la obra fuera inaugurada por el presidente de la República se habían prendido las señales de alarma. Funcionarios de protección civil y vecinos alertaban de las visibles fallas de la obra. En un documento de la Ayudantía Municipal de Chipitlán que se difundió después de la tragedia puede advertirse el convencimiento del peligro: por el mal trabajo realizado en la obra, “el muro que se levantó está a punto de colapsarse”. No es necesario decir que nadie respondió al grito.

El gobierno que hace unas semanas presumía la obra como una catapulta de la competitividad sólo acierta a sacrificar a sus peones. Un funcionario menor, un delegado regional ha sido destituido. El secretario de Comunicaciones y Transportes culpabiliza a la lluvia y la basura. No ha presentado aún su renuncia. El Presidente pide que no se apresuren juicios ni condenas. No ha destituido aún al secretario de Comunicaciones. El Presidente tiene razón, por supuesto, si se refiere a las responsabilidades penales. Habrán de fincarse porque la muerte de estas dos personas no fue un acontecimiento fortuito. Pero se equivoca el Presidente y de manera grave al desentenderse del principio elemental de la responsabilidad política. El secretario de Comunicaciones y Transportes no necesita haber estado en el lugar de la desgracia dando las indicaciones explícitas que provocaron el hundimiento. Era el responsable político de la obra y debe, en consecuencia, asumir las consecuencias de su desatención. Exigir la renuncia del secretario de Comunicaciones no es pedir hoguera para las brujas. Es defender el principio elemental de la legitimidad democrática: un funcionario público es políticamente responsable de lo que ocurre en su esfera de poder. El presidente de la República debe ser el primer interesado en honrar este criterio. No hace falta esperar un segundo más para advertir las funestas consecuencias de la negligencia.

Este artículo apareció en el periódico Reforma y se publica aquí con permiso de su autor.

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